Congreso: reactivan comisión para nombrar al Defensor del Pueblo

Política

El kirchnerismo no hizo nada por este cargo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013. Cambios en reglamento para evitar tropiezos de 2017.

El cargo del Defensor del Pueblo, que representa a los ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos, es una insólita vacante que dejó el kirchnerismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013. Tras el fracaso del año pasado en las negociaciones entre oficialismo y oposición, el Congreso reactivará la comisión bicameral para avanzar con este tema.

Tras un acuerdo político entre diferentes bloques, la senadora Marta Varela (PRO-Ciudad de Buenos Aires) volverá a presidir la bicameral. La legisladora ya lo hizo entre 2016 y 2017, pero ahora deberá votarse una nueva conformación -está agendada una reunión para la semana próxima- tras el recambio parlamentario de diciembre pasado.

Varela ya solucionó una pesada carga que tenía el Congreso el año pasado con respecto a la integración del Comité contra la Tortura, que entre sus principales funciones se encuentra la de monitorear los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.

La historia de este comité comenzó en 2002, cuando el país participó del proceso por el que se adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

Argentina fue el sexto país en ratificarlo, el 15 de noviembre de 2004, aunque el protocolo facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006. Recién a fines de 2012 -cada país debía generar su propio mecanismo- el Congreso, entonces con cómoda mayoría kirchnerista en ambas cámaras, sancionó la creación del "Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", ley que se reglamentó el 7 de enero de 2013.

A partir de allí, el Frente para Victoria cajoneó la instrumentación. En el entonces Senado K, uno de los principales defensores fue el actual diputado nacional del cristichavismo Daniel Filmus, recordada espada del Memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán.

Con respecto al Defensor del Pueblo, oficialismo y oposición buscaron negociar sin éxito el año pasado. Tras varias vueltas, durante el último trimestre de 2017 quedó definida una terna integrada por el cordobés Humberto Roggero, propuesto por el PJ; el economista Jorge Sarghini, impulsado por el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa -reapareció en las últimas horas junto a gobernadores justicialistas, en medio de la tormenta cambiaria-; y el actual defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor.

Tras un ramillete de críticas de las organizaciones no gubernamentales y la falta de acuerdo para votar a uno de los tres postulantes, la discusión quedó frenada a fines del año pasado e incluso quedaría demorada hasta 2019, con todo lo que implican los frenos parlamentarios en temporada electoral.

En primer lugar, la bicameral trabajará en un nuevo reglamento para impulsar un esquema de audiencias públicas de cara a las nuevas postulaciones que se presenten para el cargo del defensor. Además, la comisión trabajará en tres informes: Comité contra la Tortura, Procuración Penitenciaria, y Defensoría.

Además de Varela, los senadores que integrarán la bicameral serán los peronistas Guillermo Snopek (Jujuy), Alfredo Luenzo (Jujuy) e Inés Blas (Catamarca); Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa); María de los Ángeles Sacnun (Frente para la Victoria-Santa Fe); y Juan Carlos Reutemann (Interbloque Federal-Santa Fe). Diputados también ya cerró sus vacantes, aunque desde la comisión esperan el decreto con dichos nombramientos.

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