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Las promesas de Cambiemos durante la campaña presidencial hicieron hincapié en la solución de dos problemáticas estructurales de nuestro país: llevar el nivel de pobreza a cero y reducir la inflación a un dígito.
Tres años más tarde, la realidad pone en evidencia que no sólo se incumplió lo prometido, sino que se multiplicaron las dificultades ya existentes, afectando considerablemente la calidad de vida de las personas. Esto se refleja en el hecho de que la inflación proyectada para este año supera el 45% y, además, las propias cifras oficiales muestran que para agosto el 27.3% de los argentinos se encontraba por debajo de la línea de pobreza.
Esta diferencia entre lo dicho y lo hecho no es producto de imponderables externos como la guerra económica entre Estados Unidos y China o la crisis de Turquía, sino el resultado lógico de las medidas aplicadas por el Gobierno. Este último, en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, lleva adelante un feroz ajuste que se evidencia en los precios de los bienes de primera necesidad y en los servicios públicos. Ya sea por el aumento en la Canasta Básica Total, que se ha encarecido hasta elevar a $ 90 el kilo de pan, o por las impagables facturas de energía, la variable de achique recae nuevamente sobre los más desprotegidos.
Particularmente, desde octubre, el bolsillo de todos nosotros soporta un nuevo golpe. Junto con las ya establecidas subas del gas, las prepagas, las naftas y el peaje se adicionó la del transporte público, debido a que rige un nuevo esquema tarifario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tal como fue anunciado por el Ministro de Transporte, este fue el tercer aumento programado en sólo tres meses pero el sexto del año, considerando que mientras en enero el valor del boleto mínimo de colectivo era de $ 6, desde este octubre se elevó a $ 13. Es decir, en menos de un año fue incrementado en un 117%.
Este aumento también afectó al servicio ferroviario: las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, cuyo boleto mínimo en enero era de $ 4, pasaron a costar $ 8.75 -una alza del 118%-. Por su parte, la línea Roca fue de $ 2 a $ 4.75, mientras que el Belgrano Sur y el Belgrano Norte alcanzaron los $ 5.50, cuando en enero costaban solo $ 2. Finalmente la línea Urquiza, cuyo valor a principios de año era de $ 2.20, creció un 161%, pasando a valer $ 5.75.
Con estas medidas el Gobierno le ha desorganizado la vida a los argentinos: los incrementos mencionados significan una transferencia de recursos de los trabajadores a las grandes empresas prestadoras de servicios públicos, como también lo fue el intento del cobro retroactivo a los usuarios de gas para compensar a las productoras y distribuidoras por los efectos de la corrida cambiaria y la devaluación. Es decir, la gestión actual se ha desentendido de la importancia del aspecto público de los servicios y del rol que debe ocupar el Estado y, de esa manera, las familias deben resignar mayor parte de sus ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas.
Es necesario garantizar que el transporte sea seguro, asequible, accesible y sostenible para todos, tal como nos comprometimos en 2015 al suscribirnos a la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas, y como venía llevando a cabo la anterior administración al subsidiar a los usuarios, brindándoles un importante ingreso indirecto.
Es hora de volver a encauzar al país en ese camino. La próxima administración deberá implementar medidas que reviertan la pesada herencia que dejará la alianza Cambiemos, impulsando el crecimiento de la economía, alentando el consumo con aumentos en el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentando a las PyMEs.
Para lograrlo, es fundamental que los servicios públicos básicos como el transporte sean accesibles, con boletos acordes a los salarios. Así, junto con más y mejores puestos laborales será posible remediar la actual situación, a fin de volver a poner el capital al servicio de la economía y a ésta al servicio del bienestar social.
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