Si se suman los $ 11 millones aportados por el Estado para la reconstrucción de la sede de la AMIA a los $ 45.000 pagados a cada una de las 85 familias, el total asciende a unos 14,5 millones. El tema de la compensación económica a las víctimas del atentado por la AMIA fue siempre polémico. Cuando el gobierno de Carlos Menem sancionó el decreto otorgando los $ 11 millones para «reconstruir el edificio y el tejido social de la comunidad», la dirigencia de entonces hizo incluir un artículo en el que se dejaba sentado que eso no implicaba renuncia alguna a futuros reclamos de las víctimas (cabe apuntar que sólo se indemnizó a los deudos, no a los heridos). Llamativamente, los integrantes de Memoria Activa -defendidos por el abogado Pablo Jacoby- renunciaron en su querella de manera expresa a cualquier resarcimiento monetario en relación con el atentado.
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