La Corte postergó una semana más el tratamiento de dos casos en el que los proyectos de resolución (borrador de los votos de los ministros judiciales) conceden favorablemente a la dolarización de un plazo fijo y a un depósito judicial, respectivamente. La demora se originó por un pedido de Antonio Boggiano, de más tiempo para expedirse sobre estos casos derivados de juicios originarios planteados en Chubut y Río Negro que podrían sentar un precedente funesto contra la pesificación, pese a que -también ayer- en el fuero Contencioso Administrativo Federal (ver aparte) se conoció un fallo judicial a favor de esa cuestionada medida de instrumentación monetaria.
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La posición de Boggiano contó con el apoyo de Augusto Belluscio y Carlos Fayt, ambos sensibilizados por el grave cuadro de situación que describió Roberto Lavagna -también el secretario general privado de Eduardo Duhalde, José Pampuro trató de calmar las ansiedades judiciales- si la Corte accede a voltear la pesificación aunque lo haga en forma individual y caso por caso, lo que permitiría en el tiempo, al gobierno armar una salida política al problema jurídico-social que ocasionó la devaluación y ampliación del «corralito financiero». Sin embargo, pese a que el encuentro se llevó en su propia casa, Eduardo Moliné O'Connor no pudo ser convencido por el ministro de Economía. El juez -desplazado ahora en la interpretación del sentir oficialista por Boggiano, según se escucha en el cuarto piso del Palacio de Justicia- mantuvo su criterio contrario a la pesificación junto a Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez.
Pero estos cuatro votos no alcanzan para formar la mayoría simple que requieren todos los fallos de la Corte. Por eso, ayer, se escucharon voces críticas hacia el gesto de Boggiano y la proposición de convocar a conjueces para que la Corte pueda sesionar con todos sus miembros en este tema ya que Enrique Petracchi y Gustavo Bossert se excusaron por tener dinero retenido en el «corralito financiero». En el supuesto de que el jueves se mantenga la actual situación y por ser la cuarta vez que se posterga el acuerdo, se decidiría suplir a ambos jueces excusados con dos presidentes de alguna de las cámaras federales que integran el Poder Judicial de la Nación, una alternativa que quita el sueño al gobierno. Mientras prosiga en el Congreso la indefinición del juicio político, la Corte se mantendrá a rajatabla en la defensa del derecho a la propiedad, aunque haga crujir la economía en base a interpretaciones exclusivamente jurídicas.
Pero los ministros judiciales no se cansan de repetir que no se trata de un canje porque para el tribunal va a ser muy difícil volver del «caso Smith» que declaró la inconstitucionalidad del «corralito financiero» y, además, porque su límite está marcado por el artículo 17 de la Constitución que se encarga de velar por la seguridad jurídica del sistema capitalista. Por eso, ayer cansado de las marchas y contramarchas de funcionarios y diputados, Enrique Petracchi salió a cruzar: «Si hay acusaciones en mi contra, quiero ser juzgado para que se esclarezca si soy responsable o no», dijo ofuscado uno de los jueces menos cuestionado por parte de los diputados -salvo Elisa Carrió y sus seguidores del ARI- que impulsaron el juicio a la Corte. Petracchi se manifestó en favor de la prosecución del juicio político para que en cada caso se determinen las conductas y las actitudes de sus integrantes y negó que «la Corte tuviera la llave del caos económico del país».
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