De la Rúa, como Alfonsín y los militares, dictó estado de sitio

Ante los saqueos en 5 provincias -por hambre y necesidad de algunos participantes, por vandalismo aprovechador de la mayoría- el gobierno dispuso el estado de sitio por 30 días Es la segunda vez en la democracia desde 1983, y ambos casos en gobiernos radicales. El problema que llevó al país a la actual crisis terminal es un mal de las políticas económicas y de los políticos que aun en pleno caos ayer seguían razonando mal, como liberar fondos bancarios sin un plan que evite la quiebra del sistema y traiga alguna confianza frente a un gobierno que la ha perdido totalmente. También echarle la culpa al bonaerense Carlos Ruckauf, que si bien siempre trató de desestabilizar para proyectarse hacia el caos, hizo mucho menos que las imágenes televisivas, por ejemplo. El estado de sitio era así inprescindible. La respuesta al discurso de De la Rúa fue un espontáneo y extendido cacerolazo seguido de piquetes por los vecinos de todos los barrios de la Capital Federal. A medianoche había 7 mil personas concentradas en Plaza de Mayo. Lo malo es que el gobierno no piensa en sus propias renuncias, hoy necesarias, sino en creer que a los 30 días o el día 91 en inmovilización de depósitos algo habrá mejorado sin plan, imagen o cambiar las expectativas con nuevos hombres. Ignorarlo será prolongar la sangría hacia males peores aún que los de ayer. Hubo 6 muertos.

El gobierno envió anoche el decreto que establece el estado de sitio al Congreso aunque pasadas las 21, el presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, no había sido comunicado. La medida que está «ad referendum» del Parlamento tiene una vigencia por 30 días y se incluye para que sea tratada en la sesiones extraordinarias con que convocó el Poder Ejecutivo a senadores y diputados. Al justificar la drástica medida, tanto De la Rúa y sus ministros Chrystian Colombo (jefe de Gabinete) y Ramón Mestre (Interior), hacen hincapié en los actos de violencia colectiva que han colocado al país en un estado de «conmoción interior».

Nuevamente un gobierno radical tuvo que declarar el estado de sitio desde 1983, año cuando se abrió la etapa democrática del país superado los tramos militares que gobernaron por encima de las disposiciones constitucionales. En 1985 y 1989 Raúl Alfonsín, quien siempre renegó de esta medida, apeló a esta medida extrema que restringe libertades y garantías. Ayer Fernando de la Rúa no tuvo otra salida que adoptar este remedio para tratar de contener un estallido social del que se lo informó desde hace tiempo pero al igual que en otras decisiones de gobierno, no se tuvo una prevención adecuada. Carlos Menem se ufanó siempre, en cambio, de que no aplicó este extremo constitucional durante los 10 años de su gobierno pese a que reprimió a sangre y fuego la rebelión carapintada de 1990 que encabezó el ex coronel Mohamed Alí Seineldín y varios altercados de orden público, como los de Santiago del Estero y Río Negro.

Los artículos 23 y 99, inciso 16 de la Carta Magna contemplan esta situación en la que se producen desbordes que amenacen la estabilidad de las autoridades legalmente constituidas. El primero sostiene que «en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará el estado de sitio en la provincia o territorio donde exista la perturbación del orden, quedando suspendidas allí las garantías constitucionales».

Sin embargo, la Constitución no le otorga al presidente facultades extraordinarias o delegadas de los otros poderes ya que le impide durante la suspensión de esas garantías la potestad de «condenar por sí o aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino».

• Conspiración

Esta última parte fue aplicada por Alfonsín cuando en 1985 ordenó el arresto de periodistas, políticos y consultores ante lo que consideró parte de una supuesta conspiración contra su gobierno. Sin embargo, el gobierno de entonces no pudo probar en los tribunales sus acusaciones.

También la Carta Magna le pone límites al presidente al autorizarlo a declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un tiempo limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior -agrega- sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23". El punto es de importancia porque -por canales informales- desde las Fuerzas Armadas se hizo conocer la inquietud de los militares de actuar sólo con el aval parlamentario a la luz de los juicios en los últimos años por presuntas violaciones a los Derechos Humanos que no fueron neutralizados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final revisadas, recientemente, por los jueces que pone de nuevo a los militares al borde del enjuiciamiento masivo.

Este cuadro de situación judicial fue analizado en reuniones informales en cuanta reunión castrense hubo en los últimos dos meses en prevención de estos episodios de desbordes sociales. Ayer, en esos medios, se les atribuía desorientación a la Policías Bonaerense por falta de apoyo político al tener que actuar como primera fuerza de choque en los asaltos a los supermercados. La estrategia represiva tiene tres instancias que comienzan a actuar a medida que van siendo superadas: las policías (provinciales y federal); las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura) y Fuerzas Armadas.

En la Capital Federal y en las provincias afectadas por los disturbios se encontraban acuartelados todos los efectivos policiales al igual que Gendarmería y Prefectura. En el Ejército, los oficiales con responsabilidad de comando recibieron órdenes de no irse a sus domicilios, mientras que en los cuarteles se reforzaron las guardias de rutina. Sin embargo, hasta anoche, en el Estado Mayor Conjunto no se habían registrado denuncias de ataques contra alguna unidad militar.