El DNU publicado ayer con el que el Ejecutivo activó el demorado régimen de extinción de dominio, que tiene como objetivo la recuperación de bienes de la corrupción y el narcotráfico -entre otros delitos-, es una versión mejorada de la misma decisión que tomó Mauricio Macri durante el verano 2018 para desburocratizar el Estado. La abrupta medida del año pasado fue frenada por la oposición y luego convertida en tres leyes que nacieron desde cero, pero ahora, la situación con la iniciativa de las últimas horas representa una ganancia pura para Cambiemos y astilla la débil unión entre el peronismo y el Frente Renovador en Diputados.
Con el reciente DNU, Macri no sólo quitó al Congreso la pesada mochila que cargó en los últimos dos años y medio con este tema. Un desordenado proyecto fue impulsado en 2016 por el Frente Renovador, que entonces tenía en sus filas de Diputados a Sergio Massa. Tras algunos aportes de Cambiemos, la iniciativa se votó a mitad de ese año. Ni bien aterrizó en el Senado, el PJ dinamitó el texto y lo cambió de manera absoluta en un dictamen -también con aval del oficialismo- que perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo de fines de 2017. El año pasado, y tras varias idas y vueltas, el justicialismo votó junto al kirchnerismo un nuevo despacho que no fue acompañado por el macrismo.
Más allá de eventuales planteos de inconstitucionalidad sobre esta cuestión, el trámite de la extinción con dos proyectos que chocan entre las cámaras -ambos, polémicos- tras el DNU firmado horas atrás se convirtió en una doble ganancia para el Gobierno. En las próximas semanas, la medida aterrizará en el Congreso y deberá ser tratada en la bicameral de trámite legislativo. Su dictamen no es vinculante, ya que sólo la mayoría simple de ambas cámaras sirve para desactivar este tipo de resoluciones. Sin embargo, el oficialismo aprovechará ese convite en la comisión para sentarse a ver cómo se mueven los peronistas ante un kirchnerismo que maneja la comisión y que está en contra del decreto.
Pese a ya estar vigente el DNU el Gobierno recordó ayer, de manera astuta, que aún no está cerrada la posibilidad de reabrir el debate en el Congreso. “Si hay una decisión y consenso para transformar la extinción de dominio en ley o en una discusión en el Parlamento, bienvenido sea. Pero la verdad que hasta ahora no hemos podido llegar a ese acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado”, manifestó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Bajo esa premisa, el Gobierno deja entre la espada y la pared a los peronistas y massistas. Si aportan votos para rechazar el DNU en ambos recintos, quedarán pegados -para el oficialismo- del lado oscuro de la ley. Si llegan a reabrir el debate, el Frente Renovador tendrá que refrendar su palabra y acompañar a Cambiemos con la polémica versión original del texto, ya que la modificada por el Senado sólo fue votada por PJ y FpV.
Al estar el Senado liberado de esta trifulca, la disputa principal se trasladará hacia las bancadas que comandan en Diputados Graciela Camaño (Frente Renovador) y Pablo Kosiner (PJ). Ambos sectores alentaron en los últimos meses un nuevo interbloque para dejar repesentada la unión de gobernadores y dirigentes de estos espacios. Con la extinción de dominio, el Gobierno los dejó en una pésima posición.
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