Los legisladores porteños intentarán el viernes sancionar cada uno de los artículos del Código Contravencional para la Capital Federal que el miércoles pasado se votó en forma general durante una escandalosa sesión.
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Los artículos que más dividen las opiniones son el que impone castigos mayores para reincidentes; el que aplica arresto a piqueteros si no avisan antes de manifestarse y la baja de edad de imputabilidad de 18 a 16 año s. A eso se agregan las discusiones particulares en cuanto a multas y penas de varios artículos, ya que en la nueva versión del Código Contravencional se especifica una pena para cada falta, algo necesario para los jueces que actualmente no tiene la ley en vigencia.
La edad de imputabilidad es un tema que no lograría total consenso, ni de los 31 votos que consiguió la votación en general, pero los diputados podrían incorporar una cláusula transitoria para que se impute a los menores a partir de los 16 años recién cuando la ley penal nacional así lo impong a. En cambio, si insisten con bajar la edad de imputabilidad de las contravenciones tal como está en el actual despacho que se aprobó en general, ya anticipó Aníbal Ibarra que lo vetaría.
Para la sesión próxima se están encarando medidas de seguridad para evitar que la votación termine como la anterior, con un saldo de 8 empleados heridos por trifulcas entre las barras -travestis, prostitutas, piqueteros y vendedores ambulantes- a la hora de salir del Palacio Legislativo. Además, la discusión de más de 80 artículos uno a uno, si antes no se llegara a un acuerdo (algo que anoche intentaban representantes del kirchnerismo y del macrismo), calculan ya que se extenderá hasta la madrugada del sábado o bien pasará a un cuarto intermedio hasta el 27 de julio próximo (para no privarse algunos diputados de un receso invernal).
Así, las diferencias persisten, pero el macrismo quiere ahora reunir más votos para la votación en particular, para no correr el riesgo de un veto que quizá no puedan insistir con tan ajustado consenso.
Frente a los 31 diputados que votaron el proyecto de mayoría, están los que aprobaron en comisión un proyecto de minoría. Son los kirchneristas, bloque que conduce Diego Kravet z, que llegaría a sumar aliados del ibarrismo y algunos independientes.
Así, se expondrán básicamente la postura de la mayoría y la del kirchnerismo con aliados, que si bien no puede completar número para su proyecto podría lograr en el recinto consensos en algunos artículos. Si se llega a esa situación, la ley se traba, sólo por la demora en debatirla, ya que, como antecedente, la pasada sesión anotó a 30 oradores y se prolongó unas 5 horas sólo para aprobarse en general, casi a libro cerrado.
Los puntos de la discordia son: • Reincidencia: en la actual ley, no existe. En el despacho que se aprobó en general se incluye ese concepto, se agrava un tercio la pena a la segunda vez que comete la misma falta y a la tercera cabe pena de arresto. El kirchnerismo rechaza el arresto. • Piqueteros: la ley en vigencia no castiga a manifestantes, pero solicita aviso, aunque nunca se sancionó si no lo hubiera. La reforma de mayoría, si no se formula el aviso de los piquetes, sanciona con 2 a 10 días de arresto o multa de hasta $ 1.000 y el doble de pena si se obstruye el tránsito. El kirchnerismo impone aviso «cuando sea razonablemente posible» y castiga con multa o con trabajos de utilidad pública. • Edad de imputabilidad: actualmente, se castiga partir de los 18 años. El macrismo baja la edad a 16; el resto se opone a ese cambio, incluso Ibarra. • Travestis: actualmente, está prohibido demandar u ofertar sexo en la vía pública, se lo encuadra en la alteración del orden. El despacho de mayoría propone que la demanda y la oferta de sexo se desarrollen lejos de casas, escuelas o templos. El kirchnerismo quiere que el ejecutivo determine zonas rojas y castiga más severamente en su despacho que en el de mayoría a los infractores.
Por otra parte, las penas más elevadas que impone la reciente ley aún no aprobada en particular están destinadas a castigar el juego clandestino, con penas de hasta 60 días de arresto y multas de hasta $ 50.000.
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