Cierran debate universitario

La primera ronda de consultas en el Congreso para darle forma a la nueva ley de educación superior terminará el martes próximo cuando los diputados reciban a estudiantes y docentes terciarios, además de miembros de las Fuerzas Armadas.

Luego de más de dos meses de reuniones en donde tuvieron la posibilidad de llevar propuestas desde los piqueteros K hasta las distintas agrupaciones del agro, comienzan a surgir nuevos puntos clave que podrían llegar a estar en el proyecto final. Según la diputada kirchnerista Adriana Puiggrós, el proyecto debería estar discutiéndose en el Parlamento para antes de fin de año, tal como lo afirmó
Cristina de Kirchner en la inauguración de las sesiones extraordinarias del Congreso, en marzo pasado.

Lo novedoso de las discusiones se centra por ejemplo en que se comience a utilizar, a partir de la nueva ley, un sistema de puntaje que permita al alumno que abandona una carrera retomar otra sin que se pierda lo hecho anteriormente. A pesar de que actualmente eso se logra con un sistema de equivalencias propuesto por cada universidad, este punto permitiría darles valor a todas y a cada una de las materias que el estudiante aprobó previamente.

Otro de los puntos en los que hay acuerdo es en el afianzamiento de la autonomía y autarquíauniversitarias, y en el de profundizar la articulación entre la educación secundaria, terciaria y universitaria.

Después de haber intercambiado opiniones tanto con los rectores de universidades privadas como con los de las públicas, y haber citado a distintos sectores de la sociedad, la Comisión de Educación que preside Puiggrós tiene prevista una segunda ronda de reuniones en cuatro provincias.

Salta, Córdoba, Santa Fe y Chubut será el itinerario por el cual los miembros de la comisión harán una recorrida y utilizarán el mismo método que se usó en Capital Federal.

A pesar de que todavía no hay un proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, las discusiones que se están desarrollando en la comisión tienen como objetivo común cambiar la polémica ley sancionada en 1995 bajo el gobierno de Carlos Menem.

«Las discusiones en el ámbitoparlamentario son más que válidas, aunque realmente el marco o base de la ley que comenzó a regir a partir de 1996 no tendría por qué ser cambiado», sostuvo ante este diarioel vicerrector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Ricardo Beylis.

En principio, la intención kirchnerista sería eliminar los artículos de la ley vigente que fueron más polémicos en su momento, como el que habilita a las universidades a cobrar aranceles.