La Corte "take away", un desaguisado de amparos y el plan de "Los Martines"

Política

Prisma antiguo del Gobierno para leer a la Corte Suprema en pleno tironeo con la Ciudad por su autonomía. Rodríguez Larreta con la brújula imantada apela a tribunal propio para golpe de efecto. El tándem Soria-Mena se ilusiona con que la semana próxima se active en Diputados ley para Procuración.

Alberto Fernández tiene una foto en sepia de la Corte Suprema. Bajo ese prisma desactualizado el Poder Ejecutivo se termina llevando sorpresas, con frecuencia, sobre la dinámica que impera en el máximo tribunal y en aspectos prácticos de lo que implica la discusión colegiada de las posturas que adopta. Esa dificultad de decodificación agravada por la ausencia de interlocución impide previsión de escenarios para el Gobierno. Una muestra de ello fue la conferencia de prensa del viernes donde el Presidente aseguró que la Ciudad de Buenos Aires no puede recurrir a la Corte de manera directa porque la Constitución no la asimila a una provincia. En simultáneo, la Corte remitía a la Procuración General la acción declarativa de inconstitucionalidad que planteó Horacio Rodríguez Larreta, abriendo el trámite. Cuatro horas más tarde, el Ministerio Público Fiscal devolvía la respuesta de que el máximo Tribunal era competente sin demasiada elaboración: hizo un “copy-paste” de su último pronunciamiento similar, cuando le dio curso al reclamo por la quita de coparticipación, donde también se consideró que la encargada de dirimir un conflicto Nación-Ciudad es la Corte.

Con más fuerza de 2019, la mayoría de la Corte (podría decirse 4 votos a 1) ha refrendado en distintos precedentes que la Ciudad posee un estatus particular de ciudad constitucional autónoma federada. Eso no lo equipara al de una provincia en términos análogos. De hecho, la Ciudad no es jurídicamente una provincia. Pero eso no implica que la competencia originaria para litigar en la Corte de manera directa no deba conjugarse de ese estatus particular y de las lecturas coordinadas de los artículos 117 y 129 de la Constitución. Así se interpretó en la causa CSJ 2084/2017, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, del 4 de abril de 2019, en la cita que Laura Monti hizo el viernes respecto a que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte”. La arquitectura jurídica fue rodeada con una serie de fallos de primer anillo al que se agrega “Bazan”, y de segundo anillo como “Corrales”, “Nisman” y “Mármol” que afianzaron esa autonomía porteña, cosechando cerca de 1000 causas que fueron resueltas en la misma dirección.

Por todo ello fue que el diálogo entre los cinco miembros de la Corte para este caso de las clases suspendidas se activó el viernes y se mantuvo expectante durante todo el fin de semana, de manera hermética. Sorprendió sí que el escrito ingresado por Larreta no hubiera solicitado la habilitación de días y horas inhábiles si se pretendía “apurar” a la Corte para una definición que tuviera incidencia para hoy mismo. El máximo Tribunal comenzó –como es de práctica habitual- a explorar caminos de amplio espectro con un menú de opciones que tienen raigambre precisamente en la discusión respecto a la autonomía porteña. No pasó desapercibido que la política nuevamente llevó al terreno judicial desavenencias en una materia novedosa: ya se sometió a los tribunales la política económica, la monetaria, la sanitaria y ahora también la educativa.

Rodríguez Larreta tampoco puede presumir de acertar en la estrategia, pese a insistir en considerar a la Corte como un “take away” donde se ingresan pedidos y se pasan a buscar sentencias. Ya judicializó la “Copa” -donde esta semana se llevará a cabo una audiencia de conciliación-, lo demandó el BCRA por aplicar ingresos brutos a las Leliq, y ahora bajo el mantra de la presencialidad plantea que es la Corte la que debe definir que las escuelas permanezcan abiertas. Hasta ahora no “ganó” lo que no implica que vaya a “perder” en todos los frentes. No funciona así. En algunos despachos oficiales sonó el nombre de Fernando Straface, el secretario general y Relaciones Internacionales del GCBA como el ideólogo de descargar en la Corte el problema. Lo que más fastidió al PRO no fue el cierre de escuelas sino el despliegue de fuerzas federales en su territorio, algo que el jueves consideraban una cuasi intervención.

Si la situación era compleja, la Corte puso pausa y se puso a observar desde arriba lo que ocurría con la justicia porteña y el avance de un amparo presentado por padres y ONG a medida del intento de Larreta. Con rechazos en primera instancia, la fiscal Nidia Karina Cicero había tenido la prudencia de escribir su posición en Twitter reclamándole a Larreta que no cerrara los establecimientos. Luego lo pudo pedir por escrito a la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, de turno durante un domingo frenético en el que tomó la delantera el amparo porteño. Con un tribunal muy en sintonía con la administración larretista, hubo quienes ayer se preguntaban -con toda malicia- qué podría esperar el jefe de Gobierno de la Corte si le llevaba tanto esfuerzo que se pronuncie un tribunal “propio”.

La confusión es total: la justicia porteña (local) falló limitando el DNU presidencial con una competencia originaria aceptada por la Corte de manera simultánea, ¿cuál sería el escenario real para miles de escolares y establecimientos en suelo porteño? Eso más allá de constituir un posible prevaricato, por otorgar una cautelar a sabiendas de la incompetencia del fuero, y porque se trataba de una “queja” la cual tiene un procedimiento más acotado que definir una cautelar. Un desaguisado. Eso también deja expuestos a los jueces que adoptaron esa resolución y el lazo que los vincula con Javier Corvalán, fiscal general adjunto de la Ciudad.

La certeza es que todo termina en la Corte ya sea que el Estado apela (si le dan parte en la Ciudad) o denuncia que una Ciudad está incumpliendo el DNU. El conflicto escala de manera exponencial. El fallo porteño tiene demasiadas falencias técnicas.

Como si no hubiese suficiente desorientación, la Asesora General Tutelar de la Ciudad y exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley presentó otro amparo colectivo pero esta vez en el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el DNU de Alberto. Invocó su legitimación en el cargo que ostenta, no reparando quizá, en los precedentes judiciales que afirman que ser funcionario no otorga automáticamente legitimidad para representar a un colectivo. De hecho, el jueves mismo la corte volvió a recordarlo en el caso “Grindetti”, por Néstor, que como intendente de Lanús había demandado a una eléctrica aduciendo la representación de sus gobernados. Por 4 votos, la Corte les pegó un sacudón a todos los intervinientes.

Si el Gobierno Nacional maneja su relación con la justicia sin instrumental y a ciegas, el Gobierno porteño lo hace con todo el parabrisas empañado. Parece un mal momento para los falsos influyentes también.

Quienes podrían tener algo para celebrar en todo este panorama convulsionado son “Los Martines”, como podría denominarse al equipo que rápidamente han formado Martín Soria -como Ministro de Justicia- y Juan Martín Mena como su segundo. La rápida sintonía se ha puesto un objetivo primordial: sacar adelante la Ley de Ministerio Público Fiscal para designar a un Procurador General. Mantuvieron reuniones exitosas con unas 14 mujeres fiscales y con el díscolo Carlos Rívolo, al que le lograron extraer definiciones favorables para avanzar en la modificación de la Ley que está empantanada en Diputados. Como adelantó Ámbito, el mensaje presidencial fue hacer las modificaciones que sean necesarias para que tenga un trámite favorable en Diputados. Eso incluye cambiar gran parte de lo inviable de su redacción actual sobre todo con respecto a la potestad sancionatoria de fiscales y las mayorías necesarias. Tampoco se plasmará el “cogobierno” por parte de la Bicameral.

La hoja de ruta de Soria incluye mañana una reunión con el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle y el miércoles con Stella Maris Martínez, la titular de la Defensoría General de la Nación, que tiene modificaciones en “espejo” para los defensores. El jueves, el cronograma incluye que el Ministro acuda a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con la esperanza de que la semana siguiente se active el tratamiento de las modificaciones. Como prenda de negociación, el oficialismo asegura que ninguno de los cambios que se hagan en Diputados cuando regrese al Senado se le tocará una coma.

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