Salta - Todos los sectores socioeconómicos de la provincia fueron convocados por el gobernador Juan Carlos Romero a una concertación para intentar superar la crisis nacional y local, resolviendo sobre la problemática social el impulso a la producción para generar empleo y la reforma política.
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Según Romero, este llamamiento al diálogo, dirigido a todos los sectores sociales, incluidos los partidos políticos y la Iglesia, tiene como objetivo la construcción, en conjunto, de alternativas para salir de la crisis y no tendrá que demorar sus conclusiones más allá de fines de febrero.
Resaltan en el gobierno salteño la necesidad de concertar la forma de hacer transparente la distribución del «millón de empleos y programas alimentarios anunciados desde Buenos Aires, para que nadie intente sacar provecho político de la situación».
Se propicia para ello la creación en cada pueblo o ciudad de un consejo de consulta con participación de las fuerzas vivas de la comunidad, de las organizaciones no gubernamentales y de los dirigentes locales. «Se pensó en un padrón único y público que todo el mundo conozca», señaló Romero.
Otro de los temas para trabajar encuadra a todo lo referido a lo productivo y lo económico, marco en el que Romero aclaró que «la provincia no puede modificar muchas de las realidades nacionales, pero es posible que se adapte a las circunstancias».
El tercer punto, y quizás el que conllevará más polémica, tiene que ver con el gasto político: «Otra inquietud que se plantea en la sociedad argentina en los últimos tiempos y en el que se harán reformas sustanciales», destacó Romero, que señaló que «el tema se viene planteando desde el año pasado en la comisión de los partidos y tiene algunas conclusiones, pero es momento de acelerar los resultados».
La reforma comprende, entre otras cosas, la eliminación de la ley de lemas y de las listas sábana, elecciones cada cuatro años, reducción de 30% del número de diputados y de 58 a 23 concejos deliberantes, tope fijo a los gastos de la Legislatura, limitación de la duración de las campañas políticas y ley de disciplina fiscal para los municipios.
Con respecto a eliminación de la ley de lemas, el gobernador salteño aseguró que si la Legislatura no avanza en los próximos meses, «se podría llamar a una consulta popular, para que la gente les dé el mandato a los legisladores y que a la vez se pronuncie» y aclaró que no es su intención «alentar cambios apresurados ni que se entienda esto como la reforma de la Constitución».
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