Corte pidió explicaciones por falta de avances en limpieza del Riachuelo

La Corte Suprema de Justicia pidió explicaciones a los funcionarios de ACUMAR y de los estados Nacional, porteño y bonaerense a raíz de imprecisiones y falta de coordinación entre ellos, al realizar una audiencia pública en el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

En la audiencia pública dieron un test sobre cómo avanza el proceso de limpieza de la Cuenca, y en la que tanto funcionarios de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y los representantes del Gobierno Nacional, porteño y bonaerense, hablaron en términos generales y merecieron el reproche de los miembros de la Corte, así como del Defensor del Pueblo de la Nación, impulsor de la causa.

El primero en dar una breve exposición fue el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, también titular del ACUMAR, quien habló de "hechos positivos", y luego le siguieron funcionarios de este último organismo.

A raíz del pedido de explicaciones de por qué crecieron los basurales a cielo abierto, desde ACUMAR, entre otras cosas, lo atribuyeron a un "crecimiento de la economía" y en consecuencia "del consumo" y así de la producción de más basura, lo que motivó risas en distintos sectores del auditorio ubicado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Incluso hasta en un punto, el mismo funcionario aclaró que el nivel de contaminación del agua no sólo se registraba por el testimonio de los vecinos, sino también porque se podía ver en la cuenca sapos y aves.

En todo momento, y a raíz de falta de respuestas concretas, los miembros del Tribunal repreguntaron en todo momento, y acotaban el discurso que intentaba dar cada uno de los funcionarios, quienes -según dijeron- se dividieron los temas para exponer.

Una de las quejas en que coincidieron los jueces de la Corte, fue la falta de coordinación entre los tres estados que conforman la ACUMAR para llevar adelante los procesos, y es por ello que el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, se quejó de la "información dispersa".

También el juez Juan Carlos Maqueda y la jueza Carmen Argibay asumieron un rol protagónico en cuanto a las críticas.

Otra de las fuertes quejas provino de la jueza Elena Highton de Nolasco, cuando indagó sobre la contaminación que afecta a quienes viven pegados al Riachuelo, y más concretamente de los niños, y criticó la falta de implementación de un programa "para tratar a la población".

Ello luego que el funcionario del ACUMAR anunciara que "el 90 por ciento (de los chicos) tiene plomo" sobre una cifra de 1100 evaluados.

En cuanto a la inspección de empresas, la ACUMAR explicó que sobre un total de 14 mil se controlaron unos 8 mil, de las cuales 3 mil vierten afluentes al Riachuelo, y también que para la totalidad de establecimientos cuentan con unos 40 inspectores que hacen los controles a razón de tres por día lo que hacen unas 1.200 inspecciones por mes.

A las críticas se sumó el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien aclaró que todos los plazos que dispuso la Corte sobre los pasos del saneamiento "están vencidos" y "hay muchas demoras" e "inercia".

"En muy poco mejoró la calidad de vida de la población", dijo, y refirió que los basurales incluso crecieron de poco más de 140 a 340 a diciembre de 2010.

También se quejó de la falta de control sobre el nivel de contaminación del aire y agua, y en cuanto a la relocalización de las familias que viven en las márgenes del Riachuelo advirtió: "no pueden ir a un lugar peor al que estaban".

Ahora, la Corte Suprema evaluará las explicaciones que dieron los tres estados y es por ello que dispuso un cuarto intermedio hasta nuevo aviso para determinar cómo avanza el proceso, el cual ordenó en julio de 2008 mediante el fallo conocido como "Mendoza".