Cecilia Pando le pidió a Javier Milei "una solución" a los genocidas para "reestablecer el orden"

La abogada de familiares de represores respaldó la candidatura de Javier Milei y solcitó un gesto a favor de los genocidas detenidos de la última dictadura.

Cecilia Pando y Javier Milei.

Antes de la irrupción en la escena pública de Victoria Villarruel, la figura más emblemática del negacionismo en la Argentina era Cecilia Pando. Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), como llama a los genocidas y represores detenidos por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar, le pidió a Javier Milei que libere a los militares que cuentan con cadena perpetua.

En un video publicado en sus redes sociales, Pando resaltó la necesidad de "una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales".

Asimismo, se refirió al rol que deberían tener los militares en un eventual gobierno de Javier Milei, sosteniendo que "la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden". Pando consideró que no podrán ejecutar órdenes "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas".

En ese sentido, la abogada le pidió a Javier Milei "devolvernos el estado de derecho que perdimos años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder", en referencia al período previo al 2003 cuando los represores contaban con libertad.

"En la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?", completó Pando.

Javier Milei y Victoria Villarruel sobre la dictadura

La fórmula presidencial de La Libertad Avanza se ha manifestado en distintas ocasiones sobre la última dictadura cívico militar, posicionándose dentro del negacionismo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades que administraron el país entre 1976 y 1983.

Una de las declaraciones más difundidas de Javier Milei ocurrió durante el primer debate presidencial, en donde el candidato sostuvo: "Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753".

Además, dijo estar "absolutamente en contra de una versión tuerta de la historia" y explicó cuál es la posición del espacio sobre los 70': "Para nosotros hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de los montoneros, del ERP, mataron gente, torturaron, pusieron bombas y también cometieron delitos de lesa humanidad".

Por su parte, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, es hija de Eduardo Villarruel (que operaba como militar en Campo de Mayo, donde funcionaban cuatro centros clandestinos de detención, fue condenado en democracia a 40 días de prisión por oponerse a jurar la Constitución) y sus reconocidos sus vínculos con ex genocidas incluían al primer mandatario de la dictadura, Jorge Videla, a quien visitó en la cárcel.

Activa militante negacionista, Victoria Villarruel planteó en la Cumbre de la Iberosfera, realizada este mes, que “todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado de la Argentina ha sido construido por la izquierda" y entendió que "Alfonsín era un abogado de organizaciones terroristas”. “¿Hubo abusos por parte del Estado? Sí", admitió, pero entendió que “los terroristas, a partir del año ‘83, ocuparon el lugar de sus propias víctimas y se apropiaron de sus derechos humanos”, en referencia a las personas que fueron secuestradas, torturadas en centros clandestinos de detención sin juicio previo y asesinadas.

¿Qué es el negacionismo en Argentina?

El negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina consiste en el acto de negar los crímenes que se perpetraron en la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El negacionismo alcanza la negación de la existencia de desaparecidos, justificar sus secuestros y asesinatos, concebir que existió una guerra simétrica o relativizar la cifra de 30.000, consensuada por una serie de actores desde la recuperación de la democracia.

En ese sentido, se habla de negacionismo para señalar los puntos de vista que antagonizan con los acuerdos alcanzados por la sociedad argentina desde 1983, con el regreso del modelo democrático, de considerar que los actos planificados y ejecutados por la dictadura cívico-militar constituyen crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, deben ser juzgados y no pueden repetirse.

Entre ellos, se contemplan los delitos organizados por la Junta Militar, que incluyen: amenaza, extorsión, secuestro, tortura, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, apropiación de bebés, asesinato y secuestro de los cuerpos.

¿Qué leyes existen contra el negacionismo?

Existen tres proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Todos son de autoría de legisladores de Unión por la Patria: Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que propusieron diferentes modalidades sancionatorias contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos. Todas las propuestas -que en su paradigma se complementan- deben ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, en manos de la oposición.

El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.

En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años" en caso de funcionarios públicos.

El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra "el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad". Además, prevé "inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena" y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.