Congreso: presión sobre el oficialismo por no implementar ni promulgar leyes sancionadas

El 21 de octubre es la fecha límite para oficializar las leyes de financiamiento universitario y los fondos para hospitales pediátricos.

Javier Milei junto a los presidentes de ámbas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem.

Mariano Fuchila

Desde el inicio de la gestión, la capacidad de avance y de creatividad para la interpretación constitucional le resultó al Gobierno para un primer año de triunfos parlamentarios casi sin excepciones. Eso se revirtió en el actual ciclo, en el que la oposición construyó una mayoría tan contundente que se apropió de la agenda del Congreso para sancionar leyes y revertir vetos. Aunque tuvo que cambiar de libreto, Casa Rosada no alteró el rumbo: se apoyó en la inventiva para encontrar las alternativas institucionales y evitar poner en práctica propuestas que no diseñaron.

El precedente más concreto, y que aún continúa en discusión, es la falta de implementación de la emergencia en discapacidad. Después de aprobarla y superar el veto en ambas cámaras, el Gobierno promulgó la ley a través del Decreto 681/2025, pero instó al Congreso a que "incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley". En Diputados, desde donde apuntan a que la redefinición de fondos es una tarea del Ejecutivo, avanzan con una interpelación a Guillermo Francos por haber firmado ese decreto. De no conformar sus explicaciones, la convocatoria contempla un pedido de remoción de su cargo, pero esa opción aparece más lejana.

Desde la oposición temen que las mismas palabras del decreto se repitan cuando se promulguen las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, lo que llevaría a otra postergación de fondos para dos sectores que impulsaron sanciones legislativas desde el comienzo de este año. Además de una convocatoria de médicos y académicos para el próximo el martes (día que vence el plazo de promulgación), ya hubo varios contactos hacia las autoridades parlamentarias para garantizar su implementación. Por caso, el diputado Oscar Agost Carreño le envió una carta a Martín Menem, donde le solicita que "el Congreso adopte medidas preventivas que impidan que una decisión legislativa perfeccionada sea desnaturalizada mediante la omisión o manipulación de la promulgación".

Guillermo Francos y Martín Menem, dos de los apuntados por la oposición legislativa.

Menem también fue señalado este mismo jueves por parte del diputado Maximiliano Ferraro, quien lo acusó de no remitir dos proyectos sancionados en la última sesión de Diputados (la reforma de DNU y la emergencia en ciencia) hacia el Senado, lo que prácticamente imposibilita que estos temas sean tratados en el recinto de la Cámara alta antes de las elecciones, cuando puede modificarse la ecuación de la mayoría opositora. "Salen hoy. Hubo mucho laburo", le explicaron a Ámbito desde el entorno del riojano.

Si se sigue esa línea, podría explicarse la carga laboral por la intensa actividad de comisiones que existió esta semana en Diputados. Esta anomalía se decantó, precisamente, de otra de las posturas parlamentarias del oficialismo: la falta de convocatoria a todo proyecto opositor, lo que obligó a reiterados pedidos de emplazamiento. Como referencia, en la última sesión se definieron siete emplazamientos, incluyendo -por temor a un nuevo año de discrecionalidad- fechas y horarios para debatir el proyecto de Presupuesto 2026.

La gestión de la Presidencia de Diputados superó una prueba esta semana, en donde Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones cargaban una interpelación para el 15 de octubre. El resultado fueron sus ausencias y la imagen de Martín Menem en un recinto vacío. Antes de que esa escena ocurriera, el riojano convocó una noche antes a todos los jefes de bloque, que le pidieron que se conozcan de antemano los faltazos: es así que llegó un comunicado en la mañana del miércoles en donde los funcionarios anunciaban "su imposibilidad de asistir" a la sesión.

La respuesta de los jefes de bloque fue remitirle una nueva nota a Menem -que en diciembre puja por renovar su cargo y necesita de consensos de todos los bloques- requiriendo la reprogramación de las interpelaciones. Al menos Lugones estaría dispuesto a asistir, aunque en el marco de la discusión por la ley de Presupuesto. Hasta el recambio legislativo, y más aún si La Libertad Avanza consigue un resultado positivo en las elecciones, no parece haber indicio de que la oposición consiga otro resultado de sus demandas.