Con el protocolo vigente, no se ejecutó desalojo antipiquete

El mentado protocolo anti-piquete experimentó un estreno fallido en la ciudad de Buenos Aires, donde una movilización de trabajadores estatales enrolados en el gremio ATE, en el marco de un paro nacional, generó un caos de tránsito en el centro porteño.

En realidad, la medida anunciada por el Gobierno, en teoría, para evitar lo que finalmente sucedió este miércoles, pasó prácticamente inadvertida, si no fuera por una única intervención policial en horas de la mañana para desalojar un corte en la avenida Corrientes y Callao.

Desde temprano, los manifestantes se fueron concentrando en sitios clave de la Capital Federal, como las inmediaciones del Obelisco y el cruce de 9 de Julio y la avenida De Mayo, donde se interrumpió completamente el tránsito, incluyendo el flujo de colectivos por los carriles del Metrobús -al menos hasta pasadas las 13:00-.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del protocolo, se encontraba este miércoles en el exterior del país y, según afirmó, delegó en su par de la Ciudad, Martín Ocampo, la aplicación de medidas tendientes a prevenir que la marcha de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) afecte, como sucedió, el derecho a circular libremente de miles de personas.

Pese a que el gobierno porteño que lidera Horacio Rodríguez Larreta ya tiene a su cargo a la recientemente traspasada Policía Federal Metropolitana, las fuerzas de seguridad casi no entraron en acción y ni siquiera intervenían, en algunos casos, para al menos guiar a los automovilistas que pugnaban esquivar los cortes en plenos caos de tránsito.

En este sentido, según pudo observar NA en la zona de la avenida Belgrano y 9 de Julio eran los mismos piqueteros los que indicaban a los conductores que tenían que desviarse e incluso trataban de ordenar el flujo de vehículos, frente a una pasiva y hasta urticante actitud policial.

ATE se movilizó hacia Plaza de Mayo para repudiar la ola de despidos en el Estado nacional, así como también en provincias y municipios, y expresar al mismo tiempo su rechazo al flamante Protocolo para Manifestaciones Públicas, estrenado formalmente este miércoles.

Otras marchas similares, aunque de menor envergadura, se realizaron en el interior del país, con la participación de trabajadores estatales y militantes de izquierda.

En la Capital Federal, minutos después de que manifestantes bloquearan el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, la fiscal contravencional Andrea Scanga instó a las fuerzas de seguridad a liberar algunos carriles para garantizar de ese modo el derecho al libre tránsito.

Al mismo tiempo, la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la implementación del protocolo anti-piquetes en el ámbito porteño, aunque en la Jefatura de Gobierno hicieron caso omiso.

En lo referido a la cuestión judicial, fuentes judiciales informaron a NA que el tribunal rechazó un habeas corpus preventivo presentado por ATE Capital y la Defensoría General de la Ciudad en contra de la norma.
En la presentación se había cuestionado que a través del dictado del protocolo se invadía, supuestamente, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

En la práctica, prácticamente nada cambió este miércoles en comparación con anteriores jornadas de protestas callejeras en la Capital Federal, donde la circulación en la vía pública se tornó caótica en medios de transporte públicos y privados, en otra jornada de calor extremo en esta región del país.

En medio de un malhumor generalizado entre quienes debían movilizarse por la Ciudad, ni siquiera los taxis aceptaban en horas de la mañana viajes hacia la zona céntrica porteña por temor a quedar bloqueados en medio de la marcha.