Contrabando de armas a Bolivia: se complica la situación de Marcos Peña

Política

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart le pidió al fiscal Claudio Navas Rial que opine sobre la ampliación de la denuncia que efectuó el Gobierno y si corresponde imputar a otros exfuncionarios del macrismo, entre ellos al exjefe de Gabinete Marcos Peña y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. 

El juez en lo Penal Económico Javier Lopez Biscayart le pidió al fiscal Claudio Navas Rial que opine sobre la ampliación de la denuncia que ayer efectuó el Gobierno Nacional por el contrabando de material represivo a Bolivia y si corresponde imputar a otros exfuncionarios del macrismo, entre ellos al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.

Mientras se define un conflicto para determinar qué juez va a continuar investigando, López Biscayart decidió continuar adelante con las medidas, entre ellas pedir la opinión del fiscal sobre las nuevas pruebas y acusaciones. Por separado de la causa principal abrió un legajo para definir el conflicto de competencia.

Para el gobierno no hay dudas que Mauricio Macri ordenó y organizó desde la Casa Rosada los detalles para el envío de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Policía y de la Fuerza Aérea Boliviana en noviembre de 2019, en el marco del golpe a Evo Morales.

Ayer el gobierno de Alberto Fernández amplió la denuncia por el contrabando de material represivo y se apuntó a dos reuniones clave en la Casa de Gobierno el día del envío de las municiones y apuntó a tres funcionarios como nuevos acusados, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie (que está denunciado pero no fue imputado aún) y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Pompeo.

Los denunciantes incorporaron al expediente los registros de ingreso a la Casa Rosada del 12 de noviembre de 2019, que “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de estado se tomó en la Casa Rosada”.

Los registros presentados en sede judicial dan cuenta que, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento ilegal de armas y municiones con destino a Bolivia, Mauricio Macri mantuvo dos reuniones trascendentales para la maniobra.

La primera coincide con un momento clave del contrabando. Según surge de las notas firmadas el 12 de noviembre por el gendarme Rubén Yavorsky, (uno de los imputados) el trámite para el envío de las 70.000 municiones y las más de 600 granadas contrabandeadas fue iniciado por Gendarmería a las 13:06 de ese día.

En ese momento, Macri, Peña, Bullrich, el director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado estaban reunidos, junto a los directores de todas las fuerzas de seguridad, en el despacho de Peña.

La presencia de Otero, superior de Yavorsky, y de su secretario privado en ese cónclave en Casa Rosada acredita que la orden de enviar ese material fue tomada directamente por las máximas autoridades del Gobierno de Macri.

El “material complementario” se añadió al que ya había sido tramitado y autorizado el día anterior (11 de noviembre); y coincide exactamente con el que fue recibido por la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana el 13 de noviembre.

Además, esa reunión, que tuvo lugar apenas 12 horas antes que los gendarmes partieran rumbo a Bolivia en el Hércules C-130, tuvo otras particularidades: se llevó a cabo en el despacho de Marcos Peña, el único con acceso directo al despacho presidencial; y fue el primer ingreso de Gerardo Otero, Director de Gendarmería a Casa Rosada en todo el 2019, según la denuncia.

Peo hubo otro encuentro clave. Minutos antes de la reunión en Casa Rosada entre el Director de Gendarmería y los ministros de Mauricio Macri, el expresidente se reunió con el ex Canciller Jorge Faurie. Este dato cobra relevancia, ya que Faurie, luego de esa reunión, intervino en la maniobra con un aporte fundamental: formalizar, a través de una nota oficial, la excusa utilizada para encubrir la verdadera finalidad del material enviado, que era entregarlo a las fuerzas golpistas del vecino país.

Dice la denuncia que mediante esa nota, dirigida a Patricia Bullrich y Oscar Aguad, el ex Canciller “solicitó” el envío de gendarmes a Bolivia, con el supuesto fin de proteger la Embajada. La nota fue firmada el mismo 12 de noviembre, cuando el trámite para la salida de los gendarmes y del armamento ya había sido realizado el día anterior.

Sospechosamente, Faurie evitó utilizar el sistema electrónico de comunicaciones oficiales (Gestión Documental Electrónica), obligatorio desde el 2016 (por la Resolución Nº 65/2016 del Ministerio de Modernización).

Para el gobierno, con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas –el Presidente, el Jefe de Gabinete, el Canciller y la Ministra de Seguridad– sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia.

En la denuncia también se incorporan documentos que evidencian la participación de Fulvio Pompeo, ex Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación , quien también estaba presente en la Casa Rosada el 12 de noviembre.

Esa prueba evidencia la intervención de Pompeo en el expediente por el cual Bullrich tramitó la salida del país de los gendarmes.

La denuncia la tiene delegada el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial pero está sumida en un conflicto por la competencia en relación al juzgado que debe intervenir. El juez Javier Lopez Biscayart se declaró incompetente y la pasó a su par Alejandro Catania, quien tenía una denuncia anterior. Pero este último consideró que la de Lopez Biscayart (donde está la presentación del gobierno) estaba más avanzada y se la envió. Aún no hay una decisión final.

Lopez Biscayart decidió al menos por ahora seguir con el caso, y por separado tramitará el tema de la competencia.

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