El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri avanza con la privatización parcial de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, se publicó el pliego de especificaciones técnicas para la licitación de las dos radios y del canal de televisión. Desde el peronismo porteño afirman que es inconstitucional y, en tándem con el gremio de empleados públicos porteños y el sindicato de prensa, buscan impedir su implementación.
Avanza la concesión de medios públicos de CABA y el PJ articula defensa con gremios
El gobierno porteño publicó el pliego de especificaciones técnicas para el ingreso de privados en las radios y el canal de la Ciudad. La oposición recibió a trabajadores y analizan presentar proyecto en la Legislatura. El sindicato de estatales irá a la Justicia.
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CABA analiza la concesión en los medios públicos porteños
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El Gobierno porteño confirmó que licitará la concesión de su medios públicos
Jorge Macri impulsa la concesión de los medios públicos vía licitación.
La semana pasada, el gobierno confirmó lo que hasta entonces era un secreto a voces: el Poder EJecutivo tenía en sus manos la redacción de una resolución para traspasar a manos privadas a las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4) y al Canal de la Ciudad, la TV pública local. Se haría mediante una concesión por cinco años.
Este martes, lo que fuera oficializado a través de comunicados del GCBA, terminó por plasmarse en la resolución 7/26, publicada en el Boletín Oficial, mediante la firma del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y del ministro de Hacienda Gustavo Arengo, que "aprueba pliegos para la concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires".
La empresa que se quede con la operación de las radios y el canal, deberá encargarse de diagramar su programación por un plazo de 60 meses, por el cual deberán pagar un canon a la administración porteña. "El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio", informaron desde CABA.
El alcalde porteño, que enfrenta en el distrito la avanzada de los libertarios, justificó la irrupción de privados en los medios públicos bajo el argumento del gasto público y la eficiencia. "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos", dijo y aseguró que el Estado "tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades".
El pliego indica que el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro del ámbito geográfico de la Ciudad. Deberán estar equipados con "tecnología de punta", entre las que mencionan "consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes". Las emisoras "deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana" y reservar un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.
En CABA aseguran que la medida está amparada bajo el paraguas de la ley de Ministerios 6.684 aprobada en 2023 y modificada en 2025 que, según citan, le otorga facultades al Ministerio de Hacienda y Finanzas en lo que refiere a concesiones.
Gremios irán a la Justicia y el peronismo busca frenar concesión en la Legislatura
La medida abrió un escenario de conflicto con la pata gremial y en la propia Legislatura. Fuentes del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) aseguran que se trata de una medida inconstitucional y, según supo Ámbito, avanzarán con la presentación de un amparo ante la Justicia.
"Hacemos hincapié en el artículo 47 de la Constitución de CABA donde dice que tenemos que tener una frecuencia administrada por la Ciudad, no por un tercero. Esa es nuestra defensa", enfatizaron desde el sindicato que conduce Amadeo Genta. En términos normativos, dicho artículo establece la existencia de medios de comunicación estatales e indica que es el Poder Ejecutivo quien "gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales".
La abogada y legisladora Graciana Peñafort presentó en las últimas horas un pedido de informes al respecto. "Los medios públicos no constituyen un activo comercial del gobierno de turno, sino un patrimonio social y democrático de la ciudadanía", dijo y advirtió que la concesión va en contra del artículo 44 de la Ley Nacional N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que "consagra el principio de indelegabilidad de la explotación" y califica como "falta grave" la cesión o delegación.
El gremio además advierte que el arribo de un privado podría poner en riesgo los cientos de puestos de trabajo que actualmente se desempeñan en las tres patas de los medios públicos. Estiman que las radios y el canal emplean a unas 500 personas. "Nosotros queremos que sea con todos los trabajadores adentro. Estamos negociando", aseguran.
En relación a la planta de empleados, el pliego señala que "el proceso de reclutamiento y selección del personal afectado a la ejecución del servicio, será responsabilidad del concesionario, como así también los costos asociados al mismo". E indica que la cantidad de personal afectado "estará definida por la necesidad y las características de la implementación del proyecto presentado por el concesionario".
Los empleados de las radios no ocultan su preocupación por posibles despidos, aunque desde CABA aún no brindaron precisiones al respecto. En ese marco, activaron encuentros no solo con los gremios, para explorar soluciones, sino también con representantes de la oposición en la Legislatura. Este lunes, hubo reuniones con el bloque peronista de Fuerza Buenos Aires.
La legisladora y titular de la bancada, Claudia Neira, recibió a los trabajadores junto a representantes de ATE y del SiPreBa y les transmitió el respaldo. Según supo Ámbito, trabajarán en la redacción de un proyecto que se presentará en los próximos días para que los medios continúen siendo operados por el Estado y no por privados.
"A contramano del mundo y de nuestra propia Constitución, Jorge Macri quiere concesionar los medios públicos de la Ciudad. Hoy nos reunimos con los gremios y representantes de sus trabajadores para acompañarlos y expresar nuestra posición: los medios públicos deben ser gestionados por el Estado, garantizando sus fines con eficiencia y calidad", indicó Neira y agregó: "Los medios públicos no son propiedad de ningún Jefe de Gobierno. Son de los vecinos y vecinas de la Ciudad, y vamos a trabajar para sostenerlos y modernizarlos".
En un comunicado oficial, el Gobierno porteño aseguró que buscan "garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente" de los medios públicos "asegurando la continuidad de su función social y cultural". Por caso, si se confirma la concesión, la radio 2x4 deberá mantener "su enfoque en el tango y la música popular argentina" y asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional, según explicaron.
Para poder presentarse, los oferentes deberán contar "con antecedentes en el sector de medios de comunicación" y presentar "planes de inversión detallados" que garanticen "la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión". La empresa ganadora estará habilitada a crear plataformas de streaming y aplicaciones móviles con herramientas como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad.
El plan del oficialismo porteño se circunscribe en un contexto de revisión del Estado, con eliminación de áreas y retiros voluntarios, dentro de un marco presupuestario superavitario de las arcas públicas que, entre otros puntos, le permitió al jefe de Gobierno impulsar rebajas en Ingresos Brutos e Impuestos a los Sellos y también eliminar el costo para unos 70 trámites.
Si bien en CABA marcan que el objetivo de entregar los medios a privados por cinco años es perseguir la eficiencia del Estado y de las radios y el canal, la decisión responde a la presión de La Libertad Avanza sobre la agenda del oficialismo. En el distrito, el bloque violeta celebra por lo bajo el anuncio de Macri y advierten que avanzarán también sobre la eliminación de la pauta oficial a través de un proyecto en la Legislatura.






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