Siete años después y con el mundo convulsionado ante una inminente guerra cuyo final es impredecible y perturbado por el horror del devastador atentado terrorista que golpeó el corazón del poder financiero y militar de los Estados Unidos, la Justicia argentina llevará al banquillo de los acusados a los primeros sospechosos de estar vinculados con el ataque a la mutual israelita, AMIA. El esperado juicio comenzará el lunes a las 14 y será largo.
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El atentado ocurrió a las 9.53 del 18 de julio de 1994, dos años después de la voladura de la Embajada de Israel, el primer atentado terrorista de Latinoamérica atribuido a grupos fundamentalistas islámicos. La explosión de la AMIA provocó la muerte de 85 personas, 300 heridos y una sensación de indefensión ante una nueva forma de violencia y terror en el mundo.
La Justicia intentará encontrar a los responsables de la «conexión local» iraní que permitió organizar el ataque. Al juicio -que se realizará en el subsuelo de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002- llegan 20 acusados. Cinco de ellos están considerados «partícipes necesarios» del atentado por haber tenido en sus manos la camioneta Trafic que se usó como coche bomba.
El reducidor de autos Carlos Telleldín, el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli y sus ex subalternos en la fuerza Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro corren fuerte riesgo de ser condenados a prisión o reclusión perpetua, de acuerdo con las penas que se anticipa pedirán los fiscales y las querellas.
Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo aceptaron a unos 1.500 testigos entre los propuestos por todas las partes y rechazaron a 200.
Pese a siete años de investigación, el Tribunal Oral Federal N° 3 sólo abordará una minúscula parte de la trama urdida para cometer el atentado que hizo volar la AMIA cuando un coche bomba con 300 kilos de explosivos se incrustó en la puerta de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. El juez federal Juan José Galeano ya abrió 60 nuevos expedientes en la causa por el atentado a la AMIA en base a datos aportados por personas que pretenden cobrar una recompensa por la información.
A lo largo de los diez meses que durará el juicio se intentará dilucidar cómo se organizó y perpetró el atentado. Según Galeano, el reducidor de autos Carlos Telleldín habría entregado una camioneta Trafic que fue utilizada como coche bomba a cuatro policías bonaerenses. La acusación apunta al ex comisario Ribelli y detrás de él a sus subordinados Leal, Ibarra y Bareiro y otros imputados por delitos conexos como presuntos secuestros extorsivos, falsificación de documento o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El mecánico y reducidor de autos Telleldín habría transmitido su interés de acogerse a la «ley del arrepentido», que prevé la reducción y conmutación de penas para quienes ayuden a esclarecer un crimen. Ribelli acusa a Telleldín de haber cobrado presuntamente $ 400 mil pagados por la SIDE a través del juez Galeano, quien instruyó la causa, para incriminarlo y arruinar su carrera «estrella» en la fuerza que dirigía el fallecido Pedro Klodczyk.
Para las querellas unificadas AMIADAIA y Familiares de Víctimas no cabe otra condena que la reclusión perpetua -máxima del Código Penal-para los cinco principales acusados. En este punto, es total la coincidencia con los fiscales federales.
Los fiscales retoman una y otra vez la sospechosa «herencia» anticipada de 2,5 millones de dólares que Ribelli y sus cuatro hermanos habrían cobrado de su padre un día después de la presunta entrega de la Trafic, el 11 de julio de 1994. También aluden a escuchas telefónicas y a viajes del entonces comisario a la zona de la Triple Frontera.
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