Bases para el Diálogo Argentino
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PBA reclamó por la crisis del transporte: "Que el Gobierno pague los subsidios o fije un combustible accesible"
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Los gobernadores blindan las reformas de Milei pero crece la preocupación por el deterioro en las provincias
1. En un país que produce y exporta todos los alimentos que necesitan los seres humanos, resulta
inadmisible que millones de argentinos padezcan hambre. Esto solo ha sido posible por la injusta distribución de la riqueza que sufre la sociedad argentina. Para remediar rápidamente ésta crisis, los gobiernos nacional y provinciales, con la participación de los municipios y las redes sociales, deberán implementar inmediatamente un Plan de Emergencia Social que tome en cuenta las carencias alimentarias y de medicamentos, la atención de la salud y un ingreso familiar básico. Dicha asistencia, que precisa de cooperación internacional inmediata, deberá ser canalizada directamente con la máxima transparencia y con criterios y controles sociales muy precisos. En este momento de angustia para millones de personas, es inaceptable cualquier despilfarro o desvío de fondos que retrase o altere la llegada de insumos o ayuda a los más necesitados.
2. Los bancos deben asumir su responsabilidad en este momento de crisis aguda. Tienen que implementarse cuanto antes medidas tendientes a liberar las restricciones financieras, estableciendo un justo equilibrio entre el derecho de los depositantes a disponer de sus ahorros y la necesidad que tiene todo el país de contar con un sistema bancario responsable que atienda con seguridad, celeridad y respeto a sus clientes. Las empresas privatizadas y otros sectores que durante muchos años se beneficiaron con altas rentas monopólicas en el mercado argentino, deben también contribuir, adaptándose a una economía deprimida, que necesita sus servicios para reencontrar la senda del crecimiento, definiendo nuevas reglas de juego y espacios de regulación, en beneficio de usuarios y consumidores.
3. En un entorno de crisis productiva y social, se requiere apelar a la solidaridad de empresarios y dirigentes sindicales, para que ofrezcan sus mejores capacidades en beneficio de un país más competitivo cuya estrategia productiva debe tener como eje la creación de empleo y la progresividad en la distribución del ingreso. Con la paz social recobrada y un plan económico creíble y sostenible, será posible en el corto plazo la reconstrucción del mercado nacional, la recuperación del potencial exportador y la generación de un clima de confianza para la inversión.
4. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos es necesario fortalecer las iniciativas de cooperativas y mutuales, así como promover mayores espacios de participación de las organizaciones no gubernamentales.
5. Se deberá hacer un esfuerzo excepcional en este momento inédito, para reforzar y mantener adecuados niveles educativos de la población, considerando que familias, maestros y alumnos, conforman la columna vertebral de la transformación que busca el país. La escuela debe registrar y procesar, más que en ninguna otra parte, las angustias y carencias de la niñez, para que ésta encuentre en sus educadores un factor generador de esperanza. Se deberán implementar políticas que combinen prestaciones justas, racionalidad en el uso de los recursos y sistemas de evaluación de desempeño.
6. La dirigencia política, sindical, empresarial, así como el poder judicial, deberá escuchar con atención y capacidad de autocrítica, el masivo reclamo de los ciudadanos. Por su responsabilidad pública, es donde deberán darse los cambios más profundos y gestos más contundentes. La ciudadanía espera una urgente racionalización del aparato político y administrativo del Estado Nacional, Provincial y Municipal, que permita reforzar y hacer más eficiente y transparente la gestión de las instituciones democráticas. La Mesa del Diálogo Argentino quiere, sin embargo, señalar con contundencia, que no se trata de debilitar la representatividad ni las estructuras que necesita todo estado moderno para cumplir con su mandato, sino de fortalecer la profesionalidad de las administraciones centrales y descentralizadas y de otorgar el máximo respeto a aquellos y aquellas argentinos y argentinas que con vocación política y profesional cumplen con esmero, orgullo e idoneidad con sus deberes.
7. La Mesa del Diálogo Argentino insiste, ante los Embajadores y representantes de instituciones internacionales -con muchas de las cuales ha mantenido conversaciones fructíferas-, en la necesidad de comprender la problemática social e institucional que vive el país. Comprensión particularmente necesaria frente a la destrucción del aparato productivo, el endeudamiento externo y su impacto social de desocupación y pobreza. La excepcionalidad de la situación por la que atraviesa la Argentina, requiere un profundo examen para encontrar una nuevo camino que debe surgir de sus propias raíces y valores. El pueblo argentino debe ocupar un lugar justo en el nuevo espacio globalizado, donde pueda aportar y recibir, en el marco de la integración regional, y pueda desde su identidad mirarse a sí mismo, con humildad y reconocimiento.
8. Los medios de comunicación empresarios, periodistas, productores y comunicadores -, formadores de opinión pública, en el marco del irrestricto ejercicio de la libertad de expresión, deberían encontrar el mejor modo de participar y contribuir en este esfuerzo nacional por construir la paz social, recuperar los valores morales y la ética en el desempeño de las responsabilidades públicas y ciudadanas. Sólo dentro de la cordura, el respeto por las opiniones de los otros, la autocrítica sincera y la honestidad de las conductas, los argentinos encontraremos el camino que la mayoría desea.
9. Abierta a todas las voces, la Mesa del Diálogo Argentino recibe información y propuestas, procura acercar a los diversos sectores del país y aspira a crear una red articulada de concertación. En este marco ya se están conformando espacios de concertación sectoriales, que buscan alcanzar acuerdos, delineando medidas de urgencia y estrategias de mediano y largo plazo, sobre una base de viabilidad técnica y económica, tales como:
- Socio/laboral/productiva
- Alimentación y Salud
- Educación
- Reforma Política
- Reforma del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial
- 10. La Mesa del Diálogo Argentino quiere agradecer la atención e interés, que le han brindado autoridades, grupos políticos y sociales, credos y las diferentes expresiones de la rica sociedad argentina. También acepta el rechazo que este ejercicio ha provocado en algunos sectores. Pero alentada por el espíritu constructivo y plural de esta iniciativa, y tras las consultas oportunas, quiere seguir promoviendo, con el mayor grado de consenso posible, medidas y reformas dirigidas a recrear el futuro del país en un marco de paz y de unidad.
11. A tal efecto, queremos destacar que el Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación, han expresado a la Mesa del Diálogo Argentino, su total e inmediata disponibilidad para implementar con rapidez dichas propuestas.
| PROPUESTAS DEL DIÁLOGO ARGENTINO |
A.1. Impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad, proximidad y austeridad. Se propone adoptar las siguientes medidas:
a) legislativas: tratamiento y sanción de las leyes que reglamentan las campañas y el financiamiento de los partidos.
b) acta con las provincias acordando un tope en el gasto de los órganos legislativos e impulsar una reforma de los órganos municipales que contemple la revocatoria de mandatos.
c) Acordar con las provincias la fijación de un tope a los sueldos de los intendentes y funcionarios ejecutivos proporcional a cada presupuesto.
d) Establecer un sistema que facilite el libre acceso de la ciudadanía a la información de la gestión pública para favorecer el control social de los actos de gobierno y de las legislaturas.
e) Promover la habilitación legal a candidaturas de ciudadanos por fuera de los partidos políticos que no hayan participado previamente en internas partidarias.
f) Reglamentar los mecanismos de la democracia semidirecta, contemplados en la Constitución Nacional.
g) Promover la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida pública, para favorecer la formación y renovación de los cuadros dirigenciales.
A.2 Bregar por la libertad de los presos detenidos por reclamos sociales no violentos, en función de la paz social y la preservación de sus familias.
A.3. Determinar que ningún funcionario político que preste servicios en el país, pueda tener cuentas o fondos en el exterior, a su nombre o al de familiares directos.
A.4. Abolir todas las jubilaciones de privilegio.
A.5. Efectuar un censo de los beneficiarios de las pensiones graciables.
A.6. Equiparación de los jueces al resto de la ciudadanía en su obligación de pago del impuesto a las ganancias y bienes personales.
B. Plano Social:
B.1. Precisar en los programas alimentarios los criterios de selección de beneficiarios, los contenidos nutricionales y definir los mecanismos de auditoría social.
B.2. Propender a sustituir el sistema de reparto de alimentos a las familias, por bonos, tickets o tarjetas, con control de la dieta y participación del comercio local.
B.3. Establecer severas sanciones para quien desvíe los fondos destinados a la ayuda social o a quien prometa o condicione la ayuda social a cambio de apoyo político.
B.4. Garantizar la accesibilidad a los medicamentos de la población excluída de toda cobertura, y apoyar con insumos a la red de hospitales públicos.
B.5. Atender prioritariamente los requerimientos financieros del PAMI y de las obras sociales, para normalizar el acceso a los medicamentos y a los insumos hospitalarios.
B.6. Incorporar al presupuesto del 2002, los recursos que garanticen un ingreso social con criterio universal para todas las familias pobres e indigentes. Utilizar el ahorro del gasto político para reforzar este programa.
C. Plano Económico:
C.1. Lanzar medidas urgentes de reactivación económica y generación de empleo, poniendo énfasis en el rol de las Pymes.
C.2. Impulso de la infraestructura social, vivienda y obra pública mediante políticas activas financieras y productivas.
C.3. Cancelar las deudas por salarios, aguinaldos, jubilaciones y pensiones del Estado Nacional o Provinciales.
C.4. Respetar los derechos de los ciudadanos afectados por la crisis financiera, debiendo los responsables de las entidades financieras asegurar el cumplimiento de los contratos con los ahorristas y deudores, y su derecho a la propiedad, tomando en cuenta su capacidad económica.
C.5. Comprometer a los sectores beneficiados por la devaluación cambiaria a que destinen esa renta a la inversión productiva, cuya evaluación deberá priorizar el número de puestos de trabajo que generen.
C.6. Efectuar una convocatoria patriótica a los ciudadanos que tengan ahorros depositados en el exterior, para que los retornen al país.
C.7. Eliminar todo privilegio sectorial, ya sea impositivo o contractual.
D. Plano Institucional:
D.1. Reforma del estado
a. Establecer que todos los cargos de conducción de la administración del Estado deben ser cubiertos mediante concursos transparentes, con jurados de reconocida trayectoria.
b. Promover formas de contratación que aseguren la gestión por resultados, de cuya evaluación dependa la continuidad de los funcionarios en el ejercicio de las actividades de responsabilidad.
c. Renovar todos los órganos y entes reguladores y de control de los servicios públicos. Respetar el concurso de antecedentes de los aspirantes, la participación obligatoria de los usuarios y consumidores, cumplir con el régimen de audiencia pública vinculante, y prohibir que ocupen cargos quienes hayan pertenecido a las empresas prestadoras.
D.2. Transparencia en la información pública
Determinar que todas las compras y contrataciones del Estado deben ser publicadas previamente en Internet, así como informado la selección de ofertas y adjudicación final.
E. Plano Sindical:
Pactar una Mesa de Concertación socio laboral y productiva, que en su agenda contemple la capacitación, los planes de emergencia laboral, y programas específicos para jóvenes.
F. Contribución a la transparencia:
El reclamo de justicia y el fin de la impunidad es particularmente exigente en nuestra sociedad. La impunidad ha generado una distorsión en los valores sociales. La corrupción suplanta los valores de igualdad, mérito y justicia, por un mecanismo perverso en el cual se premia a quien no lo merece y se castiga al inocente. Por ello, entre otras iniciativas se propone:
Promover que, además de los funcionarios públicos ya alcanzados por la legislación vigente, los dirigentes políticos, dirigentes empresariales nacionales y extranjeros, dirigentes sindicales, profesionales, universitarios, deportivos, cooperativos, mutuales y de ONG`S, así como comunicadores sociales, jueces, cuadros superiores de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes ante el Ministerio de Justicia.
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