El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó varias medidas de prueba para avanzar en la causa contra Sergio Schoklender y establecer si hubo responsabilidad de las Madres de Plaza de Mayo, al retomar la actividad luego de la feria judicial de invierno.
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Puntualmente, Di Lello pidió información sobre un contrato de la firma Meldorek, de la cual el ex apoderado es titular del 90 por ciento de las acciones, con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.
Luego de un receso de 15 días en que la causa estuvo paralizada a raíz de la feria de invierno, el fiscal impulsó nuevamente la investigación mediante un escrito que presentó pidiendo medidas de prueba ante el juez federal Norberto Oyarbide.
En su presentación, el fiscal solicitó que requiera a la AFIP información sobre quiénes son los representantes de Meldorek (de la cual Sergio Schoklender es socio mayoritario) quiénes importaron las maquinarias con las que se construyeron las viviendas sociales y quiénes debían hacer los aportes patronales de los obreros contratados para tal fin.
La empresa Meldorek fue contratada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para realizar la construcción de viviendas sociales en el programa "Sueños compartidos" mediante los fondos públicos que le otorgaban municipios o provincias.
El contrato que está bajo sospecha de la Fiscalía es de fines del 2010, y Di Lello pretende saber si las casas fueron construidas por Meldorek o por la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, según las fuentes consultadas.
Ello porque en las últimas semanas la investigación no sólo se dirige a determinar cuáles fueron las conductas de los hermanos Schoklender, sino también de las propias autoridades de la Fundación.
En la primera semana de feria judicial, a fines de julio, Sergio Schoklender en compañía de su abogado Adrián Tenca presentó copia del estatuto de la Fundación con el fin de señalar que no integraba el Consejo de Administración, la máxima autoridad de la entidad.
La estrategia de Tenca es tratar de determinar que la construcción de viviendas fueron aprobadas por las autoridades de la Fundación, entre ellas Hebe de Bonafini.
Por otra parte, el fiscal Di Lello citó a Sergio Schoklender para la semana próxima a fin de realizar la apertura de documentación contenida en ocho cajas que él presentó al inicio de la investigación.
La audiencia es a fin de que la defensa tenga control y certificar la prueba aportada, entre ella documentación contable, la cual será incorporada a la causa.
En la audiencia puede que esté presente algún representante de la Fundación, puesto que la institución como sí fue aceptada como querellante en la causa, esto es como damnificada.
Las fuentes explicaron que la aceptación como querellante, lo cual resolvió Oyarbide, es en concepto de institución, no así a nadie en particular como lo podría ser Hebe de Bonafini.
De esta manera, se reactiva la causa que está bajo secreto de sumario impuesto nuevamente por el juez Oyarbide este lunes.
Según las fuentes, la Fiscalía comenzará en los próximos días a trabajar en un escrito mediante el cual requerirá más adelante los primeros llamados a indagatoria.
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