Carlos Menem quiere arrastrar a Cavallo

La detención de Emir Yoma -superada la sorpresa inicial tanto en el gobierno como en la oposición-generó ayer distintas tomas de posición de acuerdo con su acercamiento al «affaire» de las armas. Carlos Menem -el ex presidente puede verse complicado al igual que Domingo Cavallo, si la escalada judicial continúa, en momentos en que ambos son clave en la actual estrategia de Fernando de la Rúa para salir de la crisis-pidió que se vaya a fondo para saber quiénes son los responsables, pero también advirtió que «sería una barbaridad» imputarlo en esa causa. Menem se defendió con que los decretos firmados les vendieron armas a dos países con los cuales no había conflicto en relación con Panamá y Venezuela, pero disparó por elevación: «Cavallo y yo firmamos esos decretos...», dijo el ex presidente arrastrando al actual ministro de Economía. Pero tampoco se detuvo ahí: «También durante la presidencia de (Raúl) Alfonsín se firmaron decretos, vendiéndole armas a Ecuador».

Desde el gobierno, la única voz que se escuchó fue la de Melchor Cruchaga. El viceministro de Justicia -puente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial-calificó que la investigación «va por el camino correcto» y ponderó la independencia de los jueces. El funcionario recordó, por radio, que cuando era miembro de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió seguir investigando «pese a que el Justicialismo les impidió a los jueces seguir investigando». Luego admitió que la detención de Yoma generó un «gran impacto político y aseguró que desde el oficialismo no habrá «ningún tipo de interferencia o presión -obvia respuesta pública- en el desarrollo del proceso judicial, porque la Alianza mantendrá la independencia de poderes». En esa línea de razonamiento, defendió la actuación de los camaristas frente a otras voces del poder que desconfían de esta sala II de la Cámara Federal porteña.

Es que las últimas decisiones de esta cámara -dar luz verde al juicio oral contra Alfredo Castañón, mano derecha de Cavallo en Economía; al juez Gabriel Cavallo para que declare la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la orden a Urso para que concluya que hubo asociación ilícita en el caso armas-complicaron seriamente al gobierno en distintos frentes políticos. Ello -aducen los operadores presidenciales- porque no son desconocidos los vínculos de Horacio Cattani con el Frepaso de Carlos Chacho Alvarez, como tampoco que el abogado personal de Martín Irurzun fue durante mucho tiempo Ricardo Monner Sanz, principal denunciante de esta causa y en cuanto caso exista en contra del gobierno anterior. Ambos neutralizaron cualquier acción y volcaron a su favor a Eduardo Luraschi, un ex juez federal en Morón designado cuando Lorenzo Miguel ejercía alguna influencia en el país y llevado a camarista por el presidente del bloque de diputados del PJ, el ultramenemista César Arias. Sin embargo, para Cruchaga, Cavallo no se verá complicado porque sólo firmó el decreto sin ser parte de la operación en sí.