Mauricio Macri estrenó ayer su
nueva guardia de seguridad
vial, en realidad agentes de la
Guardia Urbana reconvertidos.
Igual que Cristina de Kirchner,
deberá esperar meses para
poder aplicar el
nuevo registro de
conducir por puntos.
El gobierno pareció entender la semana pasada que los accidentes de tránsito, que sólo en enero causaron más de 150 muertos en las rutas de todo el país, no son ya un problema social, sino también económico y hasta político que amenazaba con golpear en la propia Casa Rosada. Cristina de Kirchner hizo, siguiendo la tradición familiar, el anuncio del proyecto con bombos y platillos en el Salón Blanco, giró inmediatamente al Congreso el proyecto de la nueva ley de seguridad vial y hasta firmó inmediatamente el decreto habilitando la votación en sesiones extraordinarias. Lo mismo había hecho hace 15 años José Luis Manzano ante otra ola de accidentes cuando era ministro del Interior, y comprometió a Carlos Menem en una campaña vial. Hasta allí una reacción impecable, aunque tardía, al problema. Pero la propia Cristina de Kirchner sabe -por haber negociado cuestiones similares en el Congreso-que la solución está muy lejos de los anuncios que se hicieron. Ese proyecto debe aprobarse como ley convenio, es decir que exige un previo acuerdo de todas las provincias con la Nación (algo cerrado el año pasado), luego la votación del proyecto y finalmente la ratificación en cada Legislatura provincial. Es ahí donde el anuncio cae en la utopía que siempre fue ese tipo de normas en el país: casi todas se han demorado por años.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por ahora, el sistema que impulsa Cristina de Kirchner, curiosamente, está votado en la Capital Federal y en Santa Rosa -La Pampa-. El resto de las provincias deben adherir y modificar sus sistemas. Ayer Mauricio Macri estrenó sus nuevos agentes viales (en realidad, la Guardia Urbana reconvertida) para que, junto con la Policía Federal, labren multas y detengan a los infractores. Pero al nuevo sistema porteño de registro por puntos, inclusive, le faltan meses para ser aplicado.
El proyecto que el gobierno envió al Senado para tratar en extraordinarias ratifica en realidad el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial que las provincias firmaron con la Nación el pasado 15 de agosto y que fue ratificado por decreto el 11 de setiembre. Es un paso legalmente necesario para toda ley convenio, como la nueva de seguridad vial.
Al igual que establece ahorael proyecto, allí las provincias autorizaron al gobierno nacional a proceder a la creación del Registro Nacional de Licencias de Conductor, que termina dependiendo del Ministerio de Justicia.
Se acordó que habría una licencia única para todo el país unificando el modelo que se otorga en cada provincia -las que seguirán emitiéndolo-pero con una base de datos común para toda la Argentina.
Eso significa la aplicación de un sistema de registro por puntos, similar al que votó la semana pasada la Ciudad de Buenos Aires, con un sistema de información centralizada de todas las infracciones que se cometan en cada provincia.
Procedimiento único
Esto significa que ninguna provincia o municipio podrá otorgar una licencia de conducir si el titular tiene otra ya emitida en cualquier lugar del país, si registra tres o más infracciones graves o cinco leves o el conductor no hubiera cumplido con las penalidades impuestas.
Por eso, tanto el convenio como la ley fijan que cada provincia deberá adoptar no sólo el sistema unificado de licenciaspor puntajes, sino también un procedimiento único de medición de alcoholemia a los conductores. Las partes también acordaron allí que habrá controles de velocidades máximas unificados, sistemas de radar y fotografía, de velocidad promedio entre estaciones de peaje, y se le asigna a una fuerza federal, la Gendarmería Nacional, el control del tránsito en las rutas nacionales.
El proyecto que el gobierno envió al Congreso abarca así toda la problemática del tránsito, además de crear una agencia nacional de seguridad vial con plenos poderes para manejar la cuestión.
Hasta allí el esquema no parece tener inconvenientes, más cuando todos los gobernadores ratificaron el acuerdo.
El problema es que eso no basta para que la ley, una vez votada por el Congreso, rija en todo el país. Tal como lo fija el proyecto en el artículo 35, para que sea operativa debe ser ratificada por cada Legislatura local. Y allí es donde la historia indica que la nueva normapuede convertirse en una utopía.
El destino de las leyes convenio en la Argentina no siempre fue feliz. El mayor fracaso lo muestra la Ley de Coparticipación Federal. Su última versión fue aprobada en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y desde entonces no pudo renovarse, a pesar de que hoy la distribución de fondos entre la Nación y las provincias es un caótico laberinto donde la Casa Rosada termina resolviendo los problemas por leyes-parche o simplemente por decretos. Nunca más volvieron a sentarse las 24 provincias con la Nación a analizar seriamente una nueva ley -a pesar de que la Constitución de 1994 había dado un plazo de dos años para hacerlo-; resultó siempre imposible ante un reparto de suma cero como ése que se pusieran de acuerdo tantas voluntades.
Otros ejemplos más cercanos prueban también que esos consensos son difíciles de lograr. Por ejemplo, hasta en el cambio de uso horario, que Cristina de Kirchner dispuso a fin de año, hubo tanto conflicto que hoy San Luis se rige por la hora anterior, es decir, está 60 minutos detrás del resto del país.
Adopciones
Lo mismo sucede con el Registro Unico de Adoptantes, que no termina de instaurarse en el país; la famosa Ley de Protección de Bosques Nativos que, a la fuerza, fue aprobada por el Congreso después de meses de disputas y aún sigue sin ratificarse en las provincias con producción forestal, y hasta con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que muchas provincias intentan cumplir pero no pueden llegar a cubrir sus parámetros.
Ese es el peligro que corre hoy la noble intención de la Presidente de terminar con la tasa récord de accidentes y la criminalidad en el tránsito en todo el país. Habrá anuncio, como de costumbre, cuando el proyecto sea aprobado en el Congreso, tal como lo hubo la semana pasada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Pero ése será recién el comienzo de un proceso que, como en otros casos de leyes convenio, puede demorarse años.
Dejá tu comentario