Los problemas en el Senado tras la gestión de Gabriela Michetti no paran de acumularse. El viernes último, la fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la exvicepresidenta -junto a un colaborador y un empresario- por supuestas irregularidades millonarias en contrataciones efectuadas en la Cámara alta.
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Días atrás, el Departamento de Obras y Conservación adjuntó una copia del informe técnico referido a filtraciones en el noveno piso del Anexo, producidas “por el avanzado deterioro en las cañerías de agua que ha provocado riesgo de derrumbe de mampostería y existencia de riesgo eléctrico debido a la cantidad de agua que se filtra”.
Bajo el amparo de la resolución administrativa 371/20, que dictó la emergencia edilicia por 36 meses, se autorizó un llamado a contratación directa por urgencia para solucionar el conflicto en el noveno piso del Anexo del Senado por $10.000.000 -costo estimado-, en medio de las emergencias múltiples ejecutadas por el Gobierno kirchnerista.
Algunos excolaboradores de Michetti -refugiados dentro del bloque PRO, y con jugosos sueldos- aún esperan el “libro” que prometió escribir su exjefa sobre la gestión entre fines de 2015 y 2019. Por estas horas también se aguarda, tras resolución de la justicia en lo contencioso administrativo, que la administración que comanda Cristina de Kirchner entregue toda la documentación con respecto a la conflictiva obra social DAS, situación que evitó Michetti a toda costa luego de la causa iniciada por un empleado legislativo.
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