Cárcel y proceso por delito grave (coacción) a 17 detenidos por el ataque a la Legislatura

Hasta ahora son 17 los detenidos, imputados de un delito grave, por los desmanes contra la Legislatura porteña que hoy intentará retomar su actividad.

Se produjo ayer la primera medida judicial fuerte contra la violencia piquetera de la era Kirchner. La Justicia imputó por «coacción agravada» (delito no excarcelable) a 17 detenidos que supuestamente protagonizaron los actos de vandalismo el viernes último contra la Legislatura porteña, durante la protesta contra la sanción de reformas al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche se ordenaban distintos allanamientos para ubicar a otras personas presuntamente involucradas en los hechos de violencia, las que habrían sido identificadas en fotografías y videos en el juzgado, tanto de medios televisivos como otros que fueron requeridos a la Policía Federal.

Esas filmaciones fueron solicitadas también por algunos legisladores, quienes tienen la sospecha acerca de la supuesta participación de algunos empleados contratados de la Legislatura en los desmanes del viernes. Dentro de la Legislatura, ese día, hubo más de una discusión entre los diputados. Ya cuando la situación se calmaba, en una reunión entre los legisladores, se dijo que «desde acá adentro se comunicaban con los piqueteros para decirles en qué puerta no había policías».

• Comisión investigadora

La izquierdista Vilma Ripoll incluso pedirá hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, la creación de una comisión investigadora de lo sucedido y «que la integren diputados y empleados también».

El delito al que se refiere la Justicia prevé penas de 5 a 10 años de prisión y fue imputado por la jueza de instrucción Silvia Ramón: a 17 de las 23 personas detenidas el viernes, cuatro de las cuales eran menores de edad y salieron en libertad durante el fin de semana, mientras que otras dos, acusadas de delitos de menor gravedad, también quedaron fuera de la cárcel.

La causa, caratulada «contra Leyra Margarita (vendedora ambulante) y otros», involucra a una docena de vendedores ambulantes, según relataron a este diario fuentes allegadas a la investigación. Además, hay detenidas de AMAR, la asociación de meretrices, pero no travestis. La agrupación MST que lidera Ripoll, indicó, a la vez, que no existen detenidos de ese movimiento y que tampoco habría travestis, a pesar de haberse visto la violencia que ejercían contra las puertas de la Legislatura el viernes, empujando postes para tratar de derribarlas y hasta violentar un generador de corriente eléctrica. Una de las personas que lidera el grupo de travestis que suele manifestar contra el Código Contravencional porteño es contratada de la Legislatura, en la planta de Izquierda Unida. Conocida como «Loana», se desempeñó como asesora de Patricio Etchegaray durante la gestión del comunista como legislador y habría asegurado que del grupo de travestis no había detenidos hasta ayer.

Los detenidos cuentan con abogados de diferentes organizaciones de derechos humanos que se reunirán hoy para evaluar el pedido de excarcelación de los presos que fueron trasladados al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, las mujeres y los hombres, al penal de Devoto, en la Capital Federal.

Los letrados consideran que la figura aplicada es excesiva y temen que, además, se pudiera terminar tipificando el delito como «intimidación pública», lo que haría pasar la causa a la Justicia Federal.

La juez Ramond, a cargo de la investigación, cuenta ahora con un plazo de diez días hábiles para definir la situación procesal de los detenidos.

En su artículo 149, el Código Penal, otorga al delito de «coacción agravada» una pena de cinco a diez años.