Atajo contra las críticas de jueces

Gustavo Béliz utilizó la pata política del Consejo de la Magistratura para inmiscuirse en la Justicia y presionar por el silencio de los jueces federales díscolos.

El brazo ejecutor fue el consejero Eduardo Orio, quien pidió que se determine si los camaristas en lo Criminal Federal de la Capital Federal cometieron un acto de indisciplina cuando -a través de una acordada- criticaron el proyecto de unificación de los fueros penales en esta jurisdicción. Les apuntó a los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi, Gabriel Cavallo, Horacio Cattani y Horacio Vigliani.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Petracchi, Orio reconoció el derecho de los camaristas a expresar su opinión sobre la iniciativa del Ministerio de Justicia, pero criticó el método que emplearon para formular el cuestionamiento.

El miércoles pasado, la Cámara rechazó la idea que impulsa Béliz de unificar fueros penal y federal por inconstitucional. Consideran que esa pretensión no apareja los beneficios que se pretenden y, por el contrario, podría redundar en futuras dificultades en el ámbito de la Capital Federal.

• Conducta inapropiada

Sobre esta cuestión, Osorio sostiene que «más allá del acierto o desacierto que puede contener el mencionado proyecto del plan estratégico, así como también el derecho que poseen los señores magistrados de tener una opinión al respecto (favorable o no) pareciera, al menos, que la conducta adoptada por intermedio de una acordada resultaría inapropiada para manifestar la misma».

El pedido debe ser girado ahora a la Comisión de Disciplina para que elabore un dictamen previo a la intervención del cuerpo. Un ámbito que desde el caso Blumberg y en los últimos 10 días se ha vuelto muy sensible y accesible a abrir sumarios contra los jueces.

La nota de Orio (representante de los abogados) fue presentada ayer al resto de los consejeros. Cuando algunos de sus colegas lo fueron a buscar a su despacho para requerir una mínima explicación se encontraron con la noticia de que había viajado el fin de semana a Guatemala a preparar la cumbre de Consejo de la Magistratura.

No es la primera vez que Orio recurre a este mecanismo. En el Consejo creen que su afición a las denuncias sólo es comparable con la del mediático abogado Ricardo Monner Sans. Incluso muchas de esas denuncias (caso Roberto Marquevich o Germán Moldes) se han basado en recortes periodísticos.

Pero lo de Orio no es inocente. Responde al pensamiento del ex presidente del Colegio Público de Abogados Hugo Germano (que respaldó la designación de Eugenio Zaffaroni) de sostener el plan de seguridad diseñado por el gobierno. Es más, el jueves se realizará una reunión nacional de colegios de abogados y todo indica que no habrá fuertes críticas al plan de Béliz, sino una leve reprimenda por no haberlos convocado para su elaboración. En esa línea se han enrolado, también, algunos jueces de instrucción que ya le manifestaron al ministro su intención de colaborar. Lo mismo hizo la Asociación de Magistrados después de un duro comunicado. No sería descabellado pensar que el repentino cambio de jueces esté inspirado en cierto temor a represalias.