Desde sus vacaciones en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri se hizo lugar para vetar tres proyectos de ley aprobados en el Congreso: la detección de trombofilia, la expropiación del Hotel Bauen, y el Salario Mínimo Profesional.
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A estos, se le suman dos más realizados durante 2016. Uno fue el borrón de un plumazo de la Emergencia ocupacional, que prohibía los despidos por 180 días, un ley reemplazada por un acuerdo no vinculante con empresarios, y el veto a la doble jubilación mínima a excombatientes de Malvinas
Pero el primer mandatario tiene antecedentes en esta materia. No en vano se ha ganado el apodo de "Capitán Veto", que arrastra desde su cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, un repaso por los vetos presidenciales en 2016:
• Detección precoz de la trombofilia
A fines de noviembre se aprobó la ley que incluía en el programa médico obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnostica el trastorno. De esta manera, se consideraba como práctica rutinaria el control en las mujeres para la detección temprana de ese desorden de la coagulación sanguínea, por el cual muchas pierden sus embarazos.
La ley además, creaba un Programa Nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento en el marco del Ministerio de Salud.
Con el decreto 1.281, publicado en el Boletín Oficial, Macri vetó en su totalidad la ley 27.335, impidiendo que la enfermedad que afecta a hombres y mujeres en la coagulación de la sangre, con propensión a la hipercoagulabilidad sea diagnosticada en los exámenes regulares.
• Expropiación del Hotel Bauen
El decreto 1.302 que dispuso el veto también fue publicado en el Boletín Oficial mientras Macri disfrutaba de sus vacaciones en La Angostura.
Entre sus argumentos, el veto presidencial afirma que "el proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas que se hallan comprometidas en las actividades que se desarrollan en el inmueble en cuestión".
Lo cierto es que la decisión puso en estado de alerta y movilización a los 130 cooperativistas que desde 2001, año en el que los dueños originales decidieron cerrar el lugar, defienden sus puestos de trabajo, y quienes ya advirtieron que insistirán en el Congreso con la expropiación.
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