Consiguió Cristina Kirchner comenzar anoche el debate en el Senado de su polémico proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura. El oficialismo debió postergar el tratamiento del Presupuesto 2006 para mantener a los senadores en el recinto ante la oposición a esa ley. Para forzar el debate, se desplazó de comisiones a legisladores que dictaminaron en contra.
Jornada de debutantes en el Senado. Ayer, Carlos Menem, Alicia Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá, Chiche Duhalde y José Pampuro se acomodaban al nuevo empleo como senadores en el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura.
El Senado se disponía anoche a debatir la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsa Cristina Fernández de Kirchner para reducir la cantidad de miembros. La primera dama no había conseguido modificar la convicción de muchos senadores, incluso algunos de su propio bloque, de que el proyecto sólo está destinado a poner el nombramiento y la remoción de jueces bajo estricto control del Poder Ejecutivo, que contará ahora con mayoría en ese cuerpo. Por esa cuestión seguía hasta última hora la puja entre bancadas y dentro del kirchnerismo por el tratamiento de esa ley. Tal era el nivel de resistencia al proyecto que el oficialismo resolvió ponerlo en la lista de tratamiento antes del Presupuesto Nacional 2006 para evitar que los senadores se retiraran discretamente del edificio si lo dejaban en último término.
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Al mismo tiempo se conocieron ayer algunos datos inquietantes sobre la obsesión del gobierno en conseguir la sanción de esa ley antes de fin de año. Por ejemplo, la mala suerte que tuvo el socialista Rubén Giustiniani por oponerse al proyecto. La historia cuenta que el 13 de diciembre Giustiniani fue incluido por la presidencia del Senado en la lista de senadores integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que se acababa de constituir. Dos días después, exactamente el 15, en un impecable cumplimiento de tarea legislativa, Giustiniani presentó ante esa comisión un dictamen en disidencia oponiéndose a buena parte de la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsa Cristina.
Sin aviso previo, el martes pasado, 20 de diciembre, Giustiniani recibió en su despacho una nota de la presidencia del Senado por la que se le comunicaba que desde ese momento dejaba de integrar la Comisión de Justicia y que sería reemplazado en ese puesto por Cristina Fernández de Kirchner. Nadie pudo ayer dar alguna explicación clara sobre esa decisión, más allá de la obviedad que significó la medida.
También ayer, Hilda Chiche Duhalde se metió de lleno en la pelea por el Consejo de la Magistratura. Después de haber criticado la posición de los Kirchner en el tema, tanto fuera como dentro del recinto, la senadora bonaerense por la minoría presentó su propio proyecto de reforma al Consejo y pidió al mismo tiempo -sin demasiadas posibilidades de éxitoque se postergara el debate del tema hasta marzo. Chiche propone allí un consejo de quince miembros integrado por cuatro jueces, dos senadores, dos diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Ejecutivo, y mantiene los nueve miembros del jury de enjuiciamiento.
Se esperaba que el debate del proyecto que impulsa Cristina no fuera sencillo, aunque el kirchnerismo tenía asegurados los 37 votos necesarios para votar el proyecto que necesita una mayoría calificada para su aprobación.
El martes Cristina Kirchner, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió el proyecto y dijo que «es falso que el oficialismo vaya a tener mayoría, este dictamen reduce la magnitud de un cuerpo elefantiásico. De los trece miembros, sólo cinco pertenecen al oficialismo. Y se siguen requiriendo dos tercios para destituir a un juez», afirmó.
• Posiciones
Su proyecto establece que el Consejo estará compuesto por tres legisladores de cada cámara (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), tres jueces del Poder Judicial de la Nación, dos representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico. Actualmente, el Consejo está conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (que además es el presidente del cuerpo), cuatro jueces del Poder Judicial, cuatro legisladores de cada cámara (dos por las mayorías y otros dos por las minorías), cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito científico y académico.
En esa misma reunión, la Comisión escuchó las posiciones de algunas organizaciones no gubernamentales que se opusieron de plano al proyecto modificatorio, muchas de las cuales marcharon ayer por la explanada del Congreso en protesta a que sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta por la Comisión. El Comité Nacional de la UCR también cuestionó ayer la iniciativa en un comunicado que la considera un «nuevo avasallamiento al sistema republicano de la división de poderes, que implica un funcionamiento independiente y control recíproco».
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