CELS duda sobre constitucionalidad de la regulación de las cautelares

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se mostró crítico del plan oficial de reforma judicial, especialmente del proyecto de regulación de medidas cautelares, el que aseguró "presenta problemas de constitucionalidad".

El organismo sostuvo ayer en un documento que algunos de los proyectos son "un claro avance en cuestiones importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial", mientras que "otros plantean dudas sobre su diseño político institucional" y "el que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad".

Así, de los seis proyectos que presentó la presidente Cristina de Kirchner para la "democratización de la Justicia", el CELS se mostró a favor de tres, en contra de uno y manifestó sus dudas sobre los otros dos, esto es la forma de elegir los consejeros de la Magistratura y la creación de Cámaras de Casación.

En este sentido, defendió la idea de que "se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos del sistema judicial".

Sin embargo, el CELS advirtió que "algunos puntos del proyecto que plantea limitar las medidas cautelares son cuestionables en su constitucionalidad, ya que podrían afectar seriamente a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva".

Desde esta perspectiva, el organismo recordó que ha solicitado el dictado de medidas cautelares contra el Estado para asegurar, entre otros, "el acceso a la educación de migrantes y la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas", mientras que del mismo modo, "pueden ser necesarias para defender la libertad sindical o exigir acciones positivas del Estado, a fin de garantizar derechos en igualdad".

"Tiene valor positivo el esfuerzo por defender los intereses del Estado (...) El problema es que la forma en que se las propone regular pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil para, en cambio, fortalecer las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales", subrayó.

Y advirtió que "en la medida que la obtención de protección a través de una cautelar sea de tan extrema dificultad, con requisitos para su admisibilidad casi imposibles de sortear (...) se va a ampliar la brecha que se pretende achicar y quedará la herramienta para aquellos que puedan costearlos mejores servicios jurídicos y estén dispuestos a hacer un complejo recorrido por los vericuetos judiciales". "El peso de la regulación debería estar en establecer pautas de procedimiento que exijan al juez y a las partes diligencia para llegar rápido a la decisión de fondo", agregó el CELS.

Respecto del proyecto de creación de nuevos tribunales de casación, el organismo planteó sus "dudas" y marcó la "necesidad de dar una discusión mayor respecto de la organización del sistema judicial en su totalidad". "Es imperioso apuntar a su horizontalidad y desburocratización y la inclusión de nuevas instancias remite más a su verticalidad.

Al mismo tiempo, es necesario discutir fundamentalmente los sistemas procesales vigentes para simplificarlos y transformarlos en procedimientos orales (...) La incorporación de esta nueva instancia también puede afectar los tiempos para que una cuestión constitucional llegue a ser tratada por la Corte Suprema", cuestionó.

Y en cuanto a la nueva reforma al Consejo de la Magistratura, el CELS consideró que constituye "una opción valorable la elección popular de sus integrantes para romper lógicas corporativas y dar oportunidad de acceder a otros sectores o actores", aunque remarcó que "esta decisión genera algunos problemas que deberán atenderse".

Entre ellos, indicó la necesidad de evaluar de qué modo se puede garantizar que la elección de los jueces, vehiculizada por elecciones abiertas, "quede referenciada como representación del sector judicial".

A su vez, indicó que en tanto todos los candidatos al Consejo estarían en la misma boleta sábana, "se debería analizar un esquema de proporcionalidad que modifique las consecuencias de integrar más de la mitad del Consejo con referentes de una misma lista".

"En general, como sostuvimos en otras oportunidades, para esos espacios colegiados, contar con más de una minoría puede mejorar el escenario para la toma de decisiones y aportar otras miradas. Por último, podría estudiarse la posibilidad de que el momento de la elección sea la de medio término y no la presidencial", concluyó el texto.