Cuando parecía que el Congreso podría iniciar unas breves vacaciones esta semana, el kirchnerismo organizó un temario para intentar demostrar hoy que los diputados siguen trabajando.
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Por eso apurarán en el recinto la votación del proyecto de ley que ratifica por tres años la totalidad de toda delegación legislativa sobre materias que en algunos casos exceden la administración o las emergencias y que la Constitución de 1994 ordenó revisar e incluso puso fecha de finalización de esa delegación. Como el proceso de revisión de esas 2.000 leyes está lejos de terminarse, el Congreso viene prorrogando por lapsos de dos o tres años esa orden constitucional. Ahora deben votarla a tiempo antes de que venza el próximo 24 de agosto.
En la misma sesión se aprobará el proyecto de ley que autoriza la salida del país de medios, personal militar y de seguridad «para que participen en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití» -Operativo Minustah-, autorización que también debió tratarse a las apuradas por una demora de la Cancillería en pedir la renovación. La misión actual finaliza el 15 de agosto, y las tropas de refresco deberán viajar, a lo sumo, entre el 12 y el 17 de este mes.
Juzgados federales
Junto con esos temas los diputados quieren sancionar la creación de una serie de juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo, y la de una Cámara Federal de Apelaciones.
También entrará en el temario la ley que obliga a incluir la comisión de las agencias de viajes dentro de la liquidación de los pasajes aéreos y el proyecto de ley que declara la inembargabilidad de las indemnizaciones dispuestas para los ex agentes de YPF.
En realidad, dos de los temas centrales de la sesión serán la votación de la peligrosa modificación a la Ley de Defensa del Consumidor y el tratamiento del acuerdo de renegociación del contrato de concesión de la empresa Ferroexpreso Pampeano, toda una rareza ya que el oficialismo en Diputados se resistió a tratar las renegociaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, dejando que quedaran aprobadas por sanción ficta.
La ley de prórroga de la vigencia de toda la legislación delegada tendrá dictamen hoy, a las 10, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto con el proyecto que impulsa la publicación de todas las leyes secretas.
Un poco más tarde bajará al recinto para tratarse sobre tablas -el kirchnerismo necesita para eso reunir los dos tercios de los votos por no haber transcurrido el plazo reglamentario de siete días hábiles desde la emisión del despacho-, y así evitar que toda esa legislación administrativa que incluye desde la potestad básica de recaudar impuestos hasta la fijación de la política de deuda, «pierda sustento legal», como explicó Juan Manuel Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hasta anoche todos los bloques apoyaban la sanción de la prórroga con excepción del PRO, que presentará hoy un dictamen de minoría.
La historia indica que bajo el régimen de legislación delegada se aprobaron hasta 1994 algo más de dos mil leyes, otorgando potestades al Poder Ejecutivo para llevar adelante tareas que en la Constitución nacional se asignaron como potestadesdel Parlamento. Después de esa fecha, esas delegaciones quedaron absolutamente prohibidas por el artículo 76 de la Constitución, por lo que sólo se autoriza la cesión de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública, y siempre por un plazo determinado.
Plazo
La nueva Constitución estableció en la cláusula transitoria octava que en cinco años el Congreso debería convalidar todas las leyes que continuarían en vigencia incluyéndolas en un digesto y derogar el resto. Sin embargo, hasta ahora se sucedieron tres prórrogas. En 1999, 2002 y 2004, sin que se analizara la cuestión de fondo.
El tema parece una abstracción legal absoluta, aunque no lo es. Básicamente se trata del corazón de la división de poderes y de las funciones que desempeñan el Ejecutivo y el Congreso. Dentro de toda la larga lista de delegaciones al gobierno están la posibilidadde crear entes autárquicos, correos,bancos oficiales, entes impositivos, aduaneros y educativos, así como todas las facultades en materia de servicios públicos que normalmente ejerce el gobierno, pero la Constitución le asignó al Congreso. Es obvio que en un elemental ejercicio de práctica sería imposible pensar que los 257 diputados y los 72 senadores podrían administrar desde los servicios hasta la recaudación. Por eso es que existe la delegación de esas facultades originarias.
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