El gobierno analizó ayer sus próximos pasos para participar de la reacción que se prepara, a escala internacional, contra el ataque terrorista que sufrieron los Estados Unidos. La primera novedad, que se terminó de definir ayer, es que Fernando de la Rúa decidió referir la conducta de su administración a lo que se resuelva en organismos multilaterales como la OEA. Adalberto Rodríguez Giavarini informó ayer a Chrystian Colombo y más tarde a Fernando de la Rúa los criterios que propone la Cancillería para llevar adelante esa política. La decisión principal fue apoyar la convocatoria al Consejo Permanente de la OEA que propuso México. El Consejo se reunirá a partir de mañana y el jueves tendrá como integrantes a los cancilleres de los países que lo componen, entre ellos Rodríguez Giavarini, que se dispone a viajar a Washington ese día.
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La estrategia adoptada por el gobierno está articulada en un par de criterios. Uno de ellos es mantener una coordinación permanente con los demás países del Mercosur. Ayer se respetó ese principio en el aval que se dio a la reunión del Consejo de la OEA, que se hizo pública desde la cancillería del Uruguay, país que ejerce la presidencia «pro tempore» del bloque. El otro criterio oficial es evitar la palabra «guerra» para referirse al conjunto de acciones que compongan la represalia por el ataque a Nueva York y Washington. Para justificar esa conducta verbal hay un argumento técnico que expuso detalladamente Giavarini ayer en sus reuniones con De la Rúa y Colombo: todavía no se sabe de qué naturaleza será el ataque que realicen los Estados Unidos. Una reacción armada convencional, se especula, podría combinarse con acciones de alta tecnología y también con tácticas indirectas (por ejemplo, promover acciones de insurgencia en Afganistán, a través de cuerpos especiales como los «boinas verdes», organizados por la fuerza aérea norteamericana, como insinuó ayer en Washington el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld).
Estas razones técnicas esconden mal el verdadero interés del gobierno: evitar que se evalúe su política con exclusivo arreglo a si las Fuerzas Armadas Argentinas participan o no de una fuerza multilateral de intervención militar en Afganistán o en otro territorio en el que se detecte la presencia de grupos terroristas. Para De la Rúa, Colombo y Giavarini esta cuestión es prematura ya que ni siquiera los Estados Unidos han definido esa vía de acción. El canciller emplea una fórmula verbal para definir la conducta oficial: «Estaremos al lado de nuestros amigos y aliados». Esto es, no estaremos un paso atrás, pero tampoco uno adelante.
En términos más concretos, el Presidente y su equipo procuraron desde ayer, enfáticamente, escapar de la comparación con la reacción adoptada por Carlos Menem en ocasión de la Guerra del Golfo, cuando envió naves para participar de una fuerza de ataque a Irak. Los funcionarios de De la Rúa persisten en que insistir en esa comparación es no comprender la diferencia entre ambos conflictos, ya que en el actual el enemigo no actúa en un territorio único y determinado: «Aquí no hay necesariamente un golfo concreto donde mandar las naves o, mejor dicho, el golfo puede estar en cualquier lado», explicó un ministro anoche a este diario. Si el interés por huir de esta manera de presentar las cosas parecía ayer urgente en la Casa Rosada es porque comenzaba a tenderse el cerco que no desea De la Rúa. Por ejemplo, Menem decidió que su esposa Cecilia Bolocco haga llegar a los Bush, adonde viajaría en pocas horas, su respaldo «incondicional» a las acciones que decida llevar adelante Washington. A la vez, a las oficinas de los ministros llegaban ayer distintas encuestas en las que se exponía el rechazo del público a que la Argentina participe con tropas en una eventual guerra territorial.
Precipitar una definición en este sentido obligaría al gobierno, probablemente, a abrir una brecha con sus socios regionales y con su base de apoyo político local. El gobierno de Brasil dio a conocer ayer extraoficialmente su postura en materia bélica: el apoyo a los Estados Unidos en la embestida contra el terrorismo podrá ser diplomático, acaso comercial pero nunca militar. Esta es la postura que Itamaraty llevará a las reuniones de la OEA, donde reclamó también la convocatoria a los países miembros del Organo de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En un gesto amistoso, la Argentina se sumó rápidamente a ese pedido a pesar de que resulte hiriente para México (Vicente Fox propuso su eliminación en su último viaje a Washington) y aun a su propia memoria: el TIAR, que regula las acciones defensivas de los países del continente cuando uno de ellos es atacado desde fuera de América, no tuvo aplicación durante la Guerra de Malvinas. El Organo de Consulta puede disponer desde el retiro de jefes de misión del país agresor hasta el empleo de fuerza militar, pasando por una gama de sanciones intermedias.
Frente a estas anticipaciones, De la Rúa y los principales hombres de su gabinete se preocuparon ayer por aclarar que fueron los Estados Unidos los que encabezaron la estrategia de llevar la reacción por el ataque terrorista a las instituciones multilaterales, como son las Naciones Unidas y la OTAN.
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