15 de noviembre 2005 - 00:00

Avatares porteños

Muchos locales de la zona cerraron las persianas por temor a incidentes, y algunos bares estuvieron vacíos por el corte de la Av. de Mayo y la presencia piquetera.
Muchos locales de la zona cerraron las persianas por temor a incidentes, y algunos bares estuvieron vacíos por el corte de la Av. de Mayo y la presencia piquetera.
Por la noche del domingo, tal como anticipó este diario, Aníbal Ibarra ya tenía la certeza de que sería enjuiciado, al agregarse a la lista de quienes votaban a favor de ese proceso el folklorista Chango Farías Gómez. Sin embargo, confió en sus propias artes y las de sus aliados, en una incesante búsqueda de revertir el buen estado de salud del legislador músico, o bien encontrar otro.

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El arista Fernando Melillo comenzó a recibir las presiones en su propio hogar, el que comparte con la secretaria de Educación de Ibarra, Roxana Perazza, ayer a la mañana. El titular del ARI Capital es uno de los diputados que emitió un dictamen en contra de Ibarra y de los que se vieron afectados en su salud por el proceso y hasta eso le valió una medicación especial para poder concurrir a la Sala Acusadora. «No sólo tengo a mi esposa en el gobierno, sino muchos amigos, pero yo jamás cambié de posición», dijo ayer desde su banca Melillo, quien agregó que «había una politización macabra de la tragedia».


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A las 11 de ayer, los kirchneristas recibieron la última comunicación: no hay reunión con Alberto Fernández -el jefe de Gabinete permanecía ayer en Santa Cruz junto con el Presidente- y no hay manera de convencer al Chango de que no vaya a la sesión y menos de que vote en contra del juicio político.

Pasadas las 16, cuando empezaban a llenar el recinto los legisladores de la Sala Acusadora, en Avenida de Mayo 525, el Palacio Municipal, Ibarra iniciaba una reunión con todo su gabinete. Recién el domingo a la noche había surgido la pregunta: «¿Telerman dónde está?» Nadie se había acordado hasta ese momento, en el que Ibarra mantuvo reuniones en su casa del barrio porteño de Agronomía, del sucesor, el vicejefe, desaparecido de esos conciliábulos durante 48 horas, hasta que fue convocado a una reunión con el jefe de Gabinete ibarrista, Raúl Fernández.

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«No puede ser que 200 padres definan la situación institucional», se quejó Ibarra, antes de la sesión de la Sala Acusadora, ante un grupo de diputados amigos.


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En la catarata de rencor que amasaban ayer los ibarristas, se salpicaban: Vilma Ibarra, a quien atribuían la autoría intelectual de la operación de pase de Eduardo Borocotó, que terminó siendo un boomerang en el juicio político. A la senadora también la señalaban como quien habría llevado la tranquilidad de que no habría juicio, en su papel de mediadora entre la Jefatura de Gabinete nacional y el Gobierno porteño. Seguía en la lista el jefe de Gabinete, a quien responsabilizaban de no haber cumplido los acuerdos, al tiempo que se alimentaba la sospecha sobre la decisión presidencial: «¿Acaso no es una salida elegante decir que no pudieron convencer a un diputado?». Esos acuerdos se urdieron antes de las elecciones del 23 de octubre pasado, cuando la comisión investigadora del caso Cromañón, con mayoría opositora, intentaba llegar a la sesión de la Sala Acusadora antes de los comicios. Ibarra quería lo mismo, pero el kirchnerismo le aseguró que con esa premura votarían «a conciencia» y sería enjuiciado, un reproche que los padres de las víctimas de Cromañón no le perdonaron al kirchnerista Miguel Talento, quien finalmente se inclinó por la abstención.

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Ahora quizá piense Ibarra que sus sospechas eran certeras: después de las elecciones «me llevan puesto», pero poco margen le ha quedado a un jefe de Gobierno envidiado por gobernar sin partido político ni legisladores propios, una condición que, ayer supo, no es suficiente.


Antes del ingreso de los legisladores al recinto, el bloque kirchnerista se reunió en el despacho de Talento, junto con Farías Gómez, quien formalizó allí su posición: sería el voto 30 y así Ibarra quedaba suspendido en sus funciones. Fue el peronista macrista Diego Santilli quien ventiló, temprano ayer, ante las radios la estrategia que seguía: intentar que la Sala Juzgadora resuelva antes del 10 de diciembre próximo, cuando se recambien las bancas, un tiempo corto tras el cual Ibarra podría recuperar su cargo
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