La noticia les llega de un Poder Judicial que tiene, tal como denunciaron sus miembros, sus mails y comunicaciones espiadas por servicios de seguridad.
Néstor Kirchner le pidió ayer a Ricardo Lorenzetti que desmintiera un encuentro con su esposa para discutir sobre la constitucionalidad de la Resolución 125. «La Presidenta me ha pedido desmentir absolutamente», dijo el ex presidente. Pero aunque el ex presidente y su esposa pueden hablar de la inexistencia de un encuentro personal entre Cristina de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema (que ha denunciado que el gobierno le mandó a espiar los e-mails), todo el gobierno sabe que la decisión final de enviar la Resolución 125 al Congreso para su ratificación se tomó después que el máximo tribunal envió señales a la Casa Rosada sobre la imposibilidad de convalidar las retenciones móviles en un fallo. Este diario lo relató el 19 de junio pasado cuando comenzaban los primeros problemas del gobierno en el Congreso.
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La Corte Suprema debe decidir sobre la demanda presentada por la provincia de San Luis contra la Nación por la inconstitucionalidad de las retenciones fijadas por una resolución del Poder Ejecutivo y por no coparticiparse con las provincias la recaudación de éstas.
La primera jueza en hablar públicamente sobre el tema fue Carmen Argibay, quien recordó la doctrina que viene sentando la Corte sobre el límite máximo de una imposición para que no sea considerada confiscación.
En distintos fallos el máximo tribunal estableció que más allá de 33% un impuesto es jurídicamente cuestionable.
En línea
El principio no fue explicado públicamente por Lorenzetti, pero el mensaje llegó hace casi un mes a Cristina de Kirchner. La comunicación fue directa y en línea con la opinión de la mayor parte de los constitucionalistas del país: sólo el Congreso puede salvar una declaraciónde inconstitucionalidadde la Resolución 125 como la que se está estudiando en la Corte. Lo explicaron Gregorio Badeni y Jorge Vanossi entre otros, en una clara interpretación de las limitaciones a las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo se dio a sí mismo dentro del Código Aduanero durante la última dictadura militar.
Esa disposición fue superada por una norma de calidad superior, como es la propia Constituciónde 1994 que derogó todasesas delegaciones de facultades estableciendo un plazo para que fueran normadas nuevamente.
De allí que la Presidente tomara la decisión de enviar el proyecto al Congreso, no sólo frente al estado de caos interno que se vivía con el país paralizado con cortes de ruta y desabastecimiento, sino porque enfrentaba un futuro negro en la Corte Suprema.
Kirchner le pide ahora a Lorenzetti que desmienta la existencia de una reunión con la Presidente. «No hubo reunión secreta con nadie. Todo lo que hace la Presidenta lo hace públicamente. Seguro que el doctor Lorenzetti va a desmentir absolutamente esto», dijo en un acto en el Mercado Central. Sólo hubo respuesta de funcionarios de la Justicia: «No lo va a desmentir y tampoco lo va a ratificar», dijeron a los medios.
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