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Sólo en Capital Federal había que elegir entre 39 boletas de distintas agrupaciones políticas y no había más de un presidente y dos o a lo sumo tres fiscales por mesa para vigilar y disponer la reposición de las listas depredadas. Si en esta elección el gobierno prometió obras e inversiones por 22.000 millones de pesos (unos 7.300 millones de dólares en cifras conocidas sólo hasta el 15 de setiembre y luego aumentadas), ¿no podría disponerse un monto para instalar en el país el voto electrónico que ahorra impresión de boletas y elimina -aunque nunca totalmente- posibilidades de maniobras antidemocráticas?
Claro, hay que querer a la democracia y no aspirar a burlar el voto de los ciudadanos en provecho propio. Por eso el voto electrónico parece que tardará en avanzar en la Argentina más allá de las pruebas experimentales reservadas al padrón chico de extranjeros en dos distritos de la provincia de Buenos Aires y un ensayo no vinculante que se hizo en Capital.
Aquí se sabe que siempre hay votos falseados en cada elección y se tiende a afirmar que, pese a existir, no es decisivo en los resultados finales. Pero podría serlo, con un gobierno de centroizquierda en el poder que aumentó enormemente la iracundia de cualquier comicio. Destruir los viejos archivos antisubversivos de la SIDE y usar este organismo en provecho propio contra los «enemigos liberales», el voto pago en niveles no conocidos y la necesidad de afirmarse con resignación en urnas en que no se cree son características de la nueva época con «progresismo» reinante.
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