Caso Gelman: respondió el gobierno sin nuevos datos

Montevideo - El gobierno de Uruguay le transmitió ayer a su par argentino que «su voluntad ha sido y continuará siendo proseguir las investigaciones de todos los casos (de desaparecidos durante los regímenes militares de ambos países) pendientes en el marco del derecho internacional y de los tratados internacionales vigentes, así como el respeto al orden jurídico interno de los Estados soberanos concernidos».

En lenguaje diplomático, se traduce en que para este país se mantienen en vigencia la leyes de Amnistía y de Caducidad, sancionadas en 1985 y 1986, respectivamente, y plebiscitadas con el apoyo favorable de 62% de la sociedad, cuya matriz jurídica anticipó este diario. Dicha legislación declara la prescripción de delitos tanto para militares o miembros de las fuerzas de seguridad, así como para integrantes de la organización guerrillera Tupamaros que se enfrentaron por la vía armada durante la década del '70, e impide al Estado iniciar acciones penales contra ellos.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay tiene 5 carillas y efectúa un pormenorizado análisis de las gestiones que hizo ese gobierno ante la Argentina por unos 130 desaparecidos uruguayos en el vecino país y la participación personal que tuvo, en algunos de ellos, el presidente Jorge Batlle.

• Núcleo

El mandatario se había convertido en el centro de los ataques políticos por parte de su par argentino, Néstor Kirchner, y de dos de los más importantes ministros del Gabinete: Alberto y Aníbal Fernández, que ocupan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, respectivamente. Pero el núcleo principal del «enfrentamiento verbal mediático» entre ambos jefes de Estado fue el destino que el gobierno oriental le quiere dar a la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, convirtiéndose en un «leading case» para el resto de las actuaciones dentro y fuera del país. Gelman, que formó parte de los cuadros políticos de los montoneros -la ex organización armada peronista de los '70-, es amigo de Kirchner y del canciller Rafael Bielsa, quien trató de encauzar el conflicto por las vías diplomáticas en coincidencia con su par uruguayo, Didier Opertti.

• Gestiones

El «paper» destaca el rol que desempeñó el propio Batlle en el caso Simón Riquelo, al que calificó de «altamente sensible», por lo que el mandatario se reunió en forma reiterada con Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos. También revela las gestiones que se vinieron realizando ante distintos gobiernos democráticos de la Argentina, habiendo tramitado y coordinando acciones con distintos organismos oficiales, como son la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Este tribunal de alzada lleva adelante los denominados «juicios de la verdad» para establecer el destino final de las personas denunciadas como desaparecidas.

• Comisión

En ese contexto, destaca el trabajo que realizó la denominada Comisión para la Paz que preside Carlos Ramela, asesor directo del presidente uruguayo. Dicho cuerpo fue creado por Batlle el 9 de agosto de 2000 después de haber realizado consultas con los diferentes partidos políticos, incluido el Frente Amplio, fuerza política a la que convergieron los ex guerrilleros tupamaros amnistiados.

De manera indirecta y tomando como eje algunas declaraciones de Batlle que irritaron a Kirchner, la Cancillería uruguaya señala que «en ningún caso, ni el número ni la nacionalidad de las personas desaparecidas se reconocen como un factor de selección por parte del gobierno uruguayo en sus gestiones en materia de desaparecidos». Kirchner pidió por la nuera de Gelman como una cuestión de Estado, y cuando acentuó la presión, Batlle le respondió que «también son importantes los 80 uruguayos desaparecidos en la Argentina». García Irureta Goyena desapareció en Uruguay en 1976, y según el senador de izquierda (Nuevo Espacio) Rafael Michelini -hombre cercano a Tabaré Vázquez-, Batlle sabe el nombre del militar que la habría asesinado. Según investigaciones de Gelman y del diario «La República», que actúa como vocero del Frente Amplio, el cuerpo de la mujer habría sido enterrado en un regimiento cercano a Montevideo. Esta versión es negada totalmente por el gobierno uruguayo y sólo señala que «no se pudieron confirmar plenamente las circunstancias de su muerte.