Avanza en Diputados el proyecto de Presupuesto 2010
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El reclamo privado argumenta que si se disminuye la presión impositiva en el país, se alentarían la inversión en producción e infraestructura, lo cual es clave para la generación de puestos de trabajo y disminución de la pobreza.
La Ley del Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, venía siendo prorrogada por el kirchnerismo por un año, pero ante las necesidades financieras por la crisis el Gobierno cambió de planes esta vez.
La recaudación impositiva se desplomó este año producto del impacto de la crisis global en el país y el Gobierno busca sortear los efectos de cara a 2010, un año en el que volvería el crecimiento pero las cuentas estatales seguirían en rojo, según las estimaciones privadas.
Con el argumento de alcanzar una mayor estabilidad impositiva para las provincias, el oficialismo preve extender la vigencia de este impuesto hasta diciembre de 2011, en tanto que Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales, por 10 años.
De acuerdo al proyecto, "estos recursos imprescindibles para dotar al Estado y las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas".
El economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), dijo a Noticias Argentinas que "el impuesto al cheque desalienta la bancarización y promueve la informalidad" por ejercer una "elevada presión" sobre los actores económicos.
Colina explicó que si se deroga el impuesto al cheque, vigente desde 2001, no se produciría un desfinanciamiento del Gobierno porque lo que se deje de recaudar por ese lado ingresarías a las arcas oficiales por otros gravámenes.
"Este gravamen induce a informalizar los pagos", insistió el economistas y agregó que los agentes económicos utilizan diversas estrategias bancarias para sortear el pago de este impuesto, como las operaciones en efectivo.
Ese es el argumento que la Coalición Cívica, el PRO, el PJ disidente y la UCR utilizan a la hora de criticar la decisión oficial de sostenerlo.
En caso de sostenerlo, los diputados y senadores de la oposición pretenden que se eleve el nivel de coparticipación de la recaudación por este gravamen a las provincias, que hoy alcanza sólo el 30 por ciento.
Pero según lo expresados por los diputados kirchneristas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que dio dictamen favorable al proyecto, no hay ninguna intención oficial por modificar las alícuotas.




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