Los gobernadores electos en el 2019.
Aunque sin el impacto que tuvo el sorpresivo resultado nacional en las elecciones PASO, el electorado provincial está expresando un deseo de transformación a la hora de escoger a sus mandatarios. De las 16 elecciones generales para gobernador, seis se definieron por el candidato opositor: Chubut, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz y ahora Santa Fe.
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La cifra contrasta con lo ocurrido en los comicios del 2019, donde los oficialismos reeligieron en 20 de las 22 votaciones, con la excepción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y Omar Perotti en Santa Fe. El efecto 2023 en las gobernaciones resultó un impacto para las distintas expresiones del peronismo en sus distritos, perdiendo en cinco provincias. En dos gobernaba desde la vuelta de la democracia: Santa Cruz y San Luis.
El dato repercute, además, en la posición que tomaron los votantes de esos mismos distritos a la hora de elegir presidente en las PASO: Javier Milei fue el candidato más votado en las seis provincias que ganó la oposición para el cargo de gobernador. Aún resta definir la situación de Chaco y Entre Ríos, donde los frentes oficialistas -ambos peronistas- cayeron por estrechas diferencias contra los candidatos de Juntos por el Cambio en las primarias.
Con convivencia en sus legislaturas provinciales pero enfrentados históricamente, el paso de mando en diciembre viene aparejado de dos interrogantes para los espacios provinciales, ¿qué efecto tendrá la alternancia en las realidades de los distritos y cómo repercutirá el resultado de la votación nacional?
Un viejo conocido que quebró una tradición del poder: el efecto del triunfo electoral de Claudio Poggi, que gobernó para el justicialismo pero este año representó a Juntos por el Cambio, acabó con la hegemonía del peronismo provincial. Enfrentado con Alberto Rodríguez Saá, el mandatario electo no pudo imponer su voluntad en el diseño del Presupuesto 2024 y avanzó con medidas judiciales para evitar iniciativas que determinen las finanzas puntanas después del 10 de diciembre.
Aún así, la tensión continúa en escalada. "La transición está en el peor momento. No solo que no ha habido ningún tipo de reunión sino que se está avanzando con leyes a los fines de generar una situación de caos en la provincia”, advierten desde el equipo de Claudio Poggi a Ámbito.
El propio gobernador electo hizo pública la denuncia en sus redes sociales: asegura que la gestión de Alberto Rodríguez Saá retiró U$S 88 millones pertenecientes al Estado de San Luis en efectivo, con el objetivo de realizar una maniobra cambiaria a valor del dólar informal. “Son para ser gastados de forma inmediata en los últimos tres meses, de forma tal de dejar a la provincia sin reservas”, acusan desde la futura gestión.
Las sospechas se enmarcan en la media sanción que le dio el Senado provincial al proyecto que busca que los beneficiarios del Plan de Inclusión Social puntano sean incorporados a la administración pública. De 30.000 a 60.000 empleados estatales: esa es la envergadura que implica la medida en caso de aprobarse en Diputados, donde los legisladores opositores no dieron quórum en la última sesión, la semana pasada.
La trayectoria construida desde el interior de la provincia y el sistema de alianzas que tejió con actores variados del espectro político le permitieron a Rolando Figueroa concluir con el legado del Movimiento Popular Neuquino y le allanan el camino para garantizar su gobernabilidad. Esa tendencia se ratificó con los resultados de las elecciones municipales, en donde allegados al gobernador electo ganaron las intendencias de Chos Malal, Senillosa, Junín de los Andes, Plaza Huincul y Plottier.
El 18 de septiembre será una fecha clave: Rolando Figueroa se reunirá con el actual mandatario, Omar Gutiérrez, junto a sus respectivas comisiones de asesores para intercambiar informes de gestión y detalles de áreas claves, como lo establece la Ley provincial 2.720 de transición. El 15 de octubre es otro punto en el calendario donde se pondrá a prueba la confluencia programática: es el día límite que estableció el propio Gutiérrez para presentar el Presupuesto 2024.
La transición se presenta ordenada y la predisposición conjunta del MPN y Comunidad -espacio creado por Figueroa- se expresa en la actividad legislativa: diputados provinciales que responden al gobernador electo acompañaron el proyecto de Omar Gutiérrez para autorizar un endeudamiento por U$S 100 millones, que se utilizarán para saldar dos cuotas de un crédito previamente tomado.
"La transición viene bien, tranquila, no hay contrapunto de nada". El mensaje de alivio fue enviado a este medio desde el entorno de Marcelo Orrego, gobernador electo de San Juan cercano a la dirigencia de Juntos por el Cambio pero representando al sello Producción y Trabajo. Su figura causó un fuerte efecto en el distrito, poniéndole fin a veinte años de gobiernos peronistas derrotando a los dos apellidos más emblemáticos del justicialismo provincial: Uñac y Gioja.
Proveniente de la intendencia de Santa Lucía -actualmente gobernada por su hermano, Juan José- Orrego hizo de su municipio un bastión opositor para impulsarse hacia la gobernación en su segundo intento electoral. Nieto de un dirigente del PJ sanjuanino e hijo de un ministro de Desarrollo Humano peronista, el alcance de acuerdos le permitieron llegar al 49,81% de los votos en las elecciones de julio. Otro resultado electoral le permite aspirar a armar la construcción de una nueva hegemonía provincial: la intendenta electa de la ciudad de San Juan es Susana Laciar, de su mismo partido.
A tres meses de su asunción, ya avanzó con encuentros con sectores productivos e inversores extranjeros. E incluso, desde su espacio marcaron la cancha: el vicegobernador electo, Fabián Martín, consideró en una entrevista para la televisión local que la actual administración buscaba “nombrar a militantes” en el Poder Judicial con el objetivo de “politizar la Justicia”. “Fue un llamado de atención antes que tomaran las medidas, pero quedó ahí porque no hay nombres trascendentes en las listas”, analizaron.
Acuerdos con funcionarios históricos e intendentes del interior. Reuniones con referentes sindicales y gobernadores de la región. Encuentros con el embajador estadounidense y con funcionarios israelíes. A tres meses de asumir como gobernador de Chubut, el electo Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) lleva la agenda de un mandatario en funciones, con el objetivo de sostener sus propuestas de campaña: desarrollo hidrocarburífero, inversión en infraestructura y generación de empleo.
Para concretarlas, uno de los principales desafíos es alcanzar un traspaso de mando armónico que le permita sentar bases para encontrar respuestas a su primer obstáculo: el pago de una deuda de U$S 135 millones en 2024. Para un canal de la televisión local, el propio Torres se refirió en agosto a la importancia de "tener las herramientas legislativas para negociar la deuda. Hay vencimientos muy importantes en los primeros meses del año que viene y presentamos algunos proyectos que son fundamentales, como trabajar el Presupuesto 2024 de manera conjunta".
La especulación desde su entorno es que la transición será en buenos términos, pero acentúan su atención -con advertencias a los medios locales- en los ingresos a la planta estatal en los próximos meses. Sin embargo, ya se concretó un encuentro con el gobernador saliente Mariano Arcioni, quien repitió en sus últimas apariciones públicas que su prioridad es "un proceso de transición ordenado y transparente”, y sus equipos técnicos mantienen comunicación fluida.
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