Cristina retrocedió con la creación de un nuevo impuesto

Miguel Pichetto, junto a José Pampuro -recién ratificado como presidente provisional del Senado-, el santacruceño Nicolás Fernandez, Daniel Filmus y Roxana Latorre, dirigió la votación de la Ley de Seguridad Vial, aprobada finalmente sin el impuesto sobre las pólizas de seguros.

«Eliminen el impuesto, quiero una indubitable aplicación de la ley». La orden partió ayer de Cristina de Kirchner a sus representantes en el Senado: borrar de su proyecto de ley de seguridad para el tránsito una parte del artículo 13 que establece la creación de un impuesto de 1 % sobre las pólizas de los seguros automotores para financiar la Agencia de Seguridad Vial, que aplicará todo el plan diseñado por la Presidente. Terminó así una disputa constitucional entre ambas cámaras que el kirchnerismo quiso mantener oculta en el Congreso. El Senado finalmente aprobó por unanimidad el plan de seguridad vial enviado por el Poder Ejecutivo, pero sin incluir el impuesto de la polémica. Hubiera sido una mancha demasiado peligrosa para una iniciativa que contempla desde la unificación de la emisión de registros de conducir por puntos, el control de velocidad e infracciones en rutas y hasta un registro satelital de los transportes de carga.

El gobierno había cometido un error técnico en la redacción del proyecto: incluyó la creación de un tributo en una ley que tenía como cámara de inicio el Senado. La Constitución obliga a que cualquier ley que implique la creación de una carga sobre el pueblo debe tratarse primero en Diputados. No es ningún invento argentino: lo dicen todas las Constituciones desde la carta magna inglesa de 1215 hasta la actualidad.

Fieles a la obediencia debida que rinden a la Casa Rosada, los senadores oficialistas quisieron forzar de todas formas la votación del proyecto. No estaba en juego un posible incremento en las pólizas de los seguros -justo ahora que las compañías aseguradoras dispusieron una suba por mayores costos y precios de los vehículos que promedia 30 %-, eso no pareció importar en el debate en el Senado. El tema era sacar la ley cuanto antes para que hoy la votara también Diputados y finalmente Cristina de Kirchner la pudiera anunciar el sábado en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El conflicto, que ayer había adelantado este diario, estalló a la mañana en la Casa Rosada. Hasta allí fueron Agustín Rossi y Miguel Pichetto para solucionar el problema de competencia que se había generado con la creación del impuesto sobre las pólizas de seguros automotores que esperaba para votarse en el Senado.

«De ésta no me voy a hacer cargo yo», dijo Rossi en ese encuentro sabiendo que cuando el proyecto de ley de seguridad vial votado en el Senado llegara a Diputados no le quedaría otra opción que rechazarlo para defender el monopolio que le otorga la Constitución en materia de creación de impuestos. En otras palabras: debía ser él quien diera la mala noticia de que la creación del impuesto era inválida, tal como fue votado en el Senado. Seguir adelante hubiera implicado para los diputados reconocerle al Senado una potestad tributaria que no tiene y para el gobierno, el peligro de que cualquier particular se presentara a la Justicia reclamando una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

Gigantismo

La Casa Rosada finalmente dio marcha atrás. A media mañana en el Senado ya se sabía que la ley de seguridad vial se debatiría, pero sin el impuesto de 1% sobre las pólizas de seguro destinado a financiar la nueva Agencia de Seguridad Vial, un organismo que, por la cantidad de cuerpos de control y asesores con que contará, ya promete ser gigantesco.

Por la tarde, en la sesión, la marcha atrás fue explicada por el correntino Fabián Ríos -el mismo que un día antes había defendido la inclusión del impuesto en la ley-. Ríos fue quien citó expresamente el pedido de la Presidente y explicó luego otra modificación al proyecto: los senadores incluyeron la prohibición de vender bebidas alcohólicas en las rutas.

Ahora, el problema financierodeberá ser solucionado en Diputados, una vez que trate el proyecto. Allí, tal como adelantó este diario ayer, se incorporará nuevamente el impuesto para financiar el plan se seguridad en el tránsito o directamente se redactará otra ley que debe pasar también por comisiones. Toda una demora.

Peligro

De todas formas, el radicalismo tampoco estaba dispuesto a dejarle pasar la ley al kirchnerismo en el recinto. El pampeano Juan Carlos Marino ya había dicho sobre la inclusión del impuesto «de aprobarse sin modificar estos puntos, podría ser tachado de inconstitucional sin más trámite, no sólo por el impuesto encubierto, sino también porque establece una transferencia a favor de la Nación de parte de los fondos que recaudan los municipios y las provincias por la emisión que hoy hacen de los registros de conducir y, sobre todo, el servicio de aplicación de multas por infracciones que cobran a los infractores».

Ese segundo punto ayer fue obviado, pero traerá más dolores de cabeza al gobierno. Es que en la ley que regulará la emisión de registros de conducir por puntos, aplicación de infracciones y controles en todo el país, se establece también que los municipios y las provincias deberán ceder a la nueva Agencia de Seguridad Vial los derechos que cobran por esos servicios y multas, un punto que no parece haber sido consultado a los intendentes que reciben por esa vía una buen parte de sus ingresos.

«Una ley 'unitaria' como ésta plantea un conflicto con los municipios, que hoy son los que cobran las tasas por emisión de registros y servicios por infracciones, y que ahora deberán coparticipar esos fondos con la Nación», dijo ayer Marino en el recinto que «con esta merma en los recursos de las comunas, la descentralización tan comentada en los discursos políticos se aleja aun más de los siempre perjudicados municipios».

La sensación que quedó en el recinto del Senado fue que ningún intendente había leído bien esa letra del proyecto. De hecho en el Convenio Federal sobre Seguridad Vial, que acompañaba la ley -ya fue ratificado por el Senado hace una semana y Diputados- hará lo mismo hoyaparecenlas firmas de 21 provincias,pero de ningún intendentecuando precisamente son los municipios los que aplican las leyes de tránsito en todo el país y cobran junto a la provincia los derechos de emisión de registros.