Crece la pelea por la Corte y se suma el debate múltiple por los "presos políticos"

Cristinismo sumó argumentos a críticas a la Justicia, pero también grupos mortificaron a Alberto F. con marcha por "Navidad sin presos políticos". JxC se abroquela contra expresidenta.

La última carta pública de Cristina de Kirchner apuntando duramente contra la Corte Suprema alineó a parte del Gobierno que sumaron sus puntos de vista, incluido Alberto Fernández, mortificado ahora por un reclamo de libertad a los “presos políticos”. El Presidente ya dio ese debate, le molesta esa consigna porque remarca que “yo no tengo presos políticos” pero que hay detenciones arbitrarias y procesos viciados. “El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo. Y obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”, dijo Alberto Fernández en su oportunidad y dejó claro que se cansó de explicar “que en el caso puntual de Cristina, estaba haciendo sometida a un montón de arbitrariedades en los procesos por su condición de opositora”.

Ayer siguieron los rebotes de opiniones a partir de la carta de Cristina y en la jornada en que grupos del kirchnerismo como el que integra Luis D´ Elía organizó la marcha “Por una Navidad sin presos políticos” que se activó tras la decisión de la Corte, la semana pasada, de dejar firme la condena a Amado Boudou por el caso Ciccone, lo cual podría hacerlo regresar a la prisión. Uno de los organizadores de esa movida fue el sacerdote Francisco “Paco” Oliveira, del grupo de Curas de la Opción por los Pobres, quien había expresado que se indultara a Boudou.

Por su lado, la oposición, ahora dice que iniciará juicio político a la vicepresidente por sus dichos. Cristina al referirse al Poder Judicial dijo que “representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

Ayer salió el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, tanto a manifestar que cree que “sí, claro, hay presos políticos” y que la Justicia “tiene que intervenir, pero tenemos que poner las discusiones en la arena pública”. Para el funcionario “hay animosidad en la Justicia sobre ciertos casos”. El ministro señaló entonces que a pesar de que Mauricio Macri fue procesado por escuchas ilegales, ningún funcionario de su gobierno terminó preso. “Es decir, son miradas subjetivas, hay que dejar mirar a la Justicia pero hay una estructura enquistada”, sostuvo el funcionario y que la Corte Suprema “es un poder no elegido por el pueblo y que hay “arbitrariedades que se cometen en distintas sedes judiciales”.

En la misma sintonía, sumándose a las críticas de Cristina, el gobernador Axel Kicillof se refirió a su propia situación. “Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”, afirmó el gobernador en una entrevista de TV y explicó que “es por la causa llamada ‘dólar futuro’ que nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa. Todos piensan que es un hecho político. Nunca me pude defender”. Kicillof remató preguntando: “¿Quién es el responsable de eso? Una parte del sector judicial. Me llena de vergüenza. Y entiendo que la autoridad máxima de ese poder es la Corte Suprema”.

Desde la oposición salió Juntos por el Cambio por un lado y la tropa de Elisa Carrió, quien parece esforzada en recuperar protagonismo.

Después de una reunión virtual de su Mesa Nacional de la que participaron entre otros Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, difundió un comunicado diciendo que “la carta de la Vicepresidenta de la Nación, avalada por el Presidente, es un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano” y que “está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de ´lawfare´, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política”. Consideradon además que “las manifestaciones de la Vicepresidenta tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente”.

Desde la agrupación de los socios de JxC, la Coalición Cívica, lanzaron en cambio que pedirán el juicio político a la vicepresidenta. El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI dice que acusará a la expresidenta de “mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Repasa párrafos de la carta de Cristina y sostiene que “las críticas habituales de la Vicepresidente a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional y configuran el mal desempeño de la Vicepresidente que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”. Los legisladores consideraron que “ante la gravedad de los hechos descriptos, a instancias de Elisa Carrió y con su asesoramiento, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentará esta semana un pedido de juicio político contra la vicepresidenta” por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.