Hace una semana, el ministro Gustavo Béliz produjo destempladas declaraciones que hasta molestaron a su propio gobierno. Casi todos se dedicaron a refutar aquello de que, en los '90, cuando Béliz era gobierno, se estuvo por asentar una «narcodemocracia». Pasó inadvertido o, al menos, hubo poca reacción, frente a otro pronunciamiento del ministro: dijo que en esa década -casi demonizada y aceptada a pie juntillas como la «infame»- se compraban leyes en el Congreso.
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O sea, que se torcían voluntades de legisladores (sea por presión, negocios o simples dádivas) y la Administración de turno entonces lograba adhesiones a sus proyectos hasta de sus rivales más recalcitrantes. Béliz se guardó a silencio, pero igual vale preguntarse -a propósito de esas declaraciones contra la moral de los diputados y senadoressi ahora no se repiten situaciones semejantes a las de antaño y, como siempre sucede en tiempos de euforia, más bien se coincide en la libertad de conciencia y a nadie se le ocurre conjeturar, como tal vez debiera hacerlo Béliz, si otros estímulos no han modificado decisiones.
Se pueden tomar episodios al azar, por ejemplo, el de una senadora que se levantó confesando -para no impedir los dos tercios en la ley que derogó la subversión económicaque lo hacía «porque se lo había pedido el gobernador» (y, sin dudas, éste tenía razones sustentables para efectuar ese pedido). Raúl Baglini, en el mismo tema, generó quizás el más brillante discurso -como es habitual en él-en contra de la decisión; sin embargo, cuando llegó la hora, votó a favor. Otro radical, Horacio Usandizaga, era de prever por su trayectoria que no podía convalidar el mamarracho de la suspensión de Eduardo Moliné O'Connor. Pero votó contra todo lo que se suponía. Por no hablar, en el mismo caso, de otra adhesión impensada como la del senador correntino Angel Pardo. O Diana Conti, luchadora por los derechos humanos, quien en contra de los pronósticos, justificó que no se lo podía expulsar al sindicalista Luis Barrionuevo.
También, en materia de real conciencia, habría que incluir la deserción de Luis Zamora, quien se abstuvo en la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aunque hizo un discurso en contra. Hay otros casos emblemáticos, como el de Miguel Pichetto, hoy devenido en competidor de Jorge Yoma por despertar una sonrisa en Cristina Kirchner, quien por esa vocación de cariño también aprobó la anulación de las leyes. Cualquiera puede imaginar lo que desee, parece impropio no obstante sospechar -como haría Béliz-que todos han actuado por intereses ajenos al ejercicio de legislar.
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