Algo falla en el sistema político argentino si se considera que, luego de 21 días de paro agropecuario y más de 30 de tregua estéril, el sector más dinámico de la economía ha tenido que volver a la movilización para encontrar algunos primeros voceros -tímidos aún-entre los gobernadores y los parlamentarios. Es decir, entre representantes de provincias cuyo destino y viabilidad económica están en juego en este conflicto.
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Según un estudio realizado el año pasado por la Fundación Producir Conservando y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, el aporte a la recaudación tributaria de los sectores agropecuario y agroindustrial sumados representó 44% del total de los recursos del sector público. Es evidente que no existe un correlato entre esta contribución de los productores rurales y la representación de sus intereses en los estamentos que componen el poder de decisión a nivel nacional, provincial y municipal.
Por años, la Argentina ha protestado duramente y con razón por los elevados subsidios que tanto Estados Unidos, como Europa y Japón asignan a sus agricultores, limitando nuestro acceso a sus mercados y falseando la competencia a nivel internacional. Uno de los más acérrimos defensores de esa política fue siempre el gobierno francés y cuesta entender tanta consideración con un sector agrícola que representa apenas 3,5% de la población total en ese país, altamente industrializado además. La de Francia casi parece la situación opuesta a la de la Argentina, donde la única política gubernamental hacia uno de los sectores que más contribuyeron a la recuperación económica es la exacción tributaria. Pero la sensibilidad del gobierno francés frente a la «cólera campesina», como la llaman, tiene una explicación políticoinstitucional. El Senado francés, integrado por 331 legisladores, es elegido por sufragio indirecto a través de colegios electorales integrados por los concejales municipales, los consejeros departamentales y regionales, y todos los diputados. En total, unos 150.000 electores. El sistema vuelca entonces el fiel de la balanza en favor del mundo rural o semirrural, en un país que les da estatus comunal incluso a asentamientos de 15 o 20 familias.
Hasta la última comuna agrícola tiene al menos un representante en el colegio electoral, lo que da una proporción por habitante muy superior a la de los grandes conglomerados urbanos. Esto explica por qué muchos senadores declaran la profesión de «agricultores» o « productores agropecuarios».
Es el caso de Roland Du Luart, presidente del grupo interparlamentario de Amistad Francia-Argentina, productor agrícola y forestal de la región del Loira, en cuyo entorno se comenta en forma reservada que les cuesta entender el poco oído que el gobierno kirchnerista le ha prestado a la voz del campo y mucho menos el anunciado «plan de lucha» de piqueteros oficialistas contra las entidades agrarias.
Facultades
El Ejecutivo argentino pudo darse hasta ahora el lujo, costosísimo para el país, de desoír los reclamos del sector que hoy define la inserción de la Argentina en el nuevo escenario global, sin que el Parlamento o los poderes provinciales cumpliesen su rol de contralor.
El principal motivo es la cesión de facultades legislativas -superpoderes-al Ejecutivo en nombre de una crisis que ya quedó en la historia y con el solo fin de satisfacer la vocación autocrática del matrimonio presidencial. Incide también la pérdida de poder político que sufrieron las provincias tras la eliminación del colegio electoral para la elección de presidente de la Nación, mecanismo de sufragio que contrarrestaba en parte el peso electoral de los grandes distritos.
Por este estado de cosas, el paro rural ya no es por un punto más o menos de retenciones, como empiezan a expresar sus referentes, sino que constituye una discusión política por el modelo de país al que el sector aspira y ha colocado a gobernadores y legisladores ante una disyuntiva de hierro: o se resignan al rumbo unitario y autocrático presente o se suman al fortalecimiento de las instituciones para reconstruir un verdadero sistema republicano y federal.
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