Final enigmático para el juego de la "Copa", la saga "B&B" y la paradoja de la Justicia "inflamada"

Política

Semana extrema en la paradoja de la judicialización de la política: entre mañana y pasado, Ciudad demanda a Nación ante Corte con pedido de cautelar incluida. Dependen del escrito sus chances de éxito. Sufre reforma judicial y máximo Tribunal no quiere que lo "aprieten" con los plazos. Bruglia-Bertuzzi con mal pronóstico y la despedida de Ercolini.

El artículo 28 del capítulo Tercero de la reforma judicial aprobada por el Senado establece que se transferirá la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Versa sobre robos, homicidios, hurtos y demás cuestiones que permanecen bajo la órbita de la denominada justicia “ordinaria”. En el 31, “se compromete” a transferir los cargos de magistrados, funcionarios y empleados. Pero el artículo 33 fija que “la transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos”, bajo el artículo 75 de la Constitución Nacional y se autorizaba al Poder Ejecutivo a “transferir” a la Ciudad “las partidas presupuestarias que correspondan”. El plan del Gobierno que había sido originalmente conversado con Horacio Rodríguez Larreta era –mediante un asiento de caja- considerar que el costo de la transferencia de la justicia penal “ordinaria” rondaba un punto de la coparticipación que Mauricio Macri le había incrementado so pretexto de la mudanza de las comisarías de la Policía Federal. Así, Rodríguez Larreta no vería un peso de más pero tampoco tendría recortes. Aun así, ya había alistado a su mastín ante la Corte Suprema, Marcelo D´Alessandro para sondear la posibilidad de judicializar la movida.

Pero la crisis policial de la Provincia de Buenos Aires obligó a un drástico cambio de planes en una pelea que recién comienza. La víctima colateral: la reforma judicial que tiene media sanción y en la que nadie reparó. ¿Para qué embarcarse ahora en una pelea con la Ciudad si en definitiva -si se aprobaba la ley- la Nación debería abrir la alcancía para financiar el traspaso de los jueces a la órbita porteña? Uno de sus capítulos ya parece ser letra muerta.

La Ciudad a través de la Procuración General que comanda Gabriel Astarloa trabajó a destajo durante el fin de semana para preparar el escrito que presentarán ante la Corte Suprema entre mañana y pasado. Allí postularán a grandes rasgos la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto con el que Alberto Fernández aplicó la poda de recursos coparticipables en un punto con miras a ampliarlo. Irán ante el máximo Tribunal alegando competencia originaria en una demanda dirigida al Ejecutivo, lo que descarta que encaren en simultáneo la vía del fuero Contencioso Administrativo Federal para impugnar el decreto. En resumen, el planteo girará en torno a la cosa juzgada administrativa para argumentar que Mauricio Macri modificó el histórico porcentaje de coparticipación del 1,4 (por decreto) y lo elevó a 3,75 puntos porcentuales, algo que, afirman, se hizo bajo la normativa vigente. Y que ese acto luego se perfeccionó a la luz del Consenso Fiscal de 2018, y esa porción se redujo al 3,5%, establecido por ley. La apelación será al concepto de “federalismo de concertación” sobre el uso de la coparticipación que tenía como hito el fallo “Agueera”, que siempre marcó una pacífica interpretación hasta un giro doctrinario, donde no se prohibió la denuncia de un distrito respecto a su vínculo con la Nación por asuntos de coparticipación. Pueden dar fe de ello Córdoba, San Luis y Santa Fe, que obtuvieron fallos favorables a fines de 2015. Santa Fe todavía no cobró, demora que no puede achacársele a la justicia solamente.

Para conjurar un litigio eterno, la Ciudad apunta a que se dicte una medida cautelar que incluirá en el planteo más amplio para frenar de inmediato en drenaje. Todo dependerá de qué presenten y de cómo, casi el arte que separa las “planchas del 280” del universo de temas a los que sí se aboca con premura. Pero el partido se juega en la arena pública también. Ocurre una paradoja: en el momento de peor imagen del sistema judicial y de sus integrantes, la política que no logra despejar sus controversias a través del debate, se somete al arbitraje de la justicia para casi todo. Sesión remota, Decreto de TIC, reforma judicial, pastizales, traslado de jueces. Todo tema de agenda termina en tribunales, lo que genera una ingesta de anabólicos exagerada para el Poder Judicial en la vida pública.

Dentro de la discusión técnica que se asoma conviven posturas sobre una demanda imaginaria. La que le da la razón al Gobierno porteño postula que cuando Macri incrementó el porcentaje a favor de la Ciudad lo hizo sacándolos de la porción de los fondos que correspondían a la Nación, es decir, federales. La mecánica actual sería inversa y eso alegan. Pero en la otra vereda, Eduardo “Wado” de Pedro aventuró al fin de la semana un posible efecto no deseado del ímpetu judicializador: si una sentencia de la Corte se lleva puesto el decreto de Alberto, bien podría arrastrar el de Macri de 2016, dejando a la administración porteña en la intersección de la calle Pampa y las vías del tren. Varios gobernadores empezaron a fatigar el teléfono de sus interlocutores en la Rosada para ver si alguna porción de la torta, aunque sea un puñado de millones, les tocan a ellos.

“¿Querés ver una Corte unida? Apretala”. La advertencia se la llevó un interlocutor de Rodríguez Larreta ante el despliegue de fuerzas vivas porteñas que salieron a reclamar por la decisión del Gobierno nacional y, en simultáneo a pedir un fallo expeditivo de la Corte (y obviamente a favor). Pusieron dos ejemplos: el primero el de Leopoldo Bruglia y el de Pablo Bertuzzi que tapizaron de papeles el Contencioso (todos rebotados) y, junto con Germán Castelli acudieron en “per saltum” para evitar que sus traslados queden sin efecto. El segundo fue un fallo de la semana pasada respecto a que provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta presenten informes en el marco de las restricciones a la circulación o acceso dispuestas por el dictado de la ASPO a raíz de la pandemia del covid-19. Eso para quienes invocan la certeza de que la Corte no interviene otorgando medidas cautelares. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales cuidan como un tesoro el poder definir los tiempos. Que la política imponga plazos por sus urgencias, fastidia. Y ocurre que perciben que en un recreo de castigos por parte del kirchnerismo, es el “republicanismo” el que ocupa el rol de hostigador.

La saga de “B&B” como ya puede denominarse la pelea que decidieron dar Bruglia y Bertuzzi tendrá en las dos primeras horas del miércoles un hecho clave. Es el plazo máximo que impusieron los camaristas de la Sala V del fuero Contencioso para que el Consejo de la Magistratura haga su descargo en el amparo que presentaron. Como decía Tu-Sam, “puede fallar”. Nada permite pensar que la Corte no consumirá también esta semana sin revisar el pedido de admisibilidad del recurso por salto de instancia que presentaron. Si esta semana hay novedades en el Senado y se llevan al recinto los traslados objetados tendrán por desistidos los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli directamente bajo el argumento de que pegaron el faltazo a la audiencia con los Senadores, un obsequio de los jueces que no estaba en los planes del oficialismo. ¿Es suficiente para iniciarles un proceso por mal desempeño de sus funciones? Un sector del oficialismo quiere explorar también esta opción. ¿Tenían una opción de retirada sin estridencias?

Para colmo, el viernes, tal como adelantó ámbito la semana pasada, se llevó a cabo el proceso de entrevistas personales para los candidatos en carrera para ocupar los cargos en la Cámara Federal. Desfilaron todos los postulantes entrevistados vía Zoom por Graciela Camaño y Diego Molea por el Consejo de la Magistratura. Es el último paso formal para que la Comisión de Selección empiece a delinear las ternas. Si fuera posible hacer pronósticos, hoy las sillas vacantes de camaristas tendrían los siguientes nombres: el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, el abogado Roberto Boico y el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien tiene para elegir su destino en el electoral 1 de La Plata o en la Cámara Federal. Todo eso descontando para el lector que la cuarta vacante será ocupada por el regreso de Eduardo Farah, de la mano del Senado que paradójicamente lo beneficiará anulando su traslado. Serían malas noticias para Martín Irurzun a quien sus colegas –algunos que lo resistían- votaron para la presidencia del tribunal el año pasado ante un escenario que lo consideraba entonces debilitado.

En la audiencia del viernes desertó formalmente Julián Ercolini que no se presentó a la entrevista y con ello le dijo adiós a sus chances de ascender, algo que era un hecho si Macri reelegía.

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