29 de noviembre 2021 - 00:00

Inminente fallo de Corte obliga a testear formatos para Consejo, y alerta ONU por Bruglia- Bertuzzi

Primer contacto formal Gobierno-máximo Tribunal. Decisión tomada por la mayoría que reconfigura mapa del Poder Judicial con la Magistratura. El qué es más relevante que el cuándo. Relevos en Casación y la “bomba” que dejó relator especial García Sayán por el caso de los “trasladados”.

Martín Soria. 

Martín Soria. 

El viernes, -varias horas antes de que se conociera el fallo que sobreseyó a Cristina de Kirchner en la causa Hotesur- se dio el primer contacto entre el ministro de Justicia Martín Soria y el nuevo presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Una llamada telefónica que rodeó las formalidades de una presentación fue el primer indicio de deshielo –al menos en la superficie- de la relación del Gobierno de Alberto Fernández con el máximo Tribunal. Institucionalmente, es una situación que se debió haber dado nueve meses atrás, cuando el funcionario asumió el cargo. Las condiciones políticas internas del Ejecutivo impidieron cualquier iniciativa de ese estilo, normal en cualquier relación interpoderes. Ese es el principal cambio que se desprende de la comunicación que se hizo esperar. Un pedido formal de audiencia con los ministros –que lleva sus pasos protocolares- podría llegar cuando combinen agendas, tal vez, la semana próxima. Eso coincidiría con el vencimiento de los plazos “máximos” para que el Gobierno nomine a una reemplazante para Elena Highton de Nolasco. El 1-D se cumpliría ese mes que prescribía el Decreto 222. No distingue si son días hábiles o corridos.

El descongelamiento llegó luego de las elecciones pero en la antesala de un fallo supremo que puede cambiar todo el mapa político del Poder Judicial: la declaración de inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Es una decisión tomada por la mayoría de la Corte, el bloque que integran Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. La serie de “fallos ordenadores” que se plantea el trío como objetivo ha adquirido una dinámica de trabajo singular, aceitada y de difícil comprensión fuera de los muros de Talcahuano 550, lo que convierte cada sentencia de contenido político en inescrutable. Lo mismo ha ocurrido con cada uno de los pasos que esa mayoría adoptó para el gobierno de la Corte. Fuera del radar general, han sido fugaces y teledirigidos.

Dentro del combo de las estratégicas, a la decisión sobre el Consejo y su regreso a un formato de 20 miembros con la presidencia en manos de la Corte sólo resta efectivizarla, pero alberga dos misterios: el cuándo, pero sobre todo el qué. Ámbito había adelantado, en exclusiva, que el tema había quedado en agenda para esta última parte del año el 27 de septiembre pasado. Los plazos que el mundo judicial maneja van entre 10 días hasta antes de que comience el receso estival. Nadie apuesta que la Corte vaya a revocar el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que a fines de 2015 estampó el sello de inconstitucionalidad a la actual conformación de 13 miembros por un presunto desbalanceo a favor del estamento de la política.

A mayor ruido mediático, la Corte ha vuelto más sigilosos sus pasos. Inaugurada la modalidad de “acuerdos móviles” (cualquier día de la semana) podría sumar una novedad: ¿Por qué no más de una reunión por semana? El escenario colabora con la confusión en todos los espectadores. Y obliga a la especulación, como lo que ocurre con el fallo del Consejo de la Magistratura.

Es por eso que comenzaron a circular varias alternativas que versan sobre su contenido del que desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales se responde con un “Silenzio Stampa” hasta que se desencadenen los hechos. Eso alterna un supuesto plazo de 180 días para que el Congreso adecue un nuevo formato de “equilibrio” constitucional con la aprobación de una ley hasta el regreso liso y llano de la cabecera del órgano de selección y remoción de jueces al control de la Corte, en lo que implicaría una unificación del gobierno del Poder Judicial. Y donde entra a jugar la administración general de los fondos y el presupuesto que hoy administra el Consejo pero, a futuro, bajo la égida de la Corte. Desde todos los sectores están ansiosos con ese barajar y dar de nuevo y se ven beneficiados. Alguien debe estar haciendo mal los cálculos.

En el camino, el Gobierno empezó a trabajar dentro de ese vidrioso margen de acción. Por eso, contra reloj volvió a desempolvar un proyecto de ley que había sido consensuado durante el Gobierno de Cambiemos con la esperanza de atajar el problema. Pero sobre todo de conjurar la posibilidad de tener a la Corte “adentro” del Consejo. Salvo el regreso a los 20 miembros que estaba vigente hasta 2006, ninguno de los formatos escritos en estos años de idas y vueltas contemplaba una silla para el presidente del Máximo Tribunal. Por eso, la primera incógnita a despejar es si habrá chance para evitar la representación del cuarto piso en el Consejo. Desde una vocalía partió la idea de que la Corte podría hacer rotativa la presidencia del Consejo entre los ministros, a razón de un año cada uno. No es difícil imaginar quién no querría a Rosatti sentado en la cabecera durante todo su mandato.

Cerca del Presidente comenzaron a tabular el proyecto que había sido enviado al Congreso en 2017 y que preveía una composición de 16 miembros, tres más que los actuales y ninguno de ellos políticos. En esa iniciativa se proponía elevar a 4 el estamento de los jueces (uno más) con una conformación equilibrada entre camaristas y de primera instancia, pero a su vez con dos del fuero federal, uno de la Capital Federal y otro de las provincias. Idéntica composición del estamento legislativo con tres representantes por cada Cámara (dos por la mayoría y uno por la minoría) tal como está hoy, solo que podrían no ser los propios diputados o senadores, sino “representantes” de ellos. Cuatro abogados (sumarían dos más) de la matrícula federal inscriptos tanto en el CPACF como en las Cámaras Federales de las provincias con un padrón de distrito único que otorgaría 3 a la lista ganadora y 1 a la segunda, con el requisito de que al menos dos letrados tengan domicilio electoral en CABA. Un representante del Ejecutivo y un académico continúan idénticos y completan la nómina.

Esas cantidades están lejos de conformar a algunos sectores del propio oficialismo que ante este escenario preferirían regresar al viejo formato de 20. En ese modelo, para la política, la mayoría de cada Cámara tiene dos, y la primera y segunda minoría uno cada uno (8 total). También incorpora a un juez más (4), deja la presidencia en manos del presidente de la Corte (1), mantiene el representante del Ejecutivo (1), duplica a los abogados (4) y hace lo mismo con los académicos (que pasarían a ser 2).

Pero mientras se aplacan los ecos de indignados por la decisión del TOF N°5 en la causa Hotesur que analizan un fallo con el cariz de la grieta, para el mundo judicial es una pelea a tres rounds. El primero tiene un vencedor habrá que ver qué ocurre en Casación (el segundo) y en la Corte (el definitorio). Allí será clave el aspecto técnico y quedará de lado el resto. Es en Casación donde se juega una importante elección de autoridades esta semana para suceder al machucado Gustavo Hornos. El orden de prelación ubicaría a Alejandro Slokar con derecho a disputar la presidencia pero cómo siempre el máximo tribunal penal desborda de internas. Será interesante ver el posicionamiento del camarista Mariano Borinsky para esa elección.

Si hubo una de arena, también hubo una de cal para el Gobierno: hace unos días, ingresó vía Cancillería un requerimiento candente del relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados Diego García Sayán. Con un pliego de preguntas, destinadas a que le provean detalles del procedimiento de reemplazo, alertó que en el caso de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se habría vulnerado la independencia judicial. La novedad fue una bomba neutrónica para el oficialismo por las consecuencias que podría acarrear esa mácula, vertida por el mismo funcionario de rango supranacional que avaló las quejas del kirchnerismo sobre un plan sistemático y estructural de amedrentamiento sobre el Poder Judicial durante la era Macri. Esta vez, el reclamo que se anotó un éxito lo hicieron llegar los propios camaristas trasladados cuyo cargo quedó en el aire a la espera de reemplazos. Hubo preocupación. Un caso análogo por la situación del juez Germán Castelli –que tendría que hacerse cargo del juicio “cuadernos”-está bajo análisis de la Corte. ¡Plop!

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