Estudio Gerosa irrumpe en escándalo judicial que se investiga en Chubut

Política

Poderoso abogado articula defensa de Jacobsen en el consejo que, a su vez, debe evaluar el desempeño de jueza Arbilla, imputada por la Justicia penal.

El escándalo judicial que se investiga en Chubut a raíz de una serie de demandas laborales entabladas por un grupo de abogados que, en realidad, enmascaraban un intento de desapoderamiento de bienes de varias empresas que integran el Grupo Indalo quedó atravesado por una trama de poder subterráneo en la localidad de Esquel, que resiste su avance.

Por eso la lupa se posó sobre el tradicional Estudio Gerosa, un bufete de abogados de esa localidad que está comandando por Ricardo Gerosa Lewis. En ese vértice confluyen un esquema de relaciones que involucran a María Eugenia Jacobsen, integrante del Consejo Evaluador que fue designado para definir el juicio político a la jueza civil y comercial Alicia Arbilla, quien está imputada en una causa penal por haber avalado el secuestro de bienes en demandas impulsadas por el presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, José María Venancio.

Mediante esta modalidad, obtenían el secuestro de elementos de Establecimiento Santa Elena SA (la demandada) y Ganadera Santa Elena SRL los que procedían a rematar, siendo Elías Simeoni, ligado a Venancio, el “ganador” que, por un generador valuado en u$s120 mil pagó apenas $92 mil. La justicia penal, consideró a los tres, incluida la jueza Arbilla, partícipes de una misma maniobra. Pero allí comenzó a emerger parte de los lazos de poder que estaban enquistados en la provincia y que reaccionaron ante la exposición del asunto que escaló a nivel nacional.

Así fue que los apoderados de las firmas integrantes del Grupo Indalo impulsaron el juicio político de la jueza por haber culpado a la empresa demandada por las irregularidades que acontecieron bajo su supervisión judicial. Fue allí que Jacobsen -exsocia de la propia Arbilla- resultó sorteada para “juzgar” su comportamiento. Recusada, rechazó apartarse aduciendo que podría decidir con “objetividad” pese a los lazos que la vinculan a la magistrada. Jacobsen y Gerosa se desempeñan en el mismo estudio. Ambos ahora parecen coordinar la defensa de Arbilla, cuya situación, tras la imputación de la fiscal y el aval del juez instructor, había quedado en falsa escuadra. Tanto así que decidió apartarse de otros expedientes que estaban a su cargo por demandas similares entabladas por Venancio.

La situación se complicó al punto de que el nuevo juez que reemplazó a Arbilla ordenó que una serie de bienes secuestrados en esa maniobra judicial y que pertenecían a Ganadera Santa Elena, que no formaba parte de la demanda, fueran restituidos por no tener relación con el objeto de un juicio laboral y haber sido desmesurados en cuanto a los valores que se tramitaban en el expediente. La decisión fue apelada por los demandantes y está a consideración de la Cámara de Apelaciones local, integrada por los jueces Claudio Alejandro Petris Gunter, Enrique Flass y Jorge Luis Fruchtenitch.

Cómo la investigación avanza a dos frentes, Simeoni, que trabajaba articulado con Venancio, resultó embargado y entre los bienes que se congelaron está el generador marca Caterpillar que había obtenido en un supuesto remate. De esta forma, no se puede desprender de él. Existen otras medidas en curso destinadas a confirmar si se urdió un plan para quedarse con varios activos que pertenecían al frigorífico.

Arbilla y Jacobsen trabajaron juntas en el estudio del ya fallecido Eduardo Algañaraz ubicado en la calle San Martín N°1161 de la ciudad de Esquel, y luego atendieron juntas otro estudio jurídico en la calle San Martín N° 429. Ese vínculo ahora se completa con el de Jacobsen y Gerosa en un escenario que ha tenido una escalada inusitada en la Justicia local.

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