28 de octubre 2021 - 12:36

Allanamiento a la Obra Social del Poder Judicial

La Corte Suprema ordenó el allanamiento en la Obra Social del Poder Judicial tras un informe sobre inversiones e irregularidades.

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La Corte Suprema ordenó el allanamiento a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, luego de un informe que detectó irregularidades en el maneja de los fondos.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, y el allanamiento a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) lo realizan de manera conjunta la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera realizar la auditoría.

Los fondos que maneja la obra social son multimillonarios: tiene plazos fijos por más de $34.000 millones y otros por US$4 millones, y recibió ingresos solo en este año por más de $13.000 millones, según documentos oficiales de la Corte publicados en el 'Centro de Información Judicial' (CIJ).

La decisión de auditar el organismo ocurre una semana después de que la Corte Suprema dejó la Obra Social en manos del administrador Daniel Marchi y cuando la Justicia federal lleva adelante una investigación por una denuncia sobre malos manejos en el organismo.

El principal acusado es el director de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, un hombre que responde al ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y que llegó al cargo por recomendación del ex ministro de Salud, Ginés González García.

De hecho y por lo bajo, muchos afirman que González García tuvo y tiene una participación importante en todo lo que sucede en la Obra Social por su profunda amistad con Maqueda, a quien llama 'Patito'.

Entre las irregularidades denunciadas, figuran el tratamiento 'VIP' a algunos afiliados con acceso a los jefes de la Obra Social; la administración financiera de los fondos del organismo; y la contratación de una empresa de ambulancias ('Emergencias Médica Integral S.A') aparentemente vinculado al director de la obra social.

El administrador Daniel Marchi pidió informes a diferentes áreas de la obra social y luego elevó a los jueces de la Corte un lapidario informe en el que señala, entre otros aspectos, que la estructura organizativa es precaria porque hay un solo director y otros dos cargos en el directorio vacantes. También afirma que existen áreas sensibles de la organización vacantes, como la Subdirección de Administración o la Auditoría Interna, o que están ocupadas por personas contratadas en sistemas o control de facturación.

También advierte que se enfrentan 224 juicios por mala praxis, que el sistema informático "es obsoleto y alto riesgo" y que los subsistemas, además de ser precarios, no están integrados, son vulnerables y no son eficaces para la gestión. Los servidores son vulnerables y hay riesgo de pérdida de información, añadió Daniel Marchi:

En el caso de la compra de medicamentos, se señala que hay diferencias entre el stock que figura en el sistema y el stock físico de remedios

Daniel Marchi expuso además que en la obra social no hay herramientas de gestión, no se hacen presupuestos, no hay manuales de procedimiento y que la litigiosidad se duplicó en los últimos 10 años. También señaló que existe un alto riesgo en la contabilidad e integridad de la información y, por ende, en la toma de decisiones inherentes a la gestión. "No se puede asegurar la confiabilidad y oportunidad de la gestión de información financiera", agrega en otro apartado el informe que determinó la auditoría.

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