La Argentina y Uruguay presentarán hoy en Montevideo a sus testigos por el caso exhibido por el país vecino ante un tribunal arbitral del Mercosur por los bloqueos de pasos fronterizos realizados por argentinos que se oponen a la construcción de las papeleras. Según el gobierno de ese país, en esas acciones se provocó un perjuicio económico de aproximadamente u$s 500 millones de dólares, donde se violó el tratado que dio origen al Mercosur en 1991 y que establece la libre circulación de personas, bienes y servicios por los países del bloque que también integran Brasil, Paraguay y Venezuela.
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La Argentina ha rechazado por «abstracta» la demanda uruguaya y señalado que «la libertad de expresión ejercida por los ciudadanos argentinos constituye un derecho humano fundamental que goza de jerarquía constitucional» en este país. La Argentina argumentará que los bloqueos fueron intermitentes y que nunca dejaron completamente interrumpido el tráfico de vehículos con Uruguay, por lo que no afectaron la actividad comercial y turística en la nación vecina. La Argentina afirmará que no se la puede acusar de inacción. Además, el gobierno buscará refutar las acusaciones sobre la inacción del Poder Ejecutivo ante los actos de los manifestantes y sobre la supuesta violación del derecho a libre circulación. El equipo que representará hoy a la Argentina en Montevideo está encabezado por los diplomáticos Juan Vicente Solá y Nora Capello, ambos asesorados por los abogados expertos en derecho internacional Mónica Pinto y Frida Armas.
El caso continuará mañana, cuando tendrán lugar los alegatos de ambos países. Luego, el tribunal del Mercosur tendrá tiempo hasta el 7 de setiembre para dar un veredicto sobre el arbitraje, el que podría conocerse incluso mucho antes de esa fecha. Una de las claves de la presentación de la Argentina de la próxima semana apuntará a refutar las declaraciones sobre los supuestos daños económicos generados por los cortes. Según la información que llevarán los funcionarios de la Cancillería, este daño no sólo no habría ocurrido, sino que incluso la actividad comercial y turística entre los dos países creció más de 4% comparando el primer semestre de 2006 contra el mismo período de 2005. La información que maneja ese ministerio asegura que si bien el intercambio generado desde el puente que une Gualeguaychúcon Fray Bentos se resintió, el crecimiento de las otras dos vías de comunicación (Colón-Paysandú y Concordia-Salto) compensó y superó las pérdidas en el puente clausurado.
El resto de los argumentos que prepara la Cancillería se detiene en la interpretación que se les debe hacer a las aplicaciones del derecho internacional en estos casos. Ante la acusación uruguaya sobre las restricciones a la libre circulación, la Argentina asegurará que este principio corresponde a bienes y servicios y no se relaciona con la libertad ambulatoria de personas, y que la libertad personal es un derecho humano superior a la libre circulación de bienes. Por otro lado, afirmará que el tránsito de personas nunca fue interrumpido, ya que siempre estuvo habilitado, y con la debida anticipación e información, alguna de las tres vías de comunicación entre los dos países, incluyendo el reforzamiento de los funcionarios de la aduana. Finalmente, las argumentaciones oficiales de la Argentina hablan del sofisma que implica la acusación uruguaya sobre la omisión del Estado nacional ante los cortes. Para el gobierno nacional, no se puede reclamar que se implemente una severa represión contra los 40.000 manifestantes. Para los funcionarios locales, lo que funcionaría en estos casos no es la represión, sino la decisión, lo que finalmente se logró al llevar el caso de las pasteras de Fray Bentos a La Haya.
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