El oficialismo defendió el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri, en tanto que desde la oposición advirtieron que las normas serán revisadas por el Congreso.
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"Los DNU son propiedad del presidente. No veo objeciones. Hay diez años de antecedentes que tampoco se pueden desconocer sobre el tratamiento de la Comisión Bicameral en este tema", señaló el diputado del PRO Pablo Tonelli.
El legislador oficialista destacó que "Néstor Kirchner dictó 65" normas de ese tipo "en un año", mientras que Macri lleva 16.
"Los DNU tienen que ser excepcionales, el Congreso con la comisión bicameral ha tenido criterios muy amplios" en su aceptación resaltó Tonelli en declaraciones a Radio El Mundo.
A su vez, el senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, afirmó en diálogo con Radio 10 que "es increíble y absolutamente inconstitucional" la utilización del DNU para modificar el régimen de ART para un proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso.
"No hace falta un planteo en la Justicia porque el próximo jueves vamos a reunir a la bicameral. Es obvio y evidente que este DNU no tiene las condiciones necesarias para ser aprobado", disparó.
En tanto, el diputado Marcos Cleri consideró que "no hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART", a la vez que evaluó que desde el oficialimo "lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias".
"Cada vez que Macri utiliza un DNU es para destruir derechos de los trabajadores", señaló además Cleri, quien ratificó que la oposición buscará en revisar las normas en "la comisión bicameral de seguimiento" de ese tipo de normas.
El diputado por Santa Fe adelantó su posición, al indicar que no se ve la "urgencia" en el dictado de esas normas, que podrían haber sido discutidas por el Congreso, según señaló.
Por su parte el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, le endilgó al Gobierno "un sesgo autoritario" por haber optado por la vía de un decreto, y sostuvo que, "si realmente tenía razones de urgencia", debería haber convocado al Congreso a "sesiones extraordinarias".
"Si realmente consideraba importante, trascendente y tenía razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento. Es un gobierno con un sesgo autoritario", aseveró el legislador, quien entendió que es el propio Poder Ejecutivo el que "está promoviendo la industria del juicio impulsando el DNU".
Los diputados se pronunciaron así luego de que hoy se conocieran tres decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri y sus ministros.
Se trató de una norma que modifica el régimen de ART, otra que cambia el sistema de feriados nacionales y una norma por la que contenedores que se encontraban en la Aduana pasarán al Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el decreto busca que los trabajadores que sufrieron accidentes laborales reciban una contraprestación "de una forma más expeditiva".
El ministro señaló que, en los últimos años, un trabajador tardaba "más de tres años en recibir una contraprestación" a partir de un litigio y "más de 90 días en recibir una audiencia con una comisión médica".
El funcionario dijo que la medida apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" a ese sistema.
Y señaló que en los últimos años hubo "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado". Indicó que eso contribuyó a generar "la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores".
Explicó que los trabajadores "tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno" en las audiencias de las comisiones médicas.
Dijo que ahora "hemos puesto todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda".
"Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores", subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.
Agregó que con ese objetivo "a través de las comisiones médicas, que van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran, le podemos dar más certeza a los trabajadores".
"Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo", aseveró.
Por eso, señaló, la modificación de la ley de ART buscará "que tengan una forma más expeditiva de recibir una contraprestración, que les corresponde en el caso de que hayan tenido un accidente".
En declaraciones a radio La Red, el funcionario agregó que la otra pata será avanzar en la prevención de estos accidentes, un reclamo de la CGT en el que ya empezaron a trabajar.
Consultado sobre si era necesario realizar la modificación mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de esperar la sanción del Congreso, Triaca opinó que "era tan inminente la necesidad de atención" de este problema que se "justifica un decreto".
En ese sentido, sostuvo que en los últimos años hubo un aumento exponencial de litigios por accidentes de trabajo mientras, paradójicamente, los accidentes fueron disminuyendo.
Además, remarcó que "hay más de 4.500 millones de dólares en litigio" por este tema y que impactó de tal manera que las alícuotas que pagaban las empresas pasaron de representar el 1,5 por ciento de su masa salarial al 4 por ciento.
"Todo eso va en detrimento de oportunidades de trabajo", concluyó Triaca, que señaló que la modificación siguió los lineamientos del proyecto que el 21 de diciembre pasado obtuvo media sanción del Senado y fue girado en revisión a Diputados.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y estableció una nueva figura en ese régimen, denominado "Comisiones Médicas Jurisdiccionales".
Según el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, esas Comisiones "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
La decisión de la Casa Rosada tiene como marco el proyecto de ART que logró media sanción del Senado, pero que no fue tratado en la Cámara de Diputados.
Por medio del DNU -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y de sus ministros-se estableció que "una vez agotada la instancia prevista (las Comisiones Jurisdiccionales) las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central".
"El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino", detalló.
Además, el Gobierno explicó que la Comisión Médica Jurisdiccional "deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada, y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos".
"Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", aclaró.
Asimismo, fue creado el "Autoseguro Público Provincial" destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires "puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley N° 24.557, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
Para acceder al Autoseguro, "cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la Ley, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", de acuerdo con lo dispuesto.
El Poder Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades del Sistema de Riesgos del Trabajo, y si bien es preciso conservar sus principales líneas directrices, no es menos cierto que corresponde ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".
"Las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes para aliviar aquella situación, pues no han logrado otorgar a la Ley 24.557 (que creó el sistema de ART) el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible", añadió.
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