El Senado ratificó ayer, en su primera sesión extraordinaria, los acuerdos del gobierno en tres contratos con empresas privatizadas, mientras que avanza en Diputados la concesión de la prórroga por un año que le otorga facultades a Néstor Kirchner para llevar adelante ese tipo de negociaciones.
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El Senado avaló sin mayores discusiones la renegociación de los contratos del Estado con Autopista Ezeiza Cañuelas, la transportadora de energía Trasnoa y Gas Ban, distribuidora mayorista de gas natural, que prevén aumento de tarifas de hasta 27%. por ahora. Esas actas de entendimiento establecen un aumento de tarifas provisorio, una revisión integral de las tarifas para 2006, el pago en cuotas de multas adeudadas y la obligación de renunciar a las demandas ante el CIADI.
El bloque oficialista apoyó el acuerdo que rubricó el Poder Ejecutivo, pero la bancada de la UCR y los partidos provinciales lo rechazaron.
El paso siguiente es que Diputados ratifique los tres acuerdos, ya que de lo contrario serán aprobados sin debate y por sanción ficta, automática.
En cambio, Diputados tiene previsto sancionar entre hoy y la semana que viene el proyecto que habilita al gobierno a extender por un año la facultad de poder renegociar los contratos con las concesionarias de servicios públicos privatizados.
De ese modo, el Congreso dio un paso adelante para habilitar al gobierno a retener la facultad de renegociar por un año los contratos con las empresas privatizadas y además ratificó los convenios que ya firmó el Poder Ejecutivo con tres concesionarios.
La prórroga de las facultadespara renegociar los acuerdos con las empresas de servicios públicos está contemplada en la Ley de Emergencia Económica que vence a fin de año. Los diputados decidieron acelerar la aprobación del artículo 9 de la norma y por eso ayer a la mañana emitieron el dictamen de la Comisión de Presupuesto, y a la tarde lo incluyeron en el temario de la sesión, aunque recién se tratará hoy o la próxima semana. Con esa llave en mano, se podrá terminar con la renegociación de 60 concesiones, muchas de las cuales no tienen un acuerdo redactado.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se produjo la sanción de hecho porque la Cámara de Diputados sólo aprobó el contrato entre el gobierno y la empresa de energía EDELAP, que opera en la zona de La Plata.
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