En despachos del PRO consideran que, en primer término, la construcción de la estructura judicial le permitirá a la Ciudad cumplir con una demanda constitucional que lleva 30 años sin ver la luz (“La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”) y con el fallo “Levinas” de la Corte Suprema que la equipara con el resto de las provincias.
En segundo lugar, aseguran que agilizará los tiempos de sentencia en las causas entre empresas y trabajadores y que, como consecuencia, se generará un beneficio para ambas partes. Además, afirman que se pondrá fin a lo que denominan como la “industria del juicio”.
Para los libertarios, el traspaso permitirá cerrar un fuero nacional al que catalogan como “afín al kirchnerismo”. En el ala dura del PJ porteño devuelven la acusación: “Quieren armar un fuero pro-empresarios” que resuelva rápidamente y en favor de las compañías las nuevas demandas que acumularán como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral.
A la hora de defender la sanción, la jefa de bloque de Vamos por Más (PRO+CC), Silvia Lospennato, destacó su importancia para consolidar la autonomía de CABA. “Creemos que merecemos elegir a quienes van a juzgarnos. Estamos a las puertas de crear una Justicia Laboral propia, de cero, y es un desafío grande y tenemos que hacerlo bien”, dijo.
“Esto es un punto de partida. Tenemos mucho para trabajar, pero creemos que es una oportunidad de tener una Justicia más moderna y más ágil, que le facilitará la vida a los vecinos de la Ciudad”, afirmó a su turno Aldana Crucitta, legisladora de la UCR y presidenta de la comisión de Seguridad en el marco de la sesión.
Para Graciela Ocaña, de Confianza y Desarrollo, el acuerdo es “un paso importante” en el proceso de la autonomía porteña. Afirmó que es una oportunidad de construir una Justicia “que no reproduzca los vicios” de la Justicia Nacional y que pueda dar respuestas “en tiempos razonables”, porque detrás de cada expediente “hay una persona que perdió el trabajo y que está reclamando una indemnización o empleadores que necesitan reglas claras”.
Desde el bloque peronista, Claudia Neira manifestó la postura ambivalente del bloque. Por un lado, afirmó que se trata de “un paso adelante” en materia autonómica y que como legisladores porteños están “llamados a preservar las normas que defienden la autonomía de CABA”.
Por otro, la legisladora criticó que el proceso se está llevando a cabo sin que se conozcan detalles sobre los fondos que deberán convenir CABA y Nación, y que también se circunscribe en la ley de reforma laboral: “Es un dato que no podemos soslayar. Si esto avanza, lo que hay que discutir es para qué queremos una Justicia laboral y al servicio de qué intereses estará”.
CABA tendrá su propio fuero laboral: cómo estará compuesto
El diseño del nuevo ámbito judicial estuvo a cargo del ministro Tapia y del secretario de Justicia, Francisco Quintana. El primer paso en el camino hacia su conformación fue la aprobación de la ley 6789 en diciembre de 2024, mediante la cual se autorizó la creación de diez juzgados de primera instancia y de dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Luego llegó la firma del acuerdo por parte de Adorni y de Tapia -en medio de un clima de deshielo entre Javier Milei y Jorge Macri tras meses de tensiones y críticas cruzadas-, en el que Nación acordó con CABA traspasar las competencias y los recursos, y avanzar en la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.
La sanción consumada esta jornada blinda dicho acuerdo, que en los papeles implica que la Capital se hará cargo de la función judicial “en materia laboral ordinaria”, es decir, tendrá bajo su tutela la resolución de los conflictos individuales entre empresas y empleados originados en el distrito.
Pero su implementación no será inmediata, sino que se realizará de forma progresiva. Por lo pronto, CABA tendrá 180 días para instrumentar los cambios, entre ellos, la designación de los nuevos jueces. Y el convenio no entrará en vigencia hasta tanto se suscriba un acuerdo específico sobre la transferencia de fondos.
Una vez superadas ambas instancias, las causas iniciadas antes de la puesta en marcha del nuevo fuero continuarán tramitando en la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se dicte su sentencia definitiva. En cambio, aquellas que se inicien con posterioridad quedarán radicadas en forma exclusiva ante el fuero del Trabajo de CABA.
El traspaso, según explican en el Gobierno porteño, no implica la transferencia de jueces ni de los tribunales nacionales. El fuero laboral nacional será cerrado y las causas por conflictos colectivos y sindicales serán absorbidas por el fuero Contencioso Administrativo.
La ampliación del fuero y la discusión por los recursos
El plan de Macri y de Tapia es bastante más ambicioso que el original. La idea del jefe de Gobierno y del ministro de Justicia es crear una estructura espejo a la nacional, pero con un esquema de “oficinas de gestión integrada” que no trabajarán para un juzgado específico, sino que realizarán tareas determinadas de acuerdo a la etapa del proceso.
La ley porteña proyecta un fuero con diez juzgados y dos salas, lejos del tamaño que actualmente tiene la Justicia Nacional Laboral, donde funcionan 80 juzgados y diez salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Para subsanar esa diferencia y evitar un problema de capacidad, la Legislatura tiene bajo análisis un proyecto del oficialismo que propone equiparar dimensiones. De todas maneras, fuentes gubernamentales afirman que el objetivo “es arrancar con 20 juzgados, aunque el ideal es 60". La iniciativa aún no fue tratada, pero esperan que se sancione antes de que finalice el período actual.
Por lo pronto, en el Gobierno porteño ponen febrero como plazo de inicio del nuevo fuero. Reconocen que es una meta ambiciosa, pero que la decisión política del jefe de Gobierno es no demorar. A más tardar, entraría en funcionamiento sobre el final del primer trimestre de 2027.
Para cumplir con esa meta, el Consejo de la Magistratura porteña envió los pliegos de los jueces que concursaron para los primeros cargos. Los nombres se encuentran bajo la revisión de la Junta de Ética y Acuerdos de la Legislatura que preside Matías Lammens, un ámbito sobre el que tienen influencia Juan Manuel Olmos y Angelici. Las designaciones pasarían sin sobresaltos.
De todas maneras, para que efectivamente entre en funcionamiento el fuero del Trabajo de CABA aún restan pasos. Por lo pronto, la Justicia federal deberá resolver sobre la cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Se trata de una suspensión “preventiva” hasta tanto Nación y Ciudad alcancen “los acuerdos necesarios” para la transferencia completa de las competencias. Lo mismo ocurre con una cautelar dictada en marzo en favor de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
Si bien la etapa más compleja ya pasó -ambos Parlamentos dieron el visto bueno-, también queda por resolverse la discusión por los fondos. Según el propio acta de entendimiento, la transferencia de competencias deberá concretarse junto con el envío de los correspondientes recursos que garanticen su funcionamiento. En el PRO afirman que exigirán a Nación los ingresos necesarios, pero aclaran que están dispuestos a echar a andar el fuero con plata propia mientras siguen negociando.
En el marco de la sesión, la legisladora del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, planteó sus quejas sobre el traspaso, rechazó su aprobación y reclamó que tanto la Ciudad como Nación “tengan en cuenta la situación de los trabajadores, que deben ser traspasados y a los que se les tiene que reconocer sus derechos laborales y antigüedades”.
Sintonía parlamentaria: LLA y el PRO aprobaron la reforma del Banco Ciudad
Más allá de las coincidencias entre el macrismo y los libertarios sobre la agenda judicial, la sanción se encuadra dentro de una serie de acuerdos para el tratamiento de proyectos impulsados por LLA. Algunos ya vieron la luz, como la adhesión al RIGI, la creación del RIMI CABA y la desregulación de la VTV.
En la sesión de este jueves, mientras el PRO celebraba la aprobación del traspaso judicial, Pilar Ramírez y compañía también se anotaron su propio triunfo: la reforma del artículo 45 de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, un cambio que modificará la capacidad de la entidad pública para brindar soluciones habitacionales a los porteños.
El proyecto modifica el inciso “d”, el cual actualmente indica que la entidad pública debe destinar el remanente de utilidades a la preservación del patrimonio del Banco, mientras que el excedente debe distribuirse al Gobierno de la Ciudad para financiar obras nuevas “con fines sociales” y “soluciones habitacionales”.
El proyecto eliminó la obligatoriedad de destinar la totalidad del remanente para “fines sociales” o iniciativas que promuevan soluciones vinculadas al déficit habitacional que existe en la Ciudad. En cambio, con la nueva redacción, se destinaría, como mínimo, un piso del 25% a créditos hipotecarios y a “obras de infraestructura”.
La iniciativa impulsada por Nicolás Pakgojz, expresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, recibió dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera y fue aprobada esta tarde con los votos de LLA, el PRO, la Coalición Cívica y la UCR.
El peronismo, Confianza y Desarrollo y la izquierda, en tanto, votaron en contra. La legisladora de Fuerza Buenos Aires, Berenice Iañez, afirmó que la medida generará un perjuicio para el Gobierno que “estará prescindiendo de su rol de organizador y promotor de la política pública” en materia de vivienda. “Así, seguramente vamos a continuar viviendo en una Ciudad donde el déficit habitacional se pronuncie cada día más”, se quejó.
“Comprar es imposible. Accede muy poca gente a un crédito. Mucha gente elige alquilar, pero también es difícil”, dijo el jefe del bloque larretista, Emmanuel Ferrario, y planteó que “no hay manera de proyectar un futuro en la Ciudad si la gente no sabe dónde va a vivir”. El proyecto, dijo, va a favorecer a los que ya pueden acceder a préstamos, no prioriza a los que buscan comprar una primera vivienda y no resuelve el problema del ahorro previo.
La aprobación de la modificación es un reflejo de los tiempos que corren en CABA, pero también a nivel nacional. Los libertarios buscan bajar al distrito las políticas desregulatorias de Javier Milei y empujan al PRO a endurecer su posición para sostenerse competitivos de cara a las elecciones de 2027.
“El contexto de Jorge Macri no es el mismo que el de Larreta. Esa época ya no existe. Cambió. Hoy el PRO tiene que recuperar los votos que perdió a manos de La Libertad Avanza si es que quiere seguir gobernando”, argumentó un importante dirigente del oficialismo que camina los pasillos de la Legislatura.
Las propuestas violetas, enfocadas en la reducción del Estado a través de la baja de impuestos en beneficio de contribuyentes de medianos y altos ingresos, borraron del mapa a las políticas públicas que favorecían a los sectores vulnerables, entre ellas, las que promovían la urbanización de barrios populares.
Macri fue quien primero abrió el juego en esa discusión al afirmar que su objetivo es recuperar el crédito para la clase media. Los libertarios se hicieron eco y blandieron la espada sobre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en un intento de cierre que no prosperó, pero que tuvo su correlato en un acuerdo con el PRO para cambiar la carta orgánica del Banco Ciudad.
Subte gratis: más beneficios para jubilados
Durante la jornada, la Legislatura también sancionó, esta vez por amplia mayoría, un proyecto impulsado por Graciela Ocaña que modifica la ley 6.817 de gratuidad del transporte subterráneo para jubilados y pensionados y personal retirado de las fuerzas armadas y de seguridad.
Los cambios permitirán simplificar el trámite para acceder al beneficio. Hasta ahora se exigía ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar la constancia de ARCA y tramitar la certificación negativa de ANSES, requisitos que se añadieron en la reglamentación. “Eran trámites que, a nuestro juicio, eran innecesarios”, dijo Ocaña esta tarde.
La legisladora manifestó que los requisitos no estaban previstos en la ley original y que el objetivo de la nueva normativa es subsanar ese error. “En este proyecto lo que buscamos es reglamentar la ley tal y como era su espíritu original”, agregó. En adelante, el trámite podrá realizarse en todas las sedes comunales de CABA presentando solamente DNI y recibo de haberes.
Parto respetado
Por último, se aprobó una modificación a la ley de Parto Respetado impulsada por la legisladora de Fuerza Buenos Aires, Claudia Negri, que permitirá garantizar el acceso a la analgesia y anestesia peridural a las personas gestantes “como parte esencial del ejercicio efectivo de los derechos”.
La ley actual no contempla de forma explícita el acceso a métodos de alivio del dolor durante el trabajo de parto. Tampoco establece obligaciones concretas respecto de la disponibilidad de la analgesia y anestesia peridural obstétrica en los hospitales de CABA, algo que sí ocurre en los establecimientos privados aunque la persona deba cubrir el costo con dinero propio.
“Venimos a saldar una deuda histórica de la Ciudad con todas las mujeres que van a poder pedir una anestesia para culminar su trabajo de parto vaginal”, remarcó Negri, quien afirmó que los protocolos están listos “para que el cambio se ponga en marcha a la brevedad” en los servicios de salud públicos porteños. Thourte y Lospennato celebraron la propuesta, que recibió aprobación por unanimidad.
Beneficio para jubilados veteranos de Malvinas
En una maratónica sesión, también se sancionó la extensión del subsidio establecido por la Ordenanza 39.827 para veteranos de Malvinas para que pueda ser percibido una vez que accedan a la jubilación. El proyecto fue presentado en 2025 por la Defensoría del Pueblo de CABA y el legislador porteño, Andrés La Blunda, lo retomó al asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
“Este proyecto garantiza que los agentes del Gobierno de la Ciudad que son veteranos de la Guerra de Malvinas continúen percibiendo, después de jubilarse, el subsidio mensual establecido por la Ordenanza 39.827 de 1984. El proyecto no modifica el sentido de aquella norma. Lo actualiza. Lo hace coherente”, sostuvo.
La legislación permite reconocer a aquellos veteranos que, a más de cuatro décadas de la guerra, son actualmente personas mayores y que, debido a la edad, las consecuencias de la guerra y la posguerra y a la disminución de los ingresos al momento de jubilarse, pueden estar atravesando una situación de vulnerabilidad.
La Blunda también planteó que la causa Malvinas "no es una causa anclada en el pasado ni una consigna reservada para las efemérides" y que el reconocimiento a los veteranos forma parte de una concepción más amplia. “Malvinizar en democracia significa reconocer a los veteranos durante toda su vida. Significa honrar a los caídos y acompañar a sus familias. Significa construir memoria con verdad. Significa defender la soberanía por medios diplomáticos y pacíficos”, cerró.
