La cancillería uruguaya rechazó la "decisión unilateral" de la Argentina de suspender "todas las actuaciones" en torno a la licitación de obras en el canal Martín García, e instó a "continuar las negociaciones inmediatamente".
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A través de un comunicado, el Ministerio encabezado por Luis Almagro advirtió que Uruguay "se atendrá estrictamente al Informe de Auditoría del Tribunal de Cuentas", pero dio a entender que ese organismo no detectó irregularidades en la licitación.
Así, señaló que, según el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) "la extensión del contrato fue estrictamente ajustada a Derecho".
Explicó que también para ese organismo de control uruguayo "el precio acordado" fue considerado "como totalmente razonable".
La Cancillería del vecino país puntualizó además que en el informe del organismo uruguayo, al evaluarse "versiones de prensa" sobre presuntas irregularidades, se determinó: "En definitiva, desde el punto de vista jurídico, no existe siquiera la apariencia de un delito".
"El cúmulo de indicios que apareja la consideración de estos hechos, sin embargo no permite sacar conclusiones firmes y por tanto enervan la formulación de una eventual denuncia penal", señaló además el informe citado por la Cancillería uruguaya.
Para la diplomacia del vecino país, "por ello, no existe contradicción alguna entre lo afirmado por el Canciller (Almagro) y el Tribunal de Cuentas".
Uruguay reaccionó así luego de que el Gobierno decidiera suspender "todas las actuaciones" en torno a la licitación de obras en el canal Martín García.
Con esta medida, anunciada por la Cancillería, la Argentina paralizó por completo el proceso para profundizar el dragado del canal, aumentando la tensión y el descontento en la administración del presidente José "Pepe" Mujica.
La Cancillería que dirige Héctor Timerman resolvió "suspender nuevas actuaciones" relativas al canal Martín García hasta tanto el gobierno uruguayo "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos".
"Es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría", indicó el Gobierno.
La cartera encabezada por Timerman consideró que la auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR) "contradice lo expresado por el Canciller Luis Almagro" el 12 de junio en el Senado, cuando afirmó: "Quiero decir que, tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos".
A su vez, el comunicado de la cancillería uruguaya, rechazó que existan contradicciones entre el canciller y el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas (TCR) de Uruguay había señalado que los retrasos que se dieron en las licitaciones en torno a la obra terminaron por privilegiar a Riovía, empresa holandesa que dos meses atrás estuvo en el centro de los cruces binacionales cuando salió a la luz la denuncia de Uruguay sobre un presunto intento de soborno de argentinos.
En contraparte, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) consideró que no existieron irregularidades en el proceso y que el precio acordado es "razonable".
Los informes de ambos países difieren específicamente en torno a la actuación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), respecto a la extensión del contrato de la empresa Riovía para el mantenimiento del dragado del canal, a un costo de 1.262.500 dólares mensuales.
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