Poda. El Senado sancionó ayer la ley que recorta fondos a la Ciudad y dispone 60 días para acordar monto por transferencia de Policía.
En una jornada de maratón legislativa, sesionaban ayer al mismo tiempo Diputados, Senado y la Legislatura porteña, que debatió entre muchos proyectos, el combo de normas económicas para 2021. Al mismo tiempo el Senado le daba sanción definitiva a la norma que impone una quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires en función de los recursos destinados al traspaso de la Policía, que el Gobierno nacional sostiene que se calcularon de más.
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El debate por la quita de los recursos en el Senado se repicaba en el recinto de la Legislatura porteña, donde la discusión sobre el “Presupuesto de contingencia” de Horacio Rodríguez Larreta se centró prácticamente en la pelea entre el oficialismo porteño y el Frente de Todos por el recorte que le propinaba la ley. En todo momento el oficialismo de la Ciudad (Vamos Juntos) aclaraba, de todos modos, que si “la Corte falla a nuestro favor” y se le reintegran los fondos podados, las medidas de ajuste y los nuevos impuestos “desaparecen”. Hasta ahora no logró Larreta que esa presión sobre los jueces del máximo tribunal tuviera respuesta. Pero, tendrá otro capítulo ya que el jefe de Gobierno piensa recurrir nuevamente a la Corte en contra de la ley que aprobó ayer el Senados. Según los cálculos del ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, ahora el recorte es mayor. A los $52 mil millones que restó en el Presupuesto, con la ley, una vez que se aplique, se reportarán $13 mil millones más. Esa cifra, el Gobierno de la Ciudad la recuperará con el aumento de un punto más en Ingresos Brutos a Leliq y operaciones de pases. En principio, tal como anticipó este diario, la iniciativa del plan de gastos para el año electoral, incluía levantar la exención del pago de Ingresos Brutos a las operaciones financiera, de modo que pasarían a tributar 7%. Con el nuevo ajuste que lleva el recorte a $65 mil millones y mediante una corrección que propuso ayer en el recinto porteño Claudio Romero, titular de la Comisión de Presupuesto, pagarán 8% todas las operaciones financieras. Se incorporó también el impuesto a los Sellos, de 1.2% sobre los gastos mensuales con tarjetas de créditos que comenzará a aplicarse el mes que viene, medidas con las cuales Mura espera recaudar $32.500 millones.
La presentación de las leyes de Presupuesto, Código Fiscal y Tarifaria estuvo a cargo de Romero, quien, como otros legisladores de su bloque Vamos Juntos, fustigó al Gobierno nacional por la quita de fondos. El legislador dijo que la “quita salvaje no es a Horacio Rodríguez Larreta, no es a Mauricio Macri, es mucho peor: es al corazón de la autonomía porteña, a los vecinos y a las finanzas de un distrito, violando todos los principios del federalismo, en medio de una pandemia”.
Del Frente de Todos, Claudio Ferreño, titular de la bancada, apuntó partidas que el Gobierno porteño y retrucó que “no se le saca dinero (a la Ciudad), sino que se está corrigiendo lo que se hizo mal” y que “este año, se giraron $922 mil millones desde Nación” se remitieron también “$76.000 millones por el covid”. Desde la oposición también hubo críticas al destino de algunas partidas presupuestarias, mientras que Romero aseguró que “Con orgullo (pese a la caída en la recaudación producto de la cuarentena y la quita de la copa) podemos decir que se sostienen las partidas destinadas a las áreas esenciales como Seguridad, Educación, Salud y Desarrollo Social, que significan más del 51,% del Presupuesto”.
Las leyes económicas finalmente se sancionaron con 39 votos a favor de Vamos Juntos y aliados y 20 en contra.
En el Senado, durante la sesión especial, la ley del recorte de fondos que además dispone 60 días de tregua para acordar un monto a transferir, se aprobó con 40 votos contra 25.
Del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnún advirtió que la oposición plantea “permanentemente una judicialización de las leyes” y que hay quienes pretenden “socavar” al sistema republicano en lo que parece, dijo, “una democracia de los jueces”. De la misma bancada, Mariano Recalde, dijo que no se trata de “quita ni de coparticipación” sino que lo que se busca “es corregir y enmendar” una “inequidad” y “algo que se hizo mal” y acusó a Larreta, de “cínico” por querer “echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales”. Oscar Parrilli consideró que Macri “hizo un uso autoritario del poder” al decretar puntos de coparticipación para los fondos de transferencia de la Policía y que la Ciudad se benefició “con privilegios” que “ofenden a los argentinos”.
De Juntos por el Cambio, la senadora Guadalupe Tagliaferri, criticó al oficialismo porque, dijo que “hicieron especulaciones políticas electorales” y “han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica”.
El radical Martín Lousteau, consideró que Alberto Fernández “modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro” y aunque reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más “relegadas” en la redistribución de fondos, acusó al peronismo como responsable de esa situación.
Esteban Bullrich (PRO), le respondió a Sacnún diciendo que lo que se judicializa “es el abuso de la mayoría” y que irán “a la Justicia” porque creen “en la independencia de poderes”. De esa forma el Senado aprobó la ley que le giró Diputados con la modificación que dispone un período de negociaciones de 60 días para acordar el monto que se transferirá que en principio se calculó en $24.500 millones ajustables trimestralmente como recursos por el traspaso de la Policía.
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