2019, año récord de la Corte: resolvió 4 veces más casos, pero la cantidad de juicios aumenta

Política

Pese a fallos de gran impacto cuantitativo, máximo tribunal enfrenta agenda desafiante 2020. No se sabe cómo impactará reforma de Fernández y arrastra decisiones de la era Macri. Pese a desconfianza en el Poder Judicial, litigiosidad en aumento.

La Corte Suprema de Justicia rompió todos los récords en sentencias dictadas durante 2019, según el balance anual que publicó el máximo tribunal a partir de su base de jurisprudencia. Ese número tuvo, además, una proyección hacia la masa de casos abiertos en distintas instancias en diversos fueros como materia laboral o previsional, de acuerdo con la agenda que se fijó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales respecto de casos con impacto. Pero ese cronograma arrastrará una serie de casos relevantes ya dentro de la era Fernández y que podrían tener relevancia fiscal. Más allá de la cantidad de casos resueltos -en un intento por descontar stock que en la Corte, sin plazos, pueden extenderse por años-, paradójicamente, se detectó que la litigiosidad en tribunales aumentó exponencialmente. A la par de la mala imagen del Poder Judicial, la sociedad termina acudiendo cada vez más a resolver conflictos por la vía judicial.

En 2019 la Corte dictó 7.246 sentencias, dando resolución a 29.263 causas. Eso, según las mismas estadísticas, representa cuatro veces más resoluciones que en 2018, cuando se falló en un total de 7.835 casos mediante el dictado de 6.814 sentencias. De todo el paquete de fallos de la Corte versión 2019 hubo 1.692 resoluciones en materia penal, 1.218 laborales y 1.148 previsionales. Le siguieron en volumen las relacionadas a temas administrativos (795) y civil y comercial (752). El interrogante sobre la agenda que se propondrá la Corte comenzará a develarse dentro de un mes cuando, atravesada la feria de enero, los ministros de la Corte deban plantearse si harán público o no su cronograma de sentencias programadas y si, más difícil de acordar, consensuan las temáticas de los casos y los nombres propios de los expedientes. Además, deberán definir si en el primer semestre o en el segundo, incorporan algunos de los issues que quedaron pendientes y si avanzan con cuestiones dilatadas pero que no ofrecen demasiada sorpresa: el cálculo para el pago de devolución de la coparticipación a Santa Fe quedó atrasado por cuestiones de papeleo. Cuando ese cálculo esté listo, se ejecutará la sentencia por la que el Estado deberá girarle a la provincia gobernada por Omar Perotti una cifra millonaria, en un litigio que la provincia tiene ganando desde 2015.

A lo largo del año pasado y de manera prospectiva, los fallos previsionales fueron los que más impacto tuvieron medidos por expedientes, ya que con ellos se resolvieron 16.436 causas. El caso “Blanco” fue fundamental para “liquidar” el stock de decisiones pendientes con influencia en los casos que continuaban en trámite en el fuero previsional. Resta saber qué postura tomará el tribunal en el expediente denominado Defensor del Pueblo, donde se cuestiona su legitimación para una acción colectiva respecto del reclamo por movilidad. En otro aspecto, es tema de discusión en el Palacio de Tribunales el posible impacto de la suspensión de la actualización previsional dispuesta por el Frente de Todos. En principio, y por la experiencia histórica, no habrá resoluciones a corto plazo: primero debe consolidarse un “caso”, a partir del cual se demuestre un perjuicio. Esa ventaja también la tuvo Mauricio Macri cuando en 2017 hizo una reforma del índice de movilidad. Dos años después, un solo artículo de esa ley jubilatoria arrastra una mácula de inconstitucionalidad y se debe a haber incluido un período con retroactividad para el cálculo de la primera actualización bajo la nueva norma. Todo esto si el clima no se enrarece respecto de una reforma del régimen especial del Poder Judicial, una idea que complicó a Fernández antes de tiempo y que prudentemente fue desacoplada de la ley ómnibus de “Solidaridad”.

En lo que refiere a causas relevantes, durante el primer semestre su resolución siguió el calendario que, además, tuvo dos audiencias públicas, una con relación a la prohibición a supermercados de abrir los días domingos, y otra sobre la autonomía de los municipios para establecer tasas municipales. Ambas quedaron pendientes de un fallo, lo mismo que respecto del Fondo Sojero y al caso Farmacity. Durante el año 2019, en 2.831 fallos la Corte aplicó la fórmula del artículo 280, que es el rechazo de los recursos extraordinarios por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia. Y en 580, la Corte aplicó la acordada 4/07 que regulan las cuestiones de presentación formal de los recursos. Es decir que ese número no cumplió con los requisitos de forma y ni siquiera fueron analizados. En 1.184 sentencias, los jueces se remitieron a precedentes de la propia Corte para su resolución, y en 478 lo hicieron al dictamen del procurador. La gran mayoría de las resoluciones (5.567) no tuvieron remisión, aclararon. Hubo tensiones respecto de la relación entre la Corte y la Procuración relacionado a los plazos para devolución de expedientes que habían sido girados para dictamen. Pero también los hubo a la inversa: la Corte demora una definición respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura que no cuenta con aval del procurador. En cualquier caso, la Corte citó a un acuerdo por este tema y, ya con el dictamen, decidió no expedirse. Ahora cualquier cambio impactaría políticamente en los planes que traza el oficialismo para parapetarse en ese organismo. Según el informe, mayo y octubre fueron los meses con mayor cantidad de sentencias dictadas (más de 800 por mes) y el del 22 de agosto resultó ser el acuerdo con más cantidad de resoluciones: 240. En el del 19 de marzo, sin embargo, se alcanzó el pico de causas resueltas con un total de 1.547. Más allá de los números, el año pasado la Corte se dedicó a desembarazarse de stock y en su último acuerdo apuntó a una medida con objetivo a bajar aún más el número de casos que recibe. A partir de ahora, la Casación -cuando deba aplicar la garantía del doble conforme- podrá directamente derivar una revisión a una decisión que altere el panorama para los imputados a otra sala de ese tribunal de manera automática. Antes debían recurrir a la Corte para que autorice la revisión, un paso que ahora fue eliminado con el concepto de “Casación horizontal”.

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